Mediante una delegación encabezada por el secretario de Presidencia, Miguel Toma, el Estado uruguayo está llevando adelante desde el lunes su defensa ante la demanda que la empresa de telecomunicaciones Italba hizo en el Centro Internacional para el Arreglo de las Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Esta empresa proveedora de servicios de banda ancha satelital alega que el Estado uruguayo violó el Tratado de Protección de Inversiones entre Estados Unidos y Uruguay, suscrito en 2005, cuando le revocó a su subsidiaria en el país, Trigosul, la licencia para operar. El embajador uruguayo en Estados Unidos, Carlos Gianelli, sostuvo que los reclamos de Italba se produjeron fuera de fecha, porque ya se cumplieron los tres años de proscripción que establece el artículo 26 del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) firmado entre los dos países. Además, Gianelli sostuvo que los “permisos precarios y revocables” de Trigosul –subsidiaria de Italba– no estaban incluidos entre las inversiones protegidas por el TBI.