Ayer comenzó a funcionar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que deja atrás el proceso inquisitorio dirigido por un juez y dispone un proceso acusatorio, liderado por los fiscales, que implica audiencias orales y públicas. Según información que divulgó la Fiscalía General de la Nación, a media tarde de ayer el sistema había recibido 336 denuncias por delitos en todo el país, que desde ayer la Policía comunicó directamente a los fiscales (145 en Montevideo, 66 en Canelones y el resto en otros departamentos), y se habían solicitado dos audiencias de formalización.

Hubo algunos inconvenientes en el primer día de puesta en marcha, como una falla en el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio del Uruguay, que centraliza la información entre la Policía, fiscales y jueces y no funcionó de noche.

Otra dificultad añadida fue que el nuevo CPP comenzó a funcionar con un paro de 24 horas de los funcionarios judiciales. Si bien la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) no tiene una postura definida sobre el nuevo CPP, en octubre el gremio ya había manejado la idea de hacer un paro de 24 horas el día en que la reforma se comenzara a aplicar para, de forma simbólica, denunciar que sigue vigente el conflicto de los funcionarios judiciales contra el Poder Ejecutivo, por el aumento salarial que entienden que deberían haber recibido tras la ley presupuestal 2010-2014. “Nuestro conflicto no está resuelto y se pone en práctica una reforma procesal de esta entidad”, marcó Sandino Schiavone, dirigente de AFJU, quien además enfatizó que la reforma se hizo sin que se haya aumentado el presupuesto al Poder Judicial.

Luego, informó Schiavone, se sumaron otras circunstancias que motivaron la medida, si bien la intención, remarcó el dirigente, “no es entorpecer la puesta en marcha del código”. “Los trabajadores de la materia penal teníamos el compromiso de la Suprema Corte de Justicia de que por la puesta en práctica del CPP no tendríamos un menoscabo de salario, y eso se ha cumplido parcialmente”. Según explicó el dirigente, los funcionarios del área penal recibían un viático por alimentación, de entre 200 y 300 pesos, por los diez días al mes que les tocaba estar de turno y debían cumplir un horario extendido, de 8.00 a 22.00, que a fin de mes significaba entre 2.000 y 3.000 pesos más sumados al sueldo. “Eso ahora se pierde. Es cierto que los trabajadores van a tener un horario acotado y normal, pero estaban habituados a ese ingreso y lo tenían a fin de mes”, acotó Schiavone. Por otra parte, desde el área penal los funcionarios reclaman que las condiciones edilicias “no son las adecuadas para que comience a regir el CPP”.