La iniciativa que modifica la ley de financiamiento de los partidos políticos de 2009 tiene 33 artículos, pero ayer la discusión en el Senado se centró casi exclusivamente en uno: el que establece la distribución gratuita de minutos publicitarios en televisión abierta.

La bancada del Frente Amplio modificó la distribución de espacios gratuitos consagrada en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), una disposición que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La ley SCA establecía que 80% de la publicidad electoral gratuita debía distribuirse en forma proporcional, y el resto de manera igualitaria entre los partidos. En cambio, el proyecto aprobado ayer estableció que se distribuirá 45% en forma igualitaria entre los lemas con representación parlamentaria, 50% en forma proporcional a los votos obtenidos por cada lema en las elecciones nacionales inmediatas anteriores, y 5% para los nuevos partidos, con un tope máximo para cada uno de ellos igual al del partido con menor representación parlamentaria. En el caso de la segunda vuelta, el tiempo se distribuirá en partes iguales entre ambas fórmulas presidenciales. Esta fórmula incluso había generado consenso en otros partidos de la oposición, que finalmente votaron en forma contraria.

Al mismo tiempo, el proyecto establece que la publicidad paga deberá ser asignada por la Corte Electoral y prohíbe que los partidos políticos la adquieran directamente. La Corte Electoral “podrá adquirir, del tiempo destinado a mensajes publicitarios, la cantidad solicitada por cada partido político”, establece la iniciativa. Agrega que no se podrá hacer “distinción alguna en el precio de contratación, el cual deberá ser acordado previamente entre los medios de comunicación y la Corte Electoral”.

Los senadores de la oposición interpretaron que como la SCJ declaró inconstitucional una disposición similar de la ley de SCA, hará lo propio en el caso de esta ley. “Esto va rumbo a ser inconstitucional, de acá a la China. Si estaba tan mal distribuir 80%, ¿ahora está bien distribuir 50% [en forma proporcional a los votos]? No, porque el fundamento para rechazarlo es el mismo”, sostuvo el senador Pedro Bordaberry. Recordó que la SCJ entendió que la distribución proporcional de 80% restringía el derecho de expresión de los partidos minoritarios, y por tanto afectaba “principios básicos de la democracia y de nuestro sistema constitucional”.

En cambio, los legisladores del Frente Amplio (FA) consideraron que se trata de un proyecto distinto que no hace el mismo reparto, ya que asigna 50% en forma proporcional. “Algunos dicen que el FA va a tener más [minutos de televisión]. Yo digo que vamos a tener menos de lo que nos corresponde. Acá hay una resignación de los partidos con mayor peso electoral en favor de los que no tienen tanto caudal electoral”, afirmó el senador del FA Enrique Pintado.

Por su parte, las senadoras del FA Mónica Xavier y Constanza Moreira hicieron hincapié en que el sistema actual no garantiza la libertad de expresión de los partidos de manera igualitaria. “Hay una absoluta falta de igualdad, no sólo en los precios sino en la accesibilidad”, manifestó Xavier.

“Hoy, si los partidos o candidatos no tienen plata, no llegan. Hoy no hay libertad del elector. La propaganda paga violenta la libertad del elector, porque sólo les da posibilidad a algunos. Ya vimos cómo se compra la publicidad en la calle y en la televisión. El elector hoy sólo puede escuchar a los que pueden comprar”, remarcó Moreira. La senadora cuestionó la decisión de la SCJ respecto de la publicidad electoral y criticó que algunos legisladores opositores no quieran legislar por temor a que una ley sea declarada inconstitucional. “Yo soy legisladora y reclamo nuestro derecho a legislar, y no puedo creer que los políticos que están acá abdiquen de su poder de legislar en favor de la SCJ”, expresó. Consideró que “lo único igualitario de verdad es regularlo todo”. “Van a decir: ‘Estamos contra la libertad de empresa’. ¿Pero cómo es? Cuando se trata de la televisión gratuita, el principio es la igualdad. Pero cuando se trata de la televisión paga, el principio es la libertad de empresa”, señaló. Concluyó que “cada vez hay más plata en la política, y si no lo regulamos, vamos a despedirnos del sistema de partidos”.

Tanto Xavier como Moreira les dijeron a los legisladores opositores que si querían igualdad, deberían haber votado la prohibición total de la publicidad en televisión, como proponía el FA. El senador nacionalista Luis Alberto Heber consideró que prohibir totalmente la publicidad “también sería inconstitucional” y además “atentaría contra las mejores tradiciones de Uruguay” en materia de libre expresión.

Heber y también Jorge Gandini, senador suplente de Jorge Larrañaga, plantearon algunos problemas prácticos en la compra de minutos que los partidos políticos harían ante la Corte Electoral. Gandini contó que en las campañas electorales es él mismo quien negocia con los canales y quien paga las pautas. Hizo notar que en el escenario planteado por el proyecto, será el presidente del Directorio del Partido Nacional, Heber, quien resuelva cómo se distribuirán esos minutos en la interna del partido. “Esta es una ley que no miró la realidad, parece una ficción. ¿El partido negocia los espacios por mí?”, inquirió. Heber coincidió en que la distribución de los espacios dentro de los partidos será “un gran problema” y consideró que el proyecto de ley está hecho con “una lógica frenteamplista”.

Otras regulaciones

El proyecto de ley aprobado ayer por el Senado, que ahora será discutido en Diputados, establece también un tope a las donaciones de particulares a las campañas electorales de 300.000 unidades indexadas (UI) por cada donante (1,1 millón de pesos, aproximadamente). Los candidatos a presidente y vicepresidente podrán donar como máximo 400.000 UI (cerca de un millón y medio de pesos), los candidatos al Parlamento y las intendencias, 300.000 UI, los candidatos a ediles, 200.000 UI (aproximadamente 700.000 pesos), y los candidatos a alcaldes, 100.000 UI (cerca de 350.000 pesos). En cuanto al financiamiento permanente de los partidos, el tope es de 100.000 UI por cada donante en un año. Además, el proyecto establece que sólo podrán donar a los partidos las “personas físicas debidamente identificadas”.

Por otra parte, la iniciativa establece incentivos económicos a la participación de las mujeres en las listas. Dispone que el financiamiento estatal a los partidos por voto emitido se incrementará 15% cuando las listas sean encabezadas por mujeres, y 20% cuando la mujer que encabeza la lista efectivamente ocupe su banca o cargo.