El Archivo General de la Nación aprobó un pedido del Observatorio Luz Ibarburu (OLI) para tener acceso a la información contenida en 152 documentos que mediante una resolución de 2011 fueron clasificados por esa institución como reservados por 15 años y que integran el “archivo Berrutti”. En una nota publicada por el OLI se asegura que el pedido fue realizado “en función de la tarea de monitoreo y actuación en representación de víctimas que realiza el Observatorio, enmarcada en lograr el cumplimiento, por parte del Estado, de lo establecido por la sentencia Gelman vs. Uruguay, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. El Archivo General autorizó a Raúl Olivera, del OLI, a compulsar la documentación. “La Resolución, que se consideraba ilegítima, fue modificada con el asesoramiento de la Unidad de Acceso a la Información por Resolución 024/2012, resolviendo expresamente que todas las clasificaciones de tipos documentales reservados serían inoponibles en caso de violaciones a los derechos humanos”, dice el texto publicado por el OLI. Olivera dijo a la diaria que aún no se ha fijado un régimen de trabajo, porque se trata de más de 1.000 páginas. “Nosotros, hasta ahora, sólo teníamos los titulares, ahora vamos a ver qué es lo que hay. Existe un archivo que está titulado como ‘OCOA’ [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas]. La dificultad que atravesamos es que no tenemos un índice con lo que contienen; tenemos expectativa, pero hay que ver bien lo que hay”.

No innovar en La Tablada

El martes se conoció la decisión del juez letrado suplente Hugo Rundie, que dictó el 18 de octubre una medida cautelar de no innovar sobre todo el predio donde funcionó el ex centro de detención y tortura de La Tablada, hasta que se culmine la investigación en estas actuaciones, con la finalidad de no alterar la escena y preservarla. Según informó Caras y Caretas, el magistrado ordenó informar la decisión al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y al Ministerio del Interior, porque se proyectaba construir en ese predio un centro de rehabilitación para adolescentes. La medida integra la causa en la que se investiga la desaparición forzada de Miguel Ángel Mato Fagián –en el Juzgado Penal de 23º Turno (ex Juzgado Penal de 8º Turno)– y había sido solicitada por el OLI, considerando que los hechos se desarrollaron en ese lugar.

Olivera dijo a la diaria que la orden de no innovar en el predio se mantendría hasta que se culmine con las investigaciones. El argumento del Observatorio fue que la construcción en el lugar modificaría parte de la prueba. “La preservación del lugar es un imperativo de cumplimiento de los estándares internacionalmente aceptados con relación a estos sitios, para mantener la memoria de las conductas cometidas por un Estado terrorista”, publicó el organismo.

Según el Informe de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (2004) y la Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, son más de diez las personas detenidas desaparecidas en La Tablada, que funcionó como base del OCOA.

Miguel Ángel Mato Fagián, que permanece desaparecido, era militante del Partido Comunista, estudiante de Derecho y empleado de FUNSA. Fue secuestrado el 29 de enero de 1982, tras reunirse con una compañera en un bar; tenía 39 años.