“Dígale a Jorge Díaz que va a morir en la calle”, dijo una voz de hombre al teléfono el sábado de noche a un guardia policial de la nueva sede de la Fiscalía General de la Nación, según informó ayer el diario El País. El hombre se presentó como integrante del Comando de Restauración Nacional. Inteligencia policial está investigando el caso. Según explicaron fuentes del Ministerio del Interior (MI) a la diaria, el llamado es “rastreable” y se estaba procurando encontrar al responsable.

Si bien el hombre no explicitó el motivo de la amenaza, rápidamente se asoció la advertencia con la postura que tiene el fiscal de Corte Jorge Díaz en materia de derechos humanos. Por ejemplo, Díaz cuestionó la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que consideró que los crímenes de la dictadura no son delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son prescriptibles. La sentencia benefició al militar retirado José Gavazzo. “La jurisprudencia de la SCJ no aplica la Convención Americana de Derechos Humanos y no cumple con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sostuvo Díaz a fines de octubre.

Esta postura de Díaz fue cuestionada la semana pasada por el Centro Militar, que nuclea a militares retirados. En una carta enviada al semanario Búsqueda, los militares destacaron que la sentencia de la SCJ “refleja una restauración del espíritu y de la letra de leyes que la República se dio en pleno ejercicio de su soberanía, a la vez que consagra una reparación de las fisuras creadas en el Estado de derecho por parte de quienes creen que las normas deben ser funcionales a un determinado discurso político, para ser utilizadas en campañas de ocasión, serviles a sectores o partidos que consideran que las instituciones son menos relevantes que sus proyectos estratégicos”. Al mismo tiempo, cuestionaron que Díaz, en lugar de “celebrar que la norma constitucional recuperó su imperio y los principios generales de derecho, luego de tantos desvíos y subalternas manipulaciones, prefirió alinearse en la dirección contraria y convertirse en uno más de los que sufren por este impecable fallo que lleva a su cauce la normalidad de los procedimientos judiciales”. El Centro Militar ha estado comunicativo en estos días. La semana anterior acusó al presidente Tabaré Vázquez de violar la ley por autorizar al MI a desestimar la opinión del Servicio de Material y Armamento del Ejército e importar 750.000 balas semidescamisadas.

Metodologías distintas ​ El nombre del supuesto “comando” que realizó la amenaza es nuevo y no fue escuchado antes por activistas por los derechos humanos, aunque el concepto de “restauración nacional” está asociado en varios países con movimientos de tendencias fascistas. En Uruguay, antes de la dictadura, existió un Movimiento de Restauración Nacional, integrado por militantes del Partido Nacional de extrema derecha.

En el MI consideran muy improbable la hipótesis de que estas amenazas estén vinculadas con las que sufrieron en febrero de este año Díaz y otros gobernantes y activistas en defensa de los derechos humanos –entre ellos, el abogado Pablo Chargoñia, la académica Francesca Lessa y el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez– por parte, en aquella instancia, del autodenominado Comando Barneix. El nombre Comando Barneix también resultó novedoso en su momento. “El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”, amenazaba el “comando”, e incluía a continuación los nombres de 13 personas.

La amenaza de este fin de semana a Díaz fue una llamada telefónica “rastreable”, según el MI, mientras que la amenaza del Comando Barneix fue bastante más sofisticada, al punto de que hasta hoy no se sabe quiénes fueron los responsables. En aquella instancia se utilizó la plataforma TOR, que protege a quien envía el mensaje porque simula que la comunicación fue enviada desde un servidor que no fue el que la mandó efectivamente. La jueza del caso del Comando Barneix, Julia Staricco, dijo a la diaria que la causa está todavía en presumario porque aún no se pudo rastrear el servidor desde el que partió la amenaza.

Díaz recibió ayer el respaldo de dirigentes de todos los partidos políticos en las redes sociales, y también del relator especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, Edison Lanza. “Toda mi solidaridad con @fiscaldecorte Jorge Díaz amenazado de muerte por defender derechos humanos. No alcanza con condenar: estado debe identificar y sancionar a los autores, si no, bandas criminales se apoderan del estado de Derecho”, escribió Lanza.