El Observatorio Luz Ibarburu (OLI), que da seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos durante el período de terrorismo de Estado, elaboró un informe en el que incorporó datos de la respuesta proporcionada por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) a un pedido hecho por la ley de acceso a la información. La organización pudo acceder a información actualizada de la situación de las personas procesadas y condenadas por causas vinculadas a la violación de derechos humanos durante el período mencionado, y pudo constatar quiénes cumplen prisión domiciliaria, quiénes son objeto de vigilancia por medios electrónicos (tobilleras o pulseras electrónicas) y quiénes están beneficiados con salidas transitorias.

El OLI informa que hay 20 personas condenadas –varias fueron condenadas más de una vez–, de las cuales una cumplió la condena (Tranquilino Machado, condenado a cuatro años por el delito de homicidio intencional de Ramón Peré), tres fallecieron (los dictadores Juan María Bordaberry y Gregorio Álvarez, y el general Miguel Dalmao, único militar que estaba en actividad cuando fue procesado) y 16 están detenidas. Sin embargo, según la información aportada por el INR, sólo diez están en prisión efectiva (siete en la Unidad Nº 8 Domingo Arena y tres en la cárcel de la Guardia Republicana) y seis gozan del beneficio de la prisión domiciliaria (el ex canciller Juan Carlos Blanco, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez –prisión domiciliaria y vigilancia con dispositivo electrónico–, José Gavazzo –también vigilado con tobillera–, Nelson Bardesio –prisión domiciliaria con pedido de libertad anticipada en trámite– y José Uruguay Araújo).

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Pero, además, por la información proporcionada por el INR, se supo que de las diez personas que están presas, por lo menos dos tienen el beneficio de las salidas transitorias, aunque son vigiladas con dispositivos electrónicos.

En la cárcel de Domingo Arena están presos Jorge Silveira (dos veces condenado), Ricardo Medina (dos veces condenado, uno de los que gozan de las salidas transitorias), Felipe Sande, José Arab (dos veces condenado), Pedro Freitas Martínez (tiene pedido de libertad anticipada en trámite), Enrique Rivero y Ernesto Soca (otro de los que gozan de salidas transitorias). En tanto, en la Guardia Republicana cumplen condena Juan Carlos Larcebeau, Luis Maurente y Arturo Aguirre.

En porcentajes, está en prisión efectiva sólo 50% de los condenados, mientras que 30% goza del beneficio de la prisión domiciliaria y 5% ya cumplió la condena.

A los 10 condenados que cumplen prisión efectiva hay que sumarles dos personas procesadas más: José Tomás Puigvert y Rodolfo Gregorio Álvarez (primer procesado por el delito de torturas), que están detenidos en la cárcel de la Guardia Republicana.

Por otra parte, el informe del OLI destaca que, de las 46 causas que patrocina la organización, hay 29 pedidos de procesamientos pendientes en siete expedientes, “algunos de hace más de un año, sin respuesta, excluyendo a los que fallecieron en este tiempo”. “De información periodística surge que existen otros diez pedidos de procesamientos sin resolver, por lo cual totalizarían aproximadamente 38 pedidos de procesamientos pendientes en casos en los que la Justicia no se ha expedido aún”, agrega el OLI.

Otro de los datos del informe que llaman la atención es la cantidad de procesamientos por violaciones a los derechos humanos por año. El primer procesamiento fue el de Juan Carlos Blanco, en 2002. Recién en 2006, durante el segundo año del primer gobierno del Frente Amplio (FA), volvió a haber más procesamientos (hubo 12 y fue el año de mayor cantidad). Luego hay una caída: en 2007 hubo dos; en 2008, ninguno; en 2009, dos; en 2010, siete y en 2011, otra vez durante el segundo año del segundo gobierno del FA, 11. Después, la caída fue más significativa: en 2012 hubo uno; en 2013, ninguno; en 2014, uno; en 2015, tres; en 2016, uno y en 2017, uno.

“Democratizada esa información, quienes desde la Suprema Corte de Justicia expresan satisfacción por el desempeño del sistema judicial tendrán que justificar en qué se fundan para ello”, concluye el OLI.