La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) presentó el 6 de noviembre el anteproyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos. La norma busca minimizar la cantidad de basura que se desecha, darle valor a lo que se recicla, mejorar los sitios de disposición final en todo el país, crear un plan nacional y planes departamentales de gestión de residuos, y formalizar el trabajo de los clasificadores. Para todo esto prevé la creación de impuestos para desestimular el uso de algunos productos y alentar el de otros; se parte del supuesto de que “todo generador de residuos será responsable de su gestión, correspondiéndole la asunción de costos”.
En junio de 2016 la Dinama convocó a la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (Cotama) para conformar un grupo de trabajo que estudiara un borrador de proyecto de ley de residuos. Se había propuesto tener el proyecto redactado en diciembre de 2016, pero en ese momento recién se terminaron de recoger los aportes de la Cotama; llevaron casi un año entero la negociación y los múltiples ajustes conversados con otros actores, como organismos públicos nacionales, intendencias, cámaras empresariales, sindicatos. El 1º de noviembre la Dinama le presentó a la Cotama el borrador, y hasta el 8 de diciembre, por medio del correo electrónico [email protected], esta dirección recibe comentarios y sugerencias.
Integralidad
El texto asigna al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) la competencia nacional en la materia y define las competencias departamentales. Incorpora el criterio de gestión, habla de visión sistémica (considerando variables ambientales, sociales, culturales, económicas y tecnológicas de los residuos) y de que la gestión debe tender hacia un modelo integral, que contemple todo el ciclo de vida de los productos, desde su diseño. Insiste en considerar a los residuos como bienes capaces de generar valor y empleo. Se priorizará minimizar la generación de residuos, por ejemplo, mediante el “uso de productos más duraderos y adecuadamente diseñados” y “la utilización de envases retornables”; lo que no pueda no desecharse, se buscará reusar o reciclar, y se valorizará lo que se deseche. Al mismo tiempo, se “estimulará el desarrollo de un mercado de productos derivados de los materiales reciclables”. A nivel domiciliario también se propone disminuir la generación de residuos, hacer una “segregación en origen” y aportar a la “recolección selectiva”, buscando uniformizar los diversos esquemas de recolección selectiva que funcionan a nivel nacional. Se abre la posibilidad de regionalizar la gestión de los residuos domiciliarios, es decir, compartir sitios entre diferentes departamentos, y se promoverá la reducción del número de sitios de disposición final, y sustituir viejos vertederos por rellenos sanitarios. Se prevé crear un plan nacional y planes departamentales de gestión de residuos; los planes elaborados por los gobiernos departamentales deben estar alineados con el plan nacional, para lo que contarán con el apoyo del MVOTMA y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
El anteproyecto tiene un capítulo destinado al ordenamiento de la cadena de reciclaje. Para eso, quienes participen en la obtención y comercialización de materiales para reciclaje, así como en la comercialización y distribución de productos reciclados, deberán estar formalizados y registrados. La inclusión de los clasificadores conforma otro gran capítulo, y es un punto fuerte de la ley; se prevé que los procesos “de inclusión social, laboral y productiva” se desarrollen en un período de diez años (prorrogable a 15 años); el Estado se compromete a desarrollar mecanismos de acompañamiento social y la capacitación para los clasificadores, que deberán estar registrados. El Fondo para el Desarrollo (Fondes) apoyará la conformación de cooperativas autogesionadas de clasificadores y, para lograr la formalización, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional también desarrollará programas y asistencia técnica. El Poder Ejecutivo estimulará a empresas privadas asociadas a la gestión de residuos para que contraten clasificadores, y los organismos públicos priorizarán, a la hora de licitar servicios de recolección de residuos, la incorporación de servicios brindados por clasificadores.
El texto enumera un listado de “residuos especiales”, entre los que se incluyen residuos de envases y embalajes, baterías y pilas, residuos electro-electrónicos, neumáticos en desuso, aceites usados, vehículos en desuso y “otros que establezca el Poder Ejecutivo”; sólo podrán fabricar o importar esos productos quienes formen parte de un registro del MVOTMA. Otros productos pasarán a tener Impuesto Específico Interno (Imesi): las bandejas descartables y las bolsas plásticas se gravarán con una tasa de hasta 1.000%, el film plástico como embalaje tendrá una carga de 20%, envases no retornables y productos electro-electrónicos serán gravados con 5% más. Con lo que recaude el Imesi por esos productos se financiarán programas públicos de recolección selectiva, clasificación y valorización de materiales posconsumo, dice el texto. Se creará un fideicomiso para financiar la gestión de los residuos especiales, que estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la OPP, el MVOTMA y el Congreso de Intendentes (CI). Por otra parte, se crea un Impuesto a la Disposición Final de Residuos, que gravará a los generadores de residuos con el objetivo de disminuir los desechos; será gestionado por la Dirección General Impositiva y será recaudado primariamente por los prestadores de los servicios de disposición final de residuos.
Opiniones
En diálogo con la diaria, Alejandro Nario, responsable de la Dinama, valoró la apuesta por la clasificación de materiales, la segregación en origen y la valorización de los residuos. Destacó el proceso de formalización por “discriminación positiva”, puesto que “todo nuevo puesto de trabajo que genere esta ley va a priorizar la inclusión de quienes estaban trabajando en la basura”. Mencionó que el sistema actual “es muy dependiente del precio de los materiales”, y que por eso este proyecto apuesta a que se cobre por un servicio, y que ese cobro no esté atado al precio de los materiales. Eso permitiría que los productos se sigan reciclando aunque valgan poco, en lugar de acopiarse hasta que vuelva a subir el precio de mercado.
Respecto de los impuestos, comentó que el Impuesto de Disposición Final “es una herramienta ambiental, no es un impuesto recaudatorio”, y aclaró que “hoy no está previsto utilizarlo para ningún material”, aunque se deja abierta la posibilidad para, por ejemplo, gravar materiales que no son reciclables o biodegradables y alentar, así, el uso de envases biodegradables. Defendió el Imesi, y el concepto de que “el que contamina paga”, y aseguró que “nada de esto va a tener impacto sobre la inflación ni mucho menos”, porque son “valores muy menores” que, en grandes volúmenes, permiten el ingreso para implementar las acciones pensadas.
El texto ya tiene el aval del CI, que recibió de buena manera la posibilidad de contar con fondos nacionales para la gestión de residuos. En diálogo con este medio, Alejandro Bertón, de Gestión Ambiental de la Intendencia de Rivera, uno de los interlocutores en el CI, calificó positivamente el proyecto porque respeta los tres niveles de gobierno, las autonomías de los gobiernos departamentales, y entrega recursos para favorecer el reciclaje y la formalización de trabajadores.
Juan Carlos Silva, de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), consideró que “ante la nada que teníamos antes, es beneficioso” y dijo sentirse satisfecho. Consideró riesgoso que el MEF, la OPP y el MVOTMA recauden el Imesi, porque puede pasar que se derive para otros fines que no tengan que ver con los previstos, dijo. Lamentó que la fiscalización se enfoque en los clasificadores y no tanto en los grandes acopiadores, que “se van a poder acomodar”. Jorge Ramada, del PIT-CNT, consideró un avance que el proyecto priorice la minimización de residuos y el reciclaje, aunque apuntó que mucho dependerá de lo que diga la reglamentación; dijo que prefiere que el proyecto hable de “dignificación” del trabajo de los clasificadores, y no de la mera formalización. Al igual que Silva, preferiría que se hubiera fijado una “tasa ambiental” y el gravamen de Imesi, para evitar que vaya a Rentas Generales.
Federico Baráibar, director ejecutivo de Compromiso Empresarial para el Reciclaje –al igual que Carlos Anido, del PIT-CNT–, rechazó el apuro con que la Dinama convoca a esta segunda ronda de aportes. Opinó que sería mejor contar antes con un plan nacional de residuos. La industria no ve bien los impuestos. Baráibar dijo que los rangos del Imesi “son gigantes” y cuestionó que hayan quedado “muchos productos” sin gravar, lo que puede significar una debilidad a la hora de reciclar. En cuanto al Impuesto de Disposición Final, tanto Baráibar como Anido señalaron que para evitarlo, puede ocurrir que los generadores terminen desechando los productos en cualquier lugar, de manera informal.