El miércoles de noche, la Unión Autónoma de Obreros y Empleados de la Compañía del Gas levantó la ocupación de los locales de MontevideoGas y Conecta que había empezado el martes. A su vez, reunido en asamblea general, el sindicato resolvió realizar una movilización el martes frente a la sede del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM); y el lunes 13 iniciarán una huelga de hambre “en defensa del servicio público de gas natural, los usuarios y los puestos de trabajo si no se produce un avance sustancial en la problemática”, informó el gremio en un comunicado emitido ayer de noche.

En el texto los trabajadores señalan que habían tomado la medida de ocupación en respuesta al anuncio que Petrobras –grupo al que pertenecen MontevideoGas y Conecta– hizo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): que pretende enviar 55 trabajadores al seguro de paro. También informaron que el miércoles presentaron, en diferentes reuniones con la Comisión de Legislación del Trabajo, el MTSS y el MIEM, “una síntesis de las violaciones al contrato de concesión, pliego de condiciones de la licitación y convenio colectivo de estabilidad laboral que implican las acciones de Petrobras, en perjuicio de los usuarios y los trabajadores”. “Hemos fundamentado largamente la improcedencia de la reducción de personal como atentatoria contra la calidad del servicio que se presta”, agrega el comunicado.

Además, el sindicato informa que la empresa “nuevamente se burla” de la negociación colectiva al “ausentarse de la reunión de los Consejos de Salarios que ella misma solicitó al MTSS para supuestamente oficializar en un ámbito formal sus medidas de ajuste contra los trabajadores y los usuarios”. Por lo tanto, destaca que es “imprescindible que las autoridades públicas protejan los intereses frente a la acción de esta empresa extranjera”.

En ese sentido, el gremio se lamenta que en la reunión mantenida con Carolina Cosse, titular del MIEM, “y su equipo de dirección”, no se encontró la respuesta “que se necesita”. “Frente a varias opciones que han sido planteadas para establecer un compromiso de no dejar caer al sector del gas natural, aunque fuera en instancias reservadas con los trabajadores, la única alternativa planteada fue que se envió una nota a Petrobras en la que se le consultaba sobre nuestras denuncias. Esto, a todas luces, resulta insuficiente ante la ofensiva desplegada por aquella y el riesgo concreto de cierre. Parece que el único destino que se nos asigna es comprender la estrategia jurídica del ministerio y pagar las consecuencias sobre los usuarios y sobre nuestro trabajo”, interpreta el comunicado.

Por último, el sindicato indica que hoy “vuelve a instalarse el panorama de reducción de puestos de trabajo, afectación del servicio a los usuarios e incertidumbre total respecto del futuro del sector”. “No somos advenedizos ni oportunistas reclamando que otro haga lo que no estamos dispuestos a realizar, prueba de ello es nuestra disposición de lucha aun en las peores circunstancias. Sí sostenemos que el MIEM no puede mantenerse al margen de esta problemática, porque por las disposiciones de la concesión del servicio público es su obligación intervenir en defensa del usuario y de los trabajadores”, señala el comunicado. El sindicato además reitera el reclamo al MTSS de que tome un “posicionamiento contundente contra la reducción de puestos de trabajo y seguro de paro, violatorios del contrato de concesión y del convenio colectivo de estabilidad laboral”.

El diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo, señaló a la diaria que Petrobras está “apostando a chantajear al gobierno y utilizando a los trabajadores como rehenes”. A su juicio, la empresa reaccionó así por la medida que tomó el gobierno de ejecutar una de las garantías debido a sus incumplimientos. El diputado agregó que el anuncio del seguro de paro es otro “claro incumplimiento” del convenio colectivo entre trabajadores y empresarios, ya que un artículo señalaba que, ante dificultades laborales, se iba a “generar una especie de reestructuración sin envíos al seguro de paro y sin posibles despidos”. Para Núñez, el gobierno debe plantear claramente su estrategia frente a “cualquier eventualidad de la empresa que implique poner en riesgo” el suministro de gas, porque “no hay que dejarse arrear con el poncho, como está intentando hacer Petrobras”.