Si se aprueba el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea, los quesos uruguayos no podrán utilizar más en sus etiquetas “gruyère”, “roquefort” ni “fontina”. Tampoco podrá usarse “oporto”, “scotch whisky”, “champagne” ni “cognac” en las bebidas alcohólicas nacionales, tanto para las ventas en el mercado interno como para las exportaciones. Al menos eso es lo que pretende la Unión Europea (UE), fundamentalmente basada en pedidos de Francia, Italia y Reino Unido.

El gobierno uruguayo, por intermedio de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, hizo pública la lista de indicaciones geográficas que la UE pretende proteger, y abrió un mecanismo de consulta abierta para que se expresen las industrias y productores nacionales que utilizan esos nombres. Hasta el 20 de diciembre hay tiempo para escribir comentarios a la dirección de correo electrónico [email protected] “El objetivo de la consulta pública es poder recoger del público en general la mayor cantidad de datos posible, para nutrir de información al equipo negociador de Uruguay sobre posibles conflictos de nombres entre las indicaciones geográficas europeas y los nombres que se utilizan en nuestro país”, se explica en un comunicado publicado en la página del Instituto Nacional de la Leche (Inale). En ese mismo comunicado se advierte que las indicaciones geográficas en el caso de los quesos son “un tema sensible” para Uruguay.

“En la actualidad aún se está en la etapa de negociación, pero los plazos son exiguos. Esta consulta es de importancia crucial. Si bien se está trabajando a nivel de los organismos públicos mencionados, se requiere del apoyo de la industria, los productores y cualquier persona física y jurídica de la sociedad civil que aporte datos que complementen y fortalezcan el trabajo de los organismos mencionados. A mayor información en relación a posibles conflictos con los nombres nacionales, el equipo negociador de Uruguay tendrá mayores elementos para negociar la mencionada lista”, destaca el comunicado.

El plazo para la consulta vence el 20 de diciembre, y la fecha que los gobiernos habían anunciado para la firma del acuerdo era el 10 de diciembre en Buenos Aires. Esto hace pensar que los equipos negociadores están trabajando con la mira puesta en plazos más extensos.