La extensa reserva de agua subterránea conocida como “acuífero Guaraní”, que abarca territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, no tiene todavía una normativa a tono con su carácter transfronterizo. En agosto de 2010, los cuatro países firmaron un acuerdo que establece la potestad de las partes de realizar una gestión, monitoreo y aprovechamiento sustentable de las aguas del acuífero. Dispone además que los recursos deberán utilizarse “sobre la base de criterios de uso racional y sustentable, respetando la obligación de no causar perjuicio sensible a las demás partes ni al medio ambiente”. Por otra parte, el acuerdo establece que las partes “procederán al intercambio adecuado de información técnica sobre estudios, actividades y obras que contemplen el aprovechamiento sustentable de los recursos hídricos” del acuífero.

Pese a esta voluntad expresada por los gobiernos de los cuatro países, siete años después, el acuerdo todavía no ha sido ratificado por todos los parlamentos; aún resta media sanción en el Congreso de Paraguay. Actualmente, los países no tienen obligación de informar sobre el uso de las aguas del Guaraní en sus respectivos territorios, explicó a la diaria el subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rucks. “No hay ningún acuerdo regional de los países que comparten el Guaraní que los obligue el uno con el otro”, agregó. El 9 de agosto, Rucks compareció ante la comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes y contó que Brasil no le comunicó a Uruguay las acciones de fracking que está dispuesto a emprender, y que, según denuncian organizaciones sociales en Brasil, afectarían las aguas del acuífero.

El 21 de setiembre, un grupo de organizaciones sociales, entre ellas la Coalición No al Fracking en Brasil, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Federal de ese país para suspender la 14ª ronda de licitaciones impulsada por la Agencia Nacional de Petróleo y Gas con miras a suscribir contratos de exploración petrolera offshore y onshore con empresas privadas. Las organizaciones denuncian que la utilización del fracking “expone a millones de brasileños a riesgos e impactos” de contaminación ambiental de las reservas de agua superficiales y subterráneas, según informó la coalición contra el fracking en su página web. La Justicia brasileña había frenado en 2014 la 12ª ronda de licitaciones como medida cautelar.

Rucks dijo en comisión que en Brasil se dio “una serie de argumentos desde el sector científico y técnico de las universidades” respecto del impacto del fracking, que determinaron que el Poder Judicial de ese país paralizara los procesos de licitaciones. Ante una pregunta del diputado nacionalista Alejo Umpiérrez, Rucks dijo que Brasil no consultó a Uruguay sobre estas acciones, aunque consideró que en este caso no hay riesgo de contaminación transfronteriza. “Eso podríamos verlo, porque los estudios dicen que la contaminación de aguas transfronterizas no va más allá de 200 kilómetros de la frontera. Es decir, el proceso de traslado es tan lento por las formaciones geológicas de la cuenca del Paraná, que no habría efectos transfronterizos si se va más allá de los 200 kilómetros. Independientemente de eso, que son aspectos muy técnicos, el tema está presente en la región”, señaló el subsecretario. Consideró que en estos procesos juegan “los grandes intereses económicos en los temas de energía”.

El 12 de julio, en la comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, el director de la División de Calidad Ambiental de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Luis Reolón, explicó algo similar, a partir de los proyectos de investigación realizados sobre el acuífero. “Una de las conclusiones importantes a las que podemos llegar es que los problemas del acuífero Guaraní son más bien locales y no tanto regionales. No existe, de manera tan evidente, ese mito –incluso se le llamó hidromito– que dice que contaminando en San Pablo se podían contaminar nuestras termas, en el sur. Eso es muy apocalíptico, ya que el acuífero se comporta según los problemas locales; por supuesto, hay que cuidarlo, pero no tiene tanta comunicación con el agua superficial”, sostuvo.

En tanto, el director nacional de Aguas, Daniel Greif, dijo a la diaria que actualmente Uruguay cuenta con “una base muy grande de conocimiento científico sobre el acuífero”, y destacó que la creación del Centro Regional para la Gestión de las Aguas Subterráneas de América Latina y el Caribe, con apoyo de la UNESCO en 2014, permitió presentar proyectos para profundizar los estudios sobre el acuífero.

Si bien no hay todavía un ámbito de coordinación específico entre los países por el acuífero, por lo menos hasta que se apruebe el acuerdo, Greif apuntó que hay otros espacios de coordinación, como el Comité Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata. Sobre los contactos con Brasil por el fracking, Greif explicó que Uruguay hoy no tiene “herramientas para pedir información”, hasta que no se apruebe el acuerdo. De todos modos, recordó que cuando el gobierno uruguayo tuvo noticias de la extracción de aguas termales en Santana do Livramento, se le consultó a la Agencia Nacional de Aguas de Brasil: “Nos informaron y no hay drama”, aseguró Greif.

Adelantos

En el marco del acuerdo del acuífero Guaraní, Uruguay quedó encargado de implementar una red de monitoreo permanente de este. “Se nos pide que, de alguna manera, mantengamos un seguimiento de las actividades que se realizan en el acuífero. En particular, quedamos como responsables de llevar a cabo, en nuestro país, las acciones necesarias para proteger y asegurar el uso sostenible del recurso”, contó Rucks el 12 de julio en la comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes. Explicó que se llevó a cabo, a tales efectos, un plan estratégico que definió dos áreas piloto binacionales. Una de ellas es la de Salto-Concordia, en tanto “zona caracterizada por el desarrollo de las fuentes termales” donde “las perforaciones de pozos podían entrar en competencia entre sí, generando problemas en la sostenibilidad del uso del recurso, ya sea en su surgencia o en sus temperaturas”. En un trabajo conjunto de Argentina y Uruguay, con apoyo de la Universidad del Norte, se desarrolló un modelo hidrogeológico que permite el conocimiento de la dinámica del recurso a nivel local, para saber qué pasa si se perfora un pozo y cómo incide sobre los otros, explicó Rucks.

La segunda área piloto es Rivera-Santana do Livramento, donde también se generó un modelo hidrogeológico de funcionamiento del acuífero. “Se demostró que los pozos que eran, básicamente, de abastecimiento urbano para Santana y Rivera, tenían un comportamiento binacional muy relacionado”, contó el subsecretario. Además, aseguró que el gobierno uruguayo asumió el monitoreo de los pozos del acuífero y lo desarrolla hasta ahora.