El descontento de los científicos uruguayos por la “falta” de una política de ciencia y tecnología, así como con los “escasos recursos” que el país invierte en investigación y desarrollo (I+D), viene en aumento. En declaraciones a la diaria en octubre de este año, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, Rafael Radi, había dicho que se está “transitando por un camino muy peligroso en el que puede llegar a haber un enfrentamiento importante de la comunidad científica con el gobierno”. Tal vez como forma de no llegar a ese enfrentamiento, un grupo de investigadores ha decidido enviar una carta abierta al presidente Tabaré Vázquez con el objetivo de “hacer visible las dificultades de la Investigación en Uruguay y la necesidad de construir una nueva institucionalidad que apuntale lo logrado y permita el diseño y concreción de nuevas metas”.

La carta dirigida al primer mandatario, que ya está en la bandeja de entrada de las casillas de correo de investigadores del país, busca hacer notar, tanto al presidente como a la población en general, “la complicada situación que atraviesa la Investigación Científica en nuestro País, producto de las decisiones presupuestales del Gobierno y de gestión de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación [ANII]”, una situación que “amenaza con hacer retroceder de forma importante los avances logrados en los últimos años”. Luego de repasar los esfuerzos que se han realizado para apuntalar el sistema científico en Uruguay, desde la Universidad de la República y del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas al principio, y luego como política de Estado con el “establecimiento del Sistema de Investigadores, la creación de la ANII y el Gabinete de la Innovación”, la carta señala que “la política nacional de Ciencia Tecnología e Innovación se volvió impredecible”, al tiempo que da cuenta de cosas que han empeorado, como “el congelamiento de los fondos en pesos corrientes y la división de esos fondos en un sinnúmero de instrumentos parcelados que imponen la fragmentación y multiplicación de los esfuerzos para conseguir financiamiento”. También denuncia que, pese al compromiso firmado en agosto de 2014 entre todos los candidatos presidenciables y la Academia Nacional de Ciencias de destinar a Ciencia y Tecnología (CyT) 1% del Producto Interno Bruto (PIB), “nada de eso ocurrió. Por el contrario y contra el acuerdo mencionado, la inversión en CyT no pasó de 0,4% del PIB”, al tiempo que en “los países que apuestan al desarrollo Científico-Tecnológico de tamaños comparables al Uruguay, invierten entre un 2% y un 4% de su PIB”.

La carta también denuncia que “sólo una pequeña parte de los proyectos de investigación es financiada” y que “estamos montados sobre una maquinaria perversa que impulsa a formar más investigadores pero no prevé ningún mecanismo de retención y financiación de su trabajo”, con la consecuente “exportación de investigadores en los que el país ha invertido una gran cantidad de recursos”. En la revisión del panorama de recursos e incentivos para la investigación, los autores de la carta abierta al presidente señalan que además del “estancamiento presupuestal, hay que sumarle la política de la ANII”. Al respecto, señalan que “su presidente, el Ingeniero [Fernando] Brum, ha sostenido repetidamente que la ANII no toma decisiones políticas”, pero aseguran que eso no es cierto. “A modo de ejemplo, el Fondo Clemente Estable, uno de los más importantes instrumentos de apoyo a la investigación fundamental, pasó de financiar proyectos por algo más de 56 millones de pesos corrientes en 2015 a algo menos de 37 millones en 2017”, lo que para los investigadores “implica definiciones políticas por parte del directorio de la Agencia, definiciones que quitan fondos a un programa exitoso y lo distribuyen entre otros de temáticas diversas”. Por eso, denuncian que “las decisiones políticas del directorio de la ANII implican desvestir un santo para vestir a otro”.

Finalmente, la misiva afirma que “Uruguay debe hacerse cargo de su política científica” e identifica que “parte de los problemas que evidenciamos son producto de que el diseño institucional, que comenzó con la creación de la ANII y el Gabinete de la Innovación, precisa hoy de una profunda revisión y actualización”. No obstante, se saluda “la constitución de la Secretaría de Ciencia y Tecnología” como parte de la nueva institucionalidad necesaria para que la ciencia avance en el país, al tiempo que se valora como relevante “que se haya designado a un destacado académico para su conducción”. Cabe recordar que el secretario, si bien no es oficial, ya está designado: se trata del ex decano de la Facultad de Química Eduardo Manta. Por otra parte, el 28 de junio, en un evento realizado por el Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología en el Palacio Legislativo, el prosecretario de presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo públicamente que la Secretaría de Ciencia y Tecnología se definiría en 15 días. Sin embargo, aún no hay ni decreto rubricado ni presupuesto asignado para su funcionamiento. Ante lo desalentador del panorama, los investigadores concluyen que “como siempre” están “dispuestos a colaborar en la creación de un nuevo marco que asegure la sostenibilidad de las políticas y su impacto sobre el bienestar de todos los integrantes de la Nación”. Al momento de cierre, y con apenas unas pocas horas de circulación, la carta ya contaba con más de media centena de firmas de científicos de distintas instituciones del país.