Fueron cinco ministros en sala y 67 preguntas. El senador nacionalista Luis Lacalle Pou elaboró un detallado cuestionario con el objetivo de conocer más detalles de las negociaciones del gobierno con la empresa finlandesa UPM para la instalación de una segunda planta de celulosa a orillas del río Negro. Los ministros Carolina Cosse (Industria, Energía y Minería), Danilo Astori (Economía y Finanzas), Eneida de León (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente), Víctor Rossi (Transporte y Obras Públicas) y Ernesto Murro (Trabajo y Seguridad Social) asistieron en régimen de comisión general a la Cámara de Senadores, en una extensa sesión que duró más de diez horas.

A raíz de las preguntas y también en base a la exposición inicial del gobierno, a cargo de Cosse, surgió información nueva y se confirmaron algunos datos. Por ejemplo, se supo que habrá 250 expropiaciones de terrenos para habilitar el paso del ferrocarril. “No son enormes áreas, son muchos expedientes de pequeñas áreas. Hay algunas viviendas, no son muchos los casos”, aclaró Rossi. También se conoció que habrá una audiencia pública, regida por el Código de Aguas, para otorgar a UPM el permiso de uso del agua del río Negro. Se supo que, según un estudio encargado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al Fondo de Población de Naciones Unidas, se prevé una migración de 10.000 personas a la región centro del país en el proceso de construcción de la planta. Además, se estima un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en el centro del país de entre 10% y 20%.

Los legisladores de la oposición aseguraron estar a favor del emprendimiento, pero cuestionaron en general el contrato de inversión entre la empresa y el gobierno. “Aun estando a favor de este emprendimiento, no ahora, siempre, y también ahora, este acuerdo en estas condiciones no me representa. El gobierno falló en la representación de los uruguayos”, evaluó Lacalle Pou.

Según aseguraron legisladores blancos, colorados e independientes, el contrato no establece ninguna exigencia para UPM y Uruguay se impone obligaciones que no están claramente cuantificadas económicamente. “Cuando hablé con los actores involucrados les decía: ‘Miren, el presidente de la República va a entregar todo, se va a comprometer a todo, a cualquier cosa, porque están jugados a UPM, aunque parezca una ironía que el gobierno del Frente Amplio esté jugado a UPM. Casi que es lo único que piensan que van a poder exhibir’. Y así fue, entregamos todo y un poco más, nos comprometimos a todo y un poco más”, cuestionó Lacalle Pou. “Es necesario saber cuál es la ecuación económica. ¿Hay una ecuación económica, se sabe cuánto va a invertir el país, cuánto de renuncia fiscal, cuánto nos cuesta mantener el nivel del curso de agua?”, inquirió. Por su parte, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, consideró que “no es digno de un Estado” dar todas las concesiones que se dan sin contrapartida. “Acá el Estado se subordina a una empresa transnacional”, aseveró.

Un cuestionamiento recurrente de los legisladores opositores apuntó a los beneficios que se otorgan a UPM y que, en cambio, no se dan a las empresas locales, por ejemplo en materia tributaria o laboral. Cosse sostuvo que la concesión de zona franca está justificada por el monto de la inversión y destacó que el nuevo canon por la zona franca será el triple del vigente hoy para UPM. Astori sentenció que “no se instala ninguna planta [de celulosa] en el país si no es en zona franca”.

Las críticas de la oposición también apuntaron al acuerdo para que el gobierno le compre a UPM su excedente de energía a un precio fijo durante 20 años. “Llama la atención el compromiso de comprar energía a un precio preestablecido. No parece que Uruguay tenga un déficit en la generación de energía, al revés. No logramos bajar las tarifas, pero compramos excedente de energía”, cuestionó Lacalle Pou. Cosse argumentó que el precio fijado es inferior al que UTE paga hoy a los operadores privados y que se fijó ese precio con una proyección que prevé un sobrecosto cero. Destacó también que el excedente permitirá a UTE “gestionar mejores precios de exportación” y que el proyecto permitirá incrementar 10% la producción de energía renovable por generación de biomasa, “lo que consolida la diversificación de la matriz energética”.

En materia laboral, Murro confirmó que el gobierno y UPM acordaron consolidar sus acuerdos laborales en normas generales que podrán ser leyes, decretos o convenios, aunque dejó claro que el gobierno priorizará la negociación colectiva como mecanismo para llegar a consensos. “La elaboración de normas debe ser con participación”, señaló. Sostuvo que lo acordado con la empresa “reafirma el derecho a la huelga y a la ocupación”, y no lo contrario.

Alineado al desarrollo

A su turno, los ministros destacaron los beneficios que tendrá para Uruguay la instalación de UPM. Cosse aseguró que el proyecto está “totalmente alineado con los objetivos de desarrollo sostenible del país: es innovador, hemos negociado condiciones de sustentabilidad, de equidad social, de equilibrio ambiental y territorial”. Afirmó que creará empleo de calidad, incorporará “tecnología de punta y fortalecerá las capacidades nacionales”. Remarcó que, con esta inversión, Uruguay se ubicará entre los dos primeros exportadores de celulosa en el mundo y que percibirá 120 millones de dólares anuales por recaudación de tributos, sin contar el canon de zona franca, el pago de peajes, el IRPF y el pago por el uso de la vía.

Cosse elogió a UPM; dijo que se trata de “una de las firmas líderes del mercado global” y una empresa “con muy buena imagen y muy buena reputación internacional”. Aseguró que actualmente hay 500 pequeñas y medianas empresas trabajando para la empresa finlandesa y que esta mantiene una “relación fluida” con el sistema nacional de innovación y ha contribuido a mejorar el empleo en el interior del país.

En particular, la ministra resaltó el impacto que tendrá el proyecto para la región centro y este del país, caracterizada por su bajo nivel de empleo, y su bajo nivel educativo y socioeconómico.

Cosse destacó, por otra parte, que los compromisos que asume Uruguay como condiciones necesarias de la inversión no tienen “efecto vinculante”. “Ninguna parte incurre en responsabilidad alguna antes de la fecha para la toma de decisión de la inversión final”, sostuvo la ministra, y anunció que más adelante, luego de que la empresa tome la decisión de invertir, se firmará un contrato complementario con la empresa que establecerá plazos y consecuencias de los incumplimientos.

En materia ambiental, Cosse afirmó que las autorizaciones ambientales a UPM se darán “en el marco de la normativa vigente” y que la planta utilizará las “mejores tecnologías disponibles”, además de brindar “apoyo técnico y financiero para mejorar la calidad del agua del río Negro”. Aclaró que todos los proyectos están “sujetos a evaluaciones técnicas de impacto ambiental”.

Ayer se supo también que UTE, el MIEM y el MVOTMA están evaluando cuál es el “caudal mínimo” necesario para evitar la contaminación del agua del río Negro por la instalación de la planta.

Consultado sobre el impacto que tendrá UPM en el déficit fiscal, Astori aseguró que es “difícil de sintetizar en una cifra”, pero consideró que el proyecto tendrá “impactos fiscales positivos”. Mieres cuestionó que el gobierno “se siga endeudando” y que no someta estas decisiones a consideración del Parlamento.