La Asamblea General designó ayer la comisión especial del Parlamento que recibirá las postulaciones a integrar el Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), organismo de control de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La comisión estará integrada por los legisladores Marcos Carámbula, Mónica Xavier, Macarena Gelman, Pablo González y Carlos Varela en representación del Frente Amplio; Álvaro Delgado por el Partido Nacional; Pedro Bordaberry por el Partido Colorado; Pablo Mieres por el Partido Independiente, y Eduardo Rubio por Unidad Popular.

Según explicó en sala la miembro informante de la resolución, Macarena Gelman, el receso parlamentario que empieza el 15 de diciembre suspende los plazos establecidos en la ley para designar el CCA. Por lo tanto, la etapa de recepción de postulaciones, que es en los próximos 15 días hábiles, se extenderá entre hoy y el 15 de diciembre y entre el 1º y el 12 de marzo. Una vez recibidas las postulaciones, la comisión tendrá 30 días para escuchar las propuestas de los candidatos y otros 30 días para proponer cuatro candidatos a integrar el CCA, que deberán ser designados por dos tercios de votos de la Asamblea General. El restante candidato debe designarlo el Poder Ejecutivo, y aún no lo ha hecho.

La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), que nuclea a organizaciones sociales, sindicales y académicas vinculadas al tema, había presentado al Parlamento una petición para que los legisladores designaran a la comisión que lo estudiará. La CCD presentará como candidatos a integrar el organismo a Gabriel Kaplún, docente de la Facultad de Información y Comunicación; a Paula Baleato, de la agencia Voz y Vos; y a Daniel Lema, presidente del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo).

Esta semana, tanto la Institución Nacional de Derechos Humanos como Cainfo expresaron su preocupación por la demora del Poder Ejecutivo en aplicar integralmente la ley de medios. Además de la designación del CCA, el Ejecutivo tiene pendiente la reglamentación de la ley, aprobada en 2014. “La no aplicación integral de la Ley SCA es un retroceso en los procesos de democratización de las comunicaciones que tuvieron lugar en Uruguay durante los últimos años”, cuestiona Cainfo en un comunicado difundido ayer.