Una delegación de autoridades de OSE compareció ayer ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes por los reclamos planteados por funcionarios de la Unidad de Gestión Desconcentrada (UGD) de Maldonado y el sindicato de trabajadores tercerizados de la empresa estatal, que aducen que sus derechos laborales no son reconocidos. El diputado suplente Carlos Coitiño dijo a la diaria que las respuestas “no fueron positivas” pero que las autoridades “explicaron sus fundamentos”.

La UGD, que administra el servicio de agua potable en Maldonado, fue creada luego de la reforma constitucional del agua, durante el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez, para finalizar con mayor agilidad las obras de saneamiento en el departamento. A mediados de agosto, la asociación de funcionarios de la unidad recurrió a la comisión. En ese entonces, el delegado Gerardo Delfino contó que UGD fue creada cuando se fue la empresa española Uragua, como “una especie de parche” para mantener a los empleados, que no podían pasar al ámbito público.

La abogada del gremio, Gabriela Alonso, dijo que “para parte de la doctrina son funcionarios públicos, dado que prestan servicios al Estado, pero no están en igualdad de condiciones con ellos”. Los trabajadores tercerizados tienen contratos anuales, lo que hace más inestable su situación laboral, pero además “no cobran lo relativo a zonas balnearias, que sí cobran los funcionarios públicos de OSE que trabajan en la UGD”. Tampoco son funcionarios privados, porque no tienen derecho al salario vacacional, algo que, dice Alonso, los deja en una situación “bastante complicada y de desigualdad”.

A su entender, la solución es ir por la inconstitucionalidad del artículo 32 de la Ley 17.556. No obstante, dijo que los funcionarios “necesitan buscar un respaldo antes de actuar, para saber dónde están parados”. Los trabajadores plantearon su inquietud al directorio de la OSE y luego en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero en los dos ámbitos la respuesta fue que debían dirigirse al Parlamento, porque “es el ámbito en el que se puede modificar” la ley.

Coitiño contó que la directiva de OSE dijo “compartir la preocupación de los trabajadores de la UGD”, pero que, al mismo tiempo, sus integrantes entienden que se trata de “un problema de carácter legislativo” por “cómo se establece la forma de contratación”. La comisión no tiene todavía una posición sobre el tema, pero el diputado dijo que se procurará “atenderlo por la vía parlamentaria”.

Por otro lado, la comisión había recibido el 7 de noviembre a trabajadores tercerizados del sector de tomaconsumo de la zona del Cordón, que denunciaron la “vulneración de sus derechos básicos”, que se profundiza con los cambios introducidos en la nueva licitación por la que serían recontratados (la 17.580), en comparación con la 15.613, que rige actualmente su tarea. Uno de los puntos “que más preocupan” refiere al número de trabajadores que se contrata: actualmente son 75 empleados y la nueva licitación abreviada propone contratar a 60.

Por otro lado, Richard Ferreira, uno de los integrantes del sindicato, sostuvo que a lo largo de sus cinco años de trabajo ha sufrido una rebaja salarial, porque “al cambiar la licitación, si cambia la empresa, no se reconoce la antigüedad laboral”, lo que les genera una “desprotección total”.

Otro punto de vulnerabilidad, mencionado por otro dirigente sindical, Sebastián Castro, es el período de contratación: “Antes nos contrataban por 12 meses, con una posible extensión por 12 más, mientras que en la licitación actual el período de contratación es de nueve meses”, explicó. La sindicalista Paola Cuadro hizo referencia también a la “burocracia” asociada a los trámites de licitación, que implica que tengan que hacer todos los trámites de nuevo, “como si no nos conocieran”. En tanto, el dirigente Wilser Chaine, dijo ante la comisión que se estaban negociando las condiciones de trabajo y protocolo de seguridad cuando “sale esta nueva licitación”, en la que OSE “ya impone las condiciones directamente en el pliego”. Castro denunció asimismo el sistema de tercerización como organización del trabajo: “No tengo los datos oficiales, pero el sindicato de OSE maneja que mientras que nosotros percibimos aproximadamente 800 pesos nominales por día, por jornal, la empresa se lleva unos 2.700”.

Sostienen que solicitaron una reunión con el directorio, pero que no los reconocen [al Sindicato Único de Trabajadores Tercerizados de OSE (SUTTOSE)] como organización por “no tener relación laboral con el ente”; ellos, en cambio, afirman que “la relación laboral existe”.

Ayer, el directorio de OSE dijo en comisión que “están trabajando” en un cambio en la forma de controlar el consumo de agua por parte de los contribuyentes, de manera de “aprovechar el avance tecnológico” y prescindir de los recursos humanos para esta tarea, lo que “solucionaría el problema”, pero Coitiño estableció que “no especificaron el tiempo que necesitarán para implementarlo ni cuáles serían las etapas de transición”.

El directorio explicó que la decisión se basa en “no compartir” el “camino histórico de tercerizaciones” que ha tomado la empresa estatal, y también se encuentra en la línea de “una mirada estratégica a futuro”. Su plan consiste en que “todo el personal sea presupuestado”, dijeron, y como ejemplo expusieron el reciente llamado a 214 cargos para nuevas áreas de la gestión, de carácter permanente.

Coitiño recordó que está a consideración de la comisión un proyecto que “toma el tema” de las tercerizaciones, que consideró “un problema de dimensión nacional”. “Necesita un examen, porque hace a las relaciones de trabajo”, dijo, y agregó que cada vez hay “más trabajadores afectados”, porque “la tercerización debilita la propia relación de trabajo”, lo que se expresa en situaciones como las mencionadas.

Según el diputado oficialista Daniel Placeres, existen “más de 120.000 trabajadores tercerizados en los organismos del Estado”.