El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, concurrió ayer a la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores citado por el nacionalista Javier García. La cita se enmarca en la investigación de la compra de balas expansivas, un tipo de munición cuya adquisición no fue habilitada por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) pero que, luego de comprado, fue permitido por un decreto de Presidencia de la República.

Según explicó García a la diaria, la compra de armamento por parte del Ministerio del Interior (MI) debe ser autorizada por el MDN. En ese contexto, a fines de 2015 el MI solicitó la compra de seis ítems entre los que estaban las balas expansivas –denominadas así porque al ingresar al cuerpo se fraccionan y dispersan–. En abril de ese mismo año el MDN autorizó la compra de cinco de los ítems, entre los que no estaban contempladas estas municiones. García afirmó que, al momento de la compra, el MI igualmente adquirió estas balas y las ingresó al país mediante la aduana de Rivera. Luego, el 5 de diciembre de 2016, Presidencia emitió el decreto Nº 445 en el que habilita, en su artículo 15, el uso exclusivo de este tipo de balas por parte de la Policía Nacional.

“Hay documentaciones que prueban que todo el proceso de ingreso en ese momento de las municiones, que eran más de nueve toneladas, fue hecho de forma ilegal”, afirmó García. El senador del Partido Nacional sostuvo que durante la comparecencia Bonomi “dijo que era una cosa casi normal” y señaló: “Si es normal, ¿por qué casi cinco meses después el presidente de la República tuvo que emitir una resolución presidencial para autorizarlo en forma excepcional?”. Agregó que “la propia asesoría jurídica de Presidencia de la República coincidió con el MDN en que era ilegal”.

Consultado sobre la justificación de comprar este tipo de municiones, García dijo que él no discute “si está bien o está mal”. “Lo que estamos discutiendo es si el MI puede ingresar al país lo que cree que es oportuno, contraviniendo las normas legales. Ningún ciudadano puede ingresar lo que quiere, por más que crea que es oportuno”, agregó.

Sin embargo, existe la preocupación sobre la utilización de este tipo de municiones. Mariana Mosteiro, socióloga e integrante del Servicio Paz y Justicia, dijo a la diaria que hay distintas aristas por donde abordar la inclusión de estas balas al haber armamentístico nacional. En referencia al decreto, Mosteiro indicó que “más allá de las fuerzas de seguridad, la población civil accede a esas armas, y ese es uno de los grandes problemas”. Además, agregó que “el problema en términos simbólicos es lo que se traslada al resto de la sociedad; como hay mayores niveles de conflicto social –que ni siquiera es denominado así, sino pura y exclusivamente ‘inseguridad’– se habilita a utilizar ese tipo de munición que, además de tener otra peligrosidad, da la pauta de que hay que armarse más, porque el conflicto es más grande”. A esto se suma que “con una Policía que no ha cambiado su formación estructural ni su cultura policial, esto es el ensanchamiento de un sistema policial que en general va en detrimento del Estado de derecho”.

El MI dice que compra este tipo de balas porque la Policía se desplaza en un ambiente urbano en el que hay obstáculos en los que los proyectiles convencionales pueden rebotar y herir a ajenos al conflicto. Mosteiro resaltó que “es una contradicción en sí misma decir que una munición puede ser más segura”. “Una bala cuando entra y sale tiende a no generar tantas hemorragias internas; cuando queda adentro de la persona suele ser más complejo”, explicó.

La socióloga también se refirió a lo que García apuntaba como agravante de la compra de estas municiones, pero desde otro ángulo. “A Uruguay le encanta ratificar tratados internacionales –que además deberían adquirir un supraderecho, en términos de que debería pesar, en algunos casos, más el derecho internacional que el nacional–, pero se suscribe a esos tratados para después no cumplirlos”, destacó. Agregó que “estamos inscritos en acuerdos extremadamente esenciales en términos de derechos humanos, pero el problema es que después no podemos cumplir con esos mismos tratados y es muy difícil también poder denunciar estos incumplimientos”. Y el incumplimiento, dijo, no se genera “sólo en términos de voluntad política, sino en términos pragmáticos de aplicación y control de esas leyes”.