Las idas y vueltas del proyecto de ley de cincuentones del Poder Ejecutivo sigue sumando capítulos que aumentan el suspenso. Ayer cada sector del Frente Amplio (FA) debatió por separado los pasos a seguir relativos al proyecto, y hoy el grupo de trabajo de la bancada se reunirá para analizarlo en conjunto y ver qué posición toma. Uno de los sectores más reticentes a votar el proyecto tal cual está es el Frente Liber Seregni. El diputado Alfredo Asti, de ese sector, señaló a la diaria que luego de la reunión sigue manteniendo la misma posición. Subrayó que el monto del gasto que implica el proyecto, “de casi cuatro décimas” del Producto Interno Bruto (PIB) a partir del sexto año, durante 25 años, tendría “impactos fiscales muy altos”.

“Por más derechos que tengan estos trabajadores, que los reconocemos –tenemos que buscar una solución y estamos comprometidos a darla–, comprometer casi medio punto del PIB por 40 y pico de años es una solución con un componente de regresividad muy importante”, indicó Asti. Agregó que los sectores “más vulnerables” de la población están concentrados en edades menores a 18 años, y que las pasividades de los trabajadores que se jubilarían mediante este proyecto, pese a ser menores de las que podrían haber sido, “están muy por encima de las pasividades mínimas”. Entonces, a su juicio, “tanto por edad como por nivel de ingreso, con esta medida no estamos favoreciendo a los más desfavorecidos de la población”. En resumen, Asti señaló que su sector apoya que haya una solución para los “cincuentones”, pero sostuvo que esta debe afectar “lo menos posible los equilibrios fiscales, de forma de no atarles las manos a los próximos gobiernos para atender las necesidades básicas de los más vulnerables”.

Por otro lado, el diputado colorado Conrado Rodríguez, integrante de la Comisión de Hacienda, que trabaja el proyecto de cincuentones integrada con la Comisión de Seguridad Social, señaló a la diaria que la comisión no sesiona hace un mes y que siguen a la espera de que el Ministerio de Economía y Finanzas les mande el informe sobre los costos del proyecto. Dijo que se enteró por la prensa de que el monto sería de 3.700 millones de dólares, una cantidad que difiere de los 2.500 millones de dólares que había estimado el estudio del Banco de Previsión Social. A juicio de Rodríguez, si los costos son tan superiores, el proyecto “va a tener un impacto muy fuerte en las cuentas públicas de los próximos años”. “Nosotros le solicitamos al gobierno que convoque a todos los partidos políticos, para que haya un consenso mayor sobre cuál es el proyecto de ley que se tiene que aprobar. Debería ser un proyecto que atienda la justicia del reclamo, pero también el impacto sobre las cuentas públicas”, indicó el diputado colorado, y agregó que “no es real” que el martes se llegue a tratar el proyecto en la Cámara de Diputados, como se ha dicho, ya que la comisión, que se reúne los martes, todavía no lo votó.

Por otro lado, pero volviendo al FA, el diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez dijo a la diaria que su sector tiene la postura “bien firme y clara” de que se vote el proyecto “tal cual” llegó desde el Poder Ejecutivo. No obstante, señaló que van a considerar “propuestas alternativas” siempre y cuando “no modifiquen la cantidad de personas que el proyecto inicialmente beneficiaría y no haga retroceder los beneficios”. Además, subrayó que el cambio de estimación del gasto del proyecto fue “por el cambio de ajuste en función de la tasa de rendimiento del fideicomiso”, y destacó que no se ha mencionado que ese gasto se hará en un período de 50 años, es decir que implicaría 70 millones de dólares por año, que representan 0,1% del PIB. “Si una movida de estas genera tanta repercusión en la economía, a tal punto de llegar a perder el grado inversor, entonces estamos frente a una debilidad muy importante en la economía, pero no creo que sea el caso”, finalizó Núñez.