“La mayor inversión privada en la historia de Uruguay”. Así presentó Álvaro García, director de la Oficina de Planteamiento y Presupuesto (OPP), el proyecto de UPM, que ayer finalizó la primera fase de un proceso de negociaciones de un año y medio con la firma del contrato entre la empresa finlandesa y el gobierno. García destacó que en caso de concretarse la construcción de la segunda planta de celulosa de UPM en Uruguay, “permitiría un crecimiento permanente de más de 2% del Producto Interno Bruto” (PIB) y un aumento de las exportaciones “de 1.000 millones de dólares anuales”. Además, traería una recaudación en concepto de tributos de cerca de 120 millones de dólares por año.

Más adelante, el director de la OPP siguió tirando números: “Se crearía un estimado de cerca de 8.000 puestos de trabajo que son directos, indirectos e inducidos por la propia actividad que genera la planta y toda la cadena, que implica alrededor de 200 millones de dólares anuales para salarios de trabajadores”. Agregó que habrá “más de 600 empresas locales beneficiadas”, con un crecimiento estimado del PIB per cápita “en la zona de influencia donde se va a ubicar la planta” de entre 10% y 15%, y un crecimiento de 10% en la producción de energía renovable del país.

“Esto implica la consolidación del complejo forestal maderero celulósico, que en la estructura económica nacional es un cambio importante. Esto también abre las puertas a la investigación científica para diferentes usos de la celulosa. Y el impacto en la zona centro y noreste del país es extremadamente importante, y fue parte fundamental del proceso de análisis a la hora de llevar adelante estas negociaciones”, indicó García.

La firma del contrato se hizo en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, con la presencia de representantes de UPM y altos jerarcas del gobierno: Danilo Astori, ministro de Economía y Finanzas; Carolina Cosse, ministra de Industria, Energía y Minería; Eneida de León, ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; Ernesto Murro, ministro de Trabajo y Seguridad Social; Víctor Rossi, ministro de Transporte y Obras Públicas; y Tabaré Aguerre, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca.

La gacetilla de UPM que circuló por la conferencia de prensa informó que el gobierno “desarrollará la red ferroviaria y de carreteras mediante una licitación a largo plazo para la construcción y el mantenimiento de la red”, y la inversión total por parte del gobierno será de cerca de 1.000 millones de dólares. “Esta inversión es necesaria para permitir el establecimiento de una infraestructura logística eficiente en el interior profundo”, señalaba el comunicado, y agregaba que el gobierno también promoverá “la concesión de una terminal especializada en celulosa con acceso ferroviario en el puerto de Montevideo para garantizar una salida confiable y competitiva a los mercados de exportación”.

Jaakko Sarantola, vicepresidente senior de Desarrollo de Negocios de UPM en Uruguay, informó en la conferencia de prensa que la planta se ubicaría en Durazno, a unos cinco kilómetros aguas abajo de la ciudad de Paso de los Toros y Pueblo Centenario; no obstante, esa locación “está sujeta a las aprobaciones necesarias”. La planta tendría una capacidad anual de cerca de dos millones de toneladas de celulosa de Eucalyptus de mercado y el costo preliminar de inversión para su construcción sería de aproximadamente 2.000 millones de euros.

Para que la empresa se establezca, el gobierno le deberá otorgar una zona franca. El resumen del contrato entre UPM y el gobierno dice que “el canon anual de zona franca que pagará UPM será de 2.100.000 dólares en caso de que la producción sea menor a 2.000.000 de toneladas por año y de 3.500.000 dólares si la producción es igual o mayor a 2.000.000 de toneladas por año”. Además, “se pagará un canon anual adicional de 3.500.000 de dólares durante los primeros 20 años”.

UTE y UPM también firmaron un memorando de entendimiento “con el objetivo de negociar un contrato de compra y venta de electricidad por 20 años”. UTE “acordaría comprar todo el exceso de energía de la planta de celulosa de UPM hasta 1TWh por año a un precio definido de 72,5 dólares/MWh”. “UPM estaría autorizada a vender cualquier cantidad excedente de electricidad en el mercado spot nacional o mercados de exportación en Brasil o Argentina”, según indica el resumen del contrato publicado en el sitio web de Presidencia.

Por último, Sarantola señaló que UPM consideró reinvertir en Uruguay por su “fuerte estabilidad política y social, tradición democrática basada en políticas gubernamentales transparentes, disponibilidad, crecimiento y calidad de la madera uruguaya”. También por los “adecuados niveles de educación y promoción del régimen de zona franca para la segura competitividad en mercados internacionales”.