El Centro Dr. Jacobo Zibil, ubicado en el centro de la capital de Florida, “la primera institución que se creó en Uruguay para atender chicos discapacitados” para su “habilitación, rehabilitación e integración”, corre peligro de no poder continuar funcionando como tal, por estar atravesando una delicada situación económica. En diálogo con la diaria, la presidenta de la institución, Beatriz Carriquiry, explicó que de no conseguir 10.000 dólares en los próximos días, se corre peligro de no poder pagar los salarios de los funcionarios ni afrontar otros gastos. Para diciembre el panorama es aun más crítico, ya que se necesitarían 30.000 dólares.

El centro atiende a 51 personas en convenio con el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y a casi 50 cuya atención paga el Banco de Previsión Social (BPS); las edades oscilan actualmente entre un año y 58. Según Carriquiry, hay un equipo de trabajadores conformado por psicólogo, psicomotricista, psicoterapeuta, maestras especializadas, asistente social, dos secretarios, una directora y dos choferes, “ya que a los chicos se los va a buscar a su casa, se los trae al centro y se los vuelve a llevar”, explicó. Por eso también hay una camioneta, para cuyo funcionamiento, en años anteriores, “recibíamos vales de nafta de ANCAP, pero este año no nos llegó nada”, agregó.

La institución es gestionada por la asociación civil APDF (Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado de Florida) desde 1983, cuando empezó a funcionar en una casa prestada por la viuda del médico floridense Jacobo Zibil. En el centro, las personas atendidas –en su amplia mayoría, niños y jóvenes– reciben “la atención y la terapia indicada por la institución que los deriva” (INAU o el BPS), aunque también hay casos “judicializados”. “Cuanto más chiquitos empiezan, más posible es la rehabilitación. Empezamos con la estimulación temprana, y en la medida en que van creciendo, les damos la estimulación acorde a la edad”, contó Carriquiry.

Las dificultades

La presidenta de la institución dijo que el pago que reciben del INAU y el BPS por cada persona atendida “no cubre las necesidades” del centro: “Recibimos unos 700.000 pesos, y el gasto en general se acerca más al millón de pesos, entre sueldos y otros gastos”, señaló. También ingresan al centro unos 30.000 pesos mensuales provenientes del aporte de los socios y los “padrinos”, pero además “hay un tambero que nos da la leche, un abasto que da la carne, todo donaciones; el Mides [Ministerio de Desarrollo Social] nos entrega una canasta de productos no perecederos, pero todo lo perecedero hay que comprarlo. Los panaderos de Florida se organizaron y nos hacen llegar el pan que nos hace falta. Hay más o menos unas 25 personas que comen todos los días en el centro”.

Carriquiry explicó que, en materia de salarios, el INAU entrega una partida que se fija al principio del año, y que la institución estatal pide que “más de 70% de lo que te aporta no lo inviertas en salarios, lo que es muy difícil, porque la plata que nos da no nos alcanza, ya que los Consejos de Salarios nos obligan a un pago mayor de sueldos”. Según la presidenta, los trabajadores cobran por el laudo del Grupo 20, de “Entidades gremiales, sociales y deportivas”.

Otra de las estrategias para captar recursos entre la sociedad floridense fueron las “telerradiomaratones”. La de 2008, por ejemplo, sirvió para adquirir una camioneta nueva para el traslado de los beneficiarios. “Se recaudaba un millón y pico de pesos; manejando eso y una partida anual de 700.000 que viene de Presidencia, se iba buscando equilibrar. Pero en la telerradiomaratón de este año no se pudo juntar la plata que esperábamos, y ahora tenemos un déficit enorme”, afirmó Carriquiry.

La semana pasada, aprovechando la visita de la vicepresidenta Lucía Topolansky a Florida, Carriquiry y un grupo de funcionarios y padres del centro le entregaron una carta en la que exponían la situación. “Para nuestra sorpresa, ella conocía el centro y algo de nuestra situación económica, y se comprometió a hablar con Julio Bango [secretario del Sistema Nacional Integrado de Cuidados] para tratar de encontrar una solución al tema”, contó la presidenta del centro. “Tenemos esperanza de salir adelante. En este momento la institución no tiene deudas con lo que es oficial ni con particulares, pero si no conseguimos el dinero en estos días, se va a afectar el funcionamiento del centro. No en la calidad de la atención, pero sí el funcionamiento en general”, concluyó Carriquiry.

El diputado por Florida Carlos Rodríguez informó a la diaria que tras entrevistarse con la dirección del centro hizo gestiones ante el Ministerio de Salud Pública para que se haga cargo de pagar algunas horas de los técnicos que atienden a los beneficiarios del centro.

En tanto, según pudo saber la diaria, la asociación civil tendrá una asamblea en los próximos días para discutir alguna otra solución que fue planteada en las entrevistas mantenidas con autoridades y legisladores. Una de ellas es la posibilidad de utilizar un predio en el que, en convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se había comenzado a construir un nuevo edificio para el centro; sin embargo, cuando cambió la dirección de la institución, la obra se detuvo.