Por 17 votos a 14, la Junta Departamental de Treinta y Tres (JDTT) rechazó la moción impulsada por la bancada del Frente Amplio (FA) de conformar una comisión preinvestigadora para analizar las irregularidades constatadas en el área de Tributos de la Intendencia. Si bien el FA proponía la creación de una investigadora, por razones reglamentarias se modificó la iniciativa de la creación de una preinvestigadora que estudiara la pertinencia de instalar una investigadora. Sin embargo, los ediles del Partido Nacional (PN) que respaldan al intendente Dardo Sánchez (actualmente con licencia por enfermedad) y al interino Ramón da Silva (ambos de Alianza Nacional, lista 8) no acompañaron la propuesta frenteamplista. En cambio, cuatro ediles del PN votaron a favor de habilitar la investigación. El año pasado, un particular denunció ante las autoridades de la Intendencia que en el área de Tributos le exigían pagar un determinado monto de dinero para eliminar sus deudas con la comuna. Esta denuncia motivó una investigación administrativa y una auditoría interna, así como una investigación judicial que determinó el procesamiento de tres funcionarias, que fueron separadas de sus cargos en el área. El FA denunció que se perdonaron deudas de contribución inmobiliaria a cambio de dinero, y se entregaron guías de semovientes (documentos que sirven para vender y comprar ganado entre particulares) sin cobrarlas. El FA aseguró en un comunicado que surgieron “contradicciones” e “importantes inexactitudes en la descripción de los procedimientos” de la investigación administrativa, de la auditoría y de la comparecencia de las auditoras y de la directora de Hacienda de la Intendencia en la Comisión Fiscal de la Junta Departamental. También el FA dice que constató en distintas declaraciones que había autoridades de la Intendencia que estaban al tanto de las irregularidades, entre ellos el propio secretario general y actual intendente interino.

En la sesión del miércoles de noche, algunos ediles del PN respondieron a la iniciativa del FA proponiendo extender el período de las investigaciones hasta el inicio de la administración frenteamplista de Gerardo Amaral (2005), lo que no fue aceptado por el FA.

El edil del FA Mario Motta dijo a la diaria que el FA no acompañó esa “ampliación” porque “no estaba clara la propuesta”. “Ellos dicen que el sistema informático Geocom [adquirido en la administración de Amaral] es la base de todos estos errores en tributos. Nosotros creemos que no. Lo que hay que ampliar y profundizar es la investigación en base a la auditoría que se hizo en los últimos 16 meses”, ya que “las propias personas sancionadas por la Justicia denunciaron a jerarcas” y aseguraron “que por orden de ellos habían hecho determinadas cosas”. Luego agregó: “No descartamos pasar el tema a la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Publica] o ampliar la denuncia en la Justicia”.

Por su parte, el edil nacionalista Nilson Alcarraz (Todos), uno de los que votaron a favor de la moción del FA, argumentó en diálogo con la diaria que instalar una comisión preinvestigadora “no es una cosa que daña: por el contrario, toda investigación es transparencia, cristalinidad y le hace bien al sistema político”. “Considero que el gobierno de mi partido ha hecho las cosas bien, entonces vamos a ser sinceros y que salga el manto de duda, porque en un pueblo chico empiezan a correr versiones de que no se quiere investigar por tal y cual cosa”, agregó.

En tanto, el edil Pablo Chalar (lista 8) dijo a la diaria que “si no hay investigadora es porque los ediles del FA se negaron”. “Le propusimos al FA acompañar una investigadora con un objeto más amplio. Queríamos investigar desde el inicio. Tenemos la convicción de que estamos trabajando con un sistema informático que tiene deficiencias operativas y queríamos ir a la génesis de esas irregularidades. Alguien decidió en 2008 adquirir este sistema; además, la acción que habilita la baja del padrón empezó a hacerse antes de que el PN fuera gobierno. Es la herencia maldita que recibimos”, explicó Chalar. Aclaró que el particular denunciante fue a hablar con Sánchez y fue el jerarca el que “de inmediato” hizo la denuncia policial y ordenó la investigación.