La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) prevé pronunciarse sobre los casos del senador frenteamplista Leonardo de León y del intendente de Soriano Agustín Bascou, quienes además deben enfrentar denuncias penales en la Justicia, el primero por el uso que le dio a la tarjeta corporativa de Alcoholes del Uruguay (Alur), y el segundo por haber comprado combustibles para la intendencia a una estación de servicio de su propiedad.

“Los tenemos como casos a estudiar, aunque todavía no hemos hecho ninguna acción, porque no es lo único que estamos analizando”, dijo Matilde Rodríguez Larreta, una de las directoras de la Jutep. Respecto de la situación de De León, Rodríguez Larreta explicó que la Jutep tendrá en cuenta la denuncia presentada a la Justicia por el senador del Partido Independiente Pablo Mieres. “Es bien larga y la vamos a estudiar”, sostuvo. Además, agregó que la Jutep también está investigando otros hechos dentro de ANCAP que trascienden los gastos con las tarjetas corporativas.

Mientras el caso de De León genera cada vez más rispideces en la interna del Frente Amplio (FA), el nacionalismo parece estar poniendo paños fríos al diferendo que se produjo en su interna tras el tratamiento del caso Bascou en la Junta Departamental de Soriano. El Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) tratará este lunes un informe de su Comité de Ética, que consideró que no hubo ilegalidad en el comportamiento de Bascou y, simplemente, lo “observó” porque no fue “proactivo” para aclarar su situación. En cambio, en el FA la interna se endurece por la situación de De León. Varias figuras de primera línea, como el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y la senadora Mónica Xavier han pedido que este caso tenga un tratamiento similar al del ex vicepresidente Raúl Sendic, pero el propio De León ha respondido a los ataques sosteniendo, por ejemplo, que Astori también debería presentarse al Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA.

El senador frenteamplista Rafael Michelini declaró ayer a Canal 12 que si De León está “confiado en que está todo bien”, su comparecencia al TCP del FA le daría “mucho más seguridad”. Según Michelini, la respuesta de De León en los medios no ayudó: “A De León se le fue la moto. Que agarre la moto y la vuelva a enderezar para volver a la ruta”. Michelini también dijo que “la palabra de Astori en este país es muy fuerte, muy pesada”, y que “la sociedad uruguaya no soporta que se confundan los dineros públicos con los privados; y está muy bien, y el FA puso muy alto la valla” con el caso Sendic.

Pero a pesar de los reclamos de Michelini, Astori y Xavier, el TCP del FA no ha tomado hasta ahora la decisión de estudiar el tema de oficio. Una fuente de la fuerza política sostuvo que en caso de que no lo haga, serán los propios sectores quienes llevarán el caso ante este órgano asesor del Plenario del FA, cuyo dictamen fue crucial para la renuncia del ex vicepresidente Raúl Sendic.

Todavía no

Si bien estaba previsto que el Tribunal de Cuentas de la República analizara ayer un informe jurídico sobre el subsidio de 13.000 dólares mensuales que Sendic recibirá durante un año –y que fue autorizado por la actual vicepresidenta, Lucía Topolansky–, el cuerpo decidió postergar el tratamiento del tema para el martes. Según explicó Francisco Gallinal, uno de los directores del TCR, esto se debió a que varios directores querían estudiar el tema con mayor profundidad.

El informe jurídico del TCR dice que Sendic no debería cobrar el subsidio hasta que no termine la actual legislatura. En efecto, el numeral 10 del artículo 77 de la Constitución dictamina que “ningún legislador ni intendente que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo, tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo, hasta cumplido el período completo para el que fue elegido”, a menos que la indemnización se vote por tres quintos de la cámara. Tras el caso de Sendic, Gallinal promovió una moción para que los auditores delegados del TCR que se desempeñan en el Parlamento y en las intendencias se vean obligados a llevar los pedidos de subsidios al directorio del organismo. Antes del caso del ex vicepresidente, varios subsidios fueron aprobados en esta legislatura sin que fueran votados expresamente, como los de los diputados Gonzalo Mujica (ex FA) y Edgardo Mier (PN).