La bancada de ediles del Frente Amplio (FA) de Treinta y Tres ingresó, para ser tratada en el orden del día de la sesión de mañana de la Junta Departamental, una solicitud para conformar una comisión investigadora para analizar irregularidades constatadas en el área tributaria de la comuna, que encabeza de forma interina el intendente Ramón da Silva. Según los fundamentos del pedido, de la investigación administrativa y de la auditoría interna efectuadas en la Intendencia, así como de la comparecencia en la Comisión Fiscal de la Junta, surgen “contradicciones” entre las auditoras Florencia García y Cecilia Ois, y la directora de Hacienda de la comuna, Isabel Eguren, así como “importantes inexactitudes en la descripción de los procedimientos, actuaciones informadas que no se realizaron y ausencia de documentación relevante”.

La solicitud del FA establece que todo esto “puede estar llevando a una pérdida de los recursos para la intendencia, a inequidad en el tratamiento de los contribuyentes y a la ilegitimidad de actos administrativos”. “Si bien se informó en la Comisión Fiscal de cambios introducidos en los procesos de recaudación y control, entendemos que son insuficientes, e incluso se podría estar incurriendo en errores similares a los que se tuvo”, añade el pedido.

Todo empezó en setiembre de 2016, cuando, a partir de la denuncia de un particular, se constataron irregularidades en el cobro de tributos municipales, lo que derivó en una denuncia penal caratulada como “fraude”, que terminó con el pedido de procesamiento de tres funcionarias de la intendencia que trabajaban en el área de Tributos.

El edil del FA Fernando Techera (Asamblea Uruguay) dijo a la diaria que las funcionarias volvieron a trabajar en la intendencia, aunque en otra área, mientras trascurre el proceso judicial. “Había un código que habilitaba a quitar toda la deuda de un contribuyente y generar un nuevo adeudo”, explicó. Las funcionarias pedían a cambio determinados montos de dinero. “De hecho, al particular que hizo la denuncia le querían cobrar unos 15.000 pesos por perdonarle toda la deuda”, agregó Techera.

Pero la iniciativa del FA pretende indagar por encima de las funcionarias de Tributos: “En algunas declaraciones realizadas durante la investigación administrativa y la auditoría, dejan entrever que había comunicación e información a jerarcas de la intendencia, llegando incluso al secretario general”. Por entonces, este cargo era ocupado por Da Silva, que asumió como intendente interino en abril tras un problema de salud que tuvo el intendente reelecto Dardo Sánchez, que lo llevó a una larga convalecencia.

Techera dijo que además de deudas de contribución inmobiliaria, también se entregaban guías de semovientes sin cobrar. Estos documentos sirven para vender y comprar ganado entre particulares, y no sólo hay que estar al día con la Dirección General de Servicios Ganaderos (Dicose), sino también pagar la guía anterior en las intendencias para poder conseguir una nueva, explicó. “Acá entregaban las guías sin pagar, y eso no estaba registrado. El número que nos trasladaron ronda los nueve millones de pesos; ahora están cargando la deuda a los que no pagaron, pero nos quedan dudas de las deudas anteriores, porque a los cinco años prescriben”, agregó el edil.

Al cierre de esta edición continuaban reunidas las bancadas del FA y el PN, y según explicó Techera, hay ediles del PN dispuestos a votar la investigadora. El edil blanco Nilson Alcarraz dijo que estaban estudiando el tema, y confirmó que hay varios ediles, entre ellos él, “proclives” a apoyar una investigadora.

Los ediles del FA habían pedido la intervención de la Corte Electoral al constatar que Da Silva estaba ejerciendo el cargo de intendente mientras mantenía en reserva un cargo público en UTE, dado que el artículo 289 de la Constitución dice: “Es incompatible el cargo de Intendente con todo otro cargo o empleo público, excepción hecha de los docentes, o con cualquier situación personal que importe recibir sueldo o retribución por servicios de empresas que contraten con el Gobierno Departamental”. Los ediles del FA habían solicitado además a la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) que se expidiera sobre esto. La Corte, por cinco votos a cuatro, se declaró sin competencias para expedirse, mientras que la ONSC se pronunció por la inconstitucionalidad.

Después de que el FA hizo pública la situación de Da Silva, este decidió renunciar al cargo en UTE, pero no abandonó la intendencia.