El Centro Militar se despachó contra el gobierno sobre fines de la semana pasada, y personalizó su ataque en la figura del presidente de la República, Tabaré Vázquez. “A partir de ahora deberíamos decir ‘dentro de la ley todo, fuera de la ley, por decreto’”, comenzaba el comunicado difundido el viernes, parafraseando con algunos cambios una frase de Vázquez. Los militares retirados expresaron de esta forma su molestia por la decisión del Ministerio del Interior (MI) de desestimar la opinión del Servicio de Material y Armamento del Ejército (SMA) e importar 750.000 balas marca Magtech, calibre 9 milímetros semidescamisadas, con autorización expresa de Presidencia de la República mediante una resolución dictada en noviembre de 2016.

“El Centro Militar quiere dejar constancia e informar que el gobierno nacional, por medio de un decreto, ha resuelto violar la ley vigente y las convenciones internacionales firmadas por el país”, sostiene el comunicado de la organización militar. El presidente del Centro Militar, Carlos Silva, fue un poco más allá en conversación con El País. Dijo que con el Poder Ejecutivo no hay diálogo: “Después de que se violó la Constitución, no se respetaron los plebiscitos famosos que es la mayor expresión popular, ¿qué diálogo va haber?”, sostuvo. Invocó convenciones internacionales que a su entender sustentan la posición del Ejército sobre la necesidad de prohibir estas municiones, y lamentó que el gobierno sólo aplique acuerdos internacionales en temas vinculados a los derechos humanos, según consideró. El MI ya explicó en el Parlamento que las convenciones citadas –una de ellas, el Estatuto de Roma– no se aplican en este caso.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) optó por no contestar el comunicado del Centro Militar, para “no contribuir a amplificar” la posición de los retirados, dijeron a la diaria fuentes de la cartera. “Tomamos conocimiento del comunicado, y no ameritó otra consideración”, se limitó a declarar a este medio el subsecretario de Defensa, Daniel Montiel. El MDN tiene jerarquía no sólo sobre los oficiales en actividad, sino sobre los oficiales retirados, hasta que cumplen cuatro años de retiro.

Por culpa del coronel

Las críticas del Centro Militar se suman a las del senador nacionalista Javier García, quien acusó al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, de violar la ley por contradecir la decisión del SMA.

Bonomi aseguró en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, el martes 31, que el SMA dictó resoluciones contradictorias, ya que habilitó la importación de estas municiones en 1999 y 2001, cuando el ministro del Interior era Guillermo Stirling. “En realidad, no fue la misma [munición], sino la 357 Magnum semiencamisada, que es más potente que la que compramos nosotros”, acotó Bonomi. En 2011, el MI encabezado por Bonomi fue autorizado por el SMA a comprar las municiones en cuestión. En cambio, el SMA consideró en 2016 que la importación violaba la normativa, y esa fue la posición que asumió todo el MDN. El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, dijo en comisión, según consta en la versión taquigráfica, que lo que hizo su cartera fue, “frente a opiniones contradictorias de un coronel [en referencia al director general del SMA, Hugo Rebollo]” que “está de turno” en el SMA y “que interpreta la ley como a él le parece”, ir a buscar “la opinión de un organismo superior”. “Quedó claramente demostrada, en el transcurso del tiempo, la actitud contradictoria o las resoluciones contradictorias del SMA”, insistió Vázquez.

El tema pasó a ser estudiado por la División Jurídica de Presidencia y luego por la Fiscalía de Gobierno, que finalmente terminó estableciendo que, como excepción, podía autorizarse el uso de la munición, teniendo en cuenta que ya se habían importado municiones de este tipo, y estableció que no deberán ser utilizadas “en conflictos internos o internacionales”, según el dictamen que lleva la firma de Daniel Borrelli, fiscal de Gobierno de 1er turno. El 8 de noviembre de 2016, en una resolución firmada por el presidente Vázquez y basada en la opinión de la Fiscalía de Gobierno, se autorizó la importación de las municiones solicitadas por el ministerio.

Por otra parte, y por estos motivos, Bonomi desestimó las acusaciones de García de que las municiones ingresaron “de contrabando”. Presentó documentos en comisión, a los que accedió la diaria, que dan cuenta de todos los trámites de importación. “Nosotros le dimos cuenta a la aduana de lo que estaba entrando, y no hay una diferencia entre lo que entró y lo que se dijo que entraba, sino que hay una total relación”, sostuvo Bonomi en comisión.

En enero de este año, luego de la resolución de la Fiscalía de Gobierno, se comenzaron a utilizar las municiones. De todos modos, García hizo notar que la resolución de la Fiscalía de Gobierno es del 27 de julio de 2016, y que las balas ingresaron al país dos meses antes. Además, sobre el decreto 376/16, que habilita a la Policía Nacional a utilizar este tipo de municiones y que fue citado por las autoridades del ministerio, García señaló que esa norma se dictó seis meses después de que las balas ingresaran al país. “No se puede justificar con un decreto de diciembre de 2016 lo que ingresó en mayo de 2016”, cuestionó García. El senador del Movimiento de Participación Popular y ex director general del MI Charles Carrera acotó que, de todos modos, actualmente está vigente el decreto que autoriza a la Policía Nacional a utilizar estas municiones.

Además, el ministerio considera que la Ley 10.415, que establece que “las operaciones aduaneras de importación, exportación y tránsito que realicen en los renglones de explosiones, armas de fuego y municiones para las mismas, deberán ser previamente autorizadas por el Ministerio de Defensa Nacional”, apunta al control de armas de los particulares y no se dictó “con el ánimo de condicionar al control del Ejército las armas que debe utilizar la Policía Nacional”, según consta en una nota que elevó el MI al SMA, que incluye los fundamentos de Jurídica del ministerio. En cambio la cartera entiende, basándose en la misma ley, que compete al Poder Ejecutivo determinar las municiones que debe utilizar tanto el Ejército como la Policía. Por lo tanto, el presidente de la República está habilitado, según esta interpretación, a autorizar la importación.