Ayer el Consejo de Ministros se reunió en la sede presidencial de Suárez y Reyes para analizar el comienzo de la segunda fase de las negociaciones con la empresa finlandesa UPM, después de que el martes se firmó el contrato de inversión entre la empresa y el Estado uruguayo. El presidente Tabaré Vázquez aseguró que las condiciones en esta segunda etapa cambian sustantivamente, ya que ahora las dos partes negociadoras van a estar “del mismo lado del mostrador”; la negociación, aseguró, “se va a ubicar en el sentido de que el gobierno quiere que se instale la planta y la empresa quiere que se instale la planta”.

Las negociaciones seguirán funcionando en grupos de trabajo, aunque ahora habrá, fundamentalmente, dos. El primero, según explicó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, estará integrado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Industria, Energía y Minería, y abordará los aspectos concretos para efectivizar la inversión; será liderado por el MTOP, porque la prioridad será, en esta primera etapa, la infraestructura que el Estado debe construir, principalmente el proyecto ferroviario que unirá Montevideo con Paso de los Toros. El otro ámbito de negociación involucrará a todos los ministerios del gabinete: “Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública, que no participó directamente en las negociaciones hasta ahora, va a tener un rol muy importante, porque a partir de esta etapa se empieza a hacer un relevamiento, una determinación de ciudades y de los centros neurálgicos en cada uno de los lugares, y que implican servicios, y dentro de eso, servicios de salud”, explicó García, que aludió a que se relevará “el impacto de que te caigan de 3.000 a 5.000 personas en la etapa de la construcción” en esas localidades.

En el Consejo de Ministros se hizo referencia a que Uruguay “tiene una memoria institucional en esto; hay experiencia de lo que sucedió anteriormente, eso implica que se anticipen algunas cosas”. Por ejemplo, el director de la OPP mencionó como ejemplo que UPM tiene el compromiso de edificar, durante la etapa de construcción de la planta, “no menos de 60 casas para el personal”, pero como esas casas luego quedan, “ahora se va a prever el lugar donde puedan construirse”, algo en lo que también trabajará el Ministerio de Turismo.

García explicó que la segunda fase de la negociación, que debe terminar antes del 15 de febrero de 2020, debería culminar con la decisión de UPM de concretar la inversión o no, en base al actual contrato firmado. Sobre el plazo previsto, el director de la OPP explicó que se le dijo a la empresa que el acuerdo “no puede quedar abierto hacia otro período de gobierno”, por eso debe haber una definición en este lapso. “Cuando la empresa hizo el planteo, su pensamiento era: ‘Nosotros precisamos que Uruguay haga esto y después decidimos’, y esa fue una de las cosas que resultaban inaceptable para nosotros. Y a partir de eso se le puso un límite, se le dio la libertad: ‘Pueden decidir por sí o por no, pero en estas condiciones, no para toda la vida’”.

Capacitación

Uno de los elementos que establece el contrato es que durante la construcción, montaje y puesta en marcha de la planta de celulosa, se debe implementar un plan de capacitación y asesoramiento laboral profesional a los trabajadores, que se enfocará en cultura del trabajo y la seguridad, utilización de la mano de obra principalmente de la zona centro y noreste del país y en el desarrollo de competencias de construcción y montaje, que tienen una demanda a largo plazo en Uruguay. UPM tiene que determinar las necesidades y los perfiles de capacitación, mientras que el Estado uruguayo debe comunicar “el aporte financiero” que está dispuesto a designar al plan de capacitación, “ya sea directamente o por medio de las instituciones de capacitación en las que tenga representación”, y UPM realizará un aporte “del mismo monto, siempre que el aporte de UPM no exceda 1.500.000 dólares”. García añadió que “muy probablemente” el aporte del Estado uruguayo “se canalice” por intermedio del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.