Fabián Barreto vive en el oeste del departamento de Canelones, en Melgarejo, zona rural ubicada a cuatro kilómetros de Aguas Corrientes y a seis de la capital canaria. Es productor familiar: su principal cosecha la obtiene de las ocho hectáreas de viñas con las que elabora vino. Es, además, integrante de la Sociedad de Fomento Rural de Melgarejo. Contó a la diaria que el martes, cuando fue a curar sus viñedos, encontró cerca de una hectárea dañada. Presume que se debe a la aplicación del herbicida 2,4-D que hizo un vecino en plantaciones de sorgo, a 200 metros de su viña.

La afectación comienza por las puntas de las ramas, es un proceso lento que deja a las plantas “raquíticas, o las termina de matar”, detalló. No logró hacer la denuncia vía web, pero se comunicó directamente con el director departamental del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y de esa forma logró que mañana se trasladen a la zona funcionarios de la Dirección General de Servicios Agrícolas para evaluar el daño. Barreto especula que lo que ocurrió es consecuencia de la fumigación que hizo su vecino, porque, hace dos semanas, una hectárea de viña de otro productor vecino fue quemada por la deriva de ese herbicida. Barreto pensó que él había “zafado”, relata, pero ahora se da cuenta de que no. No obstante, no descarta que el daño pueda haber sido provocado por un productor lechero. Ya se comunicó con el vecino que tiene el cuadro de sorgo y le mostró cómo quedó su viña; de todos modos, resolvió hacer la denuncia. “No puedo hacer la vista gorda, si no doy el ejemplo por los que no tienen voz, no lo va a dar nadie”, explicó.

Fue en la Sociedad de Fomento Rural de Melgarejo donde hace seis meses se hizo una reunión a la que concurrieron cerca de 400 productores que, mayoritariamente, se opusieron a la intención de la Intendencia de Canelones (IC) de crear un Plan de Ordenamiento Rural que permita gestionar los conflictos de interés que se dan en el departamento canario. Los casos más sonados han sido los provocados por la fumigación de cultivos de soja o maíz transgénico en Paso Picón, Laguna del Cisne y La Armonía, en donde vecinos y productores han sufrido daños importantes. Barreto relató que la zona “está rodeada por gente que planta soja y trigo”, y que en aquella reunión “argumentaban que ellos no eran el problema”. “Pero el problema, evidentemente, son ellos, porque no tienen control, no tienen criterio: ponen a cualquier loco a trabajar arriba del tractor y le dan para adelante. Si tienen que poner 20 litros de dosis, le ponen, y si le tienen que poner 100, le ponen, no les importa nada; ellos quieren que salga el trabajo y chau”, protestó. Barreto es partidario de poner un límite: “Hay que tratar de frenarlos un poco: o se regula o se prohíbe, tiene que haber más control, porque perjudican a la producción”. Estima que la hectárea dañada implicará una pérdida de 10.000 dólares. “Es mucha plata. Si sos grande, una hectárea no es tanto, pero yo, que tengo ocho, si me falta una me corta los pies”, lamentó. Además, el “lucro cesante” puede extenderse por dos años, porque las ramas que ahora no se desarrollan limitarán la producción del siguiente ciclo, explicó.

Ya se sabe que no es sencilla la convivencia de los pequeños productores con el agronegocio, pero en este caso se trata de productores ganaderos y lecheros que han ido adquiriendo mayores fracciones de campo. Barreto agregó que en la reunión de productores en Melgarejo, quienes opusieron resistencia al plan de ordenamiento argumentaban “que los [productores] chicos contaminamos más que ellos, que una fruta tiene más contaminantes que la soja; capaz que es cierto, pero ellos fumigan 100, 200 hectáreas, y el error que tengan puede ser brutal; un pequeño productor fumiga media hectárea de tomate”, dijo, explicitando que el margen de deriva es mucho menor. “Es una cuestión de manejo”, aseguró, al tiempo que pidió más controles, ilustrando que se ven envases de agroquímicos tirados por todos lados, cuando se debería cumplir con un detallado (y obligatorio) proceso de gestión de residuos.

Todo esto ocurre a cuatro kilómetros de la planta potabilizadora de Aguas Corrientes. Barreto dijo que hay una cañada cercana, aunque acotó que es de bajo caudal, y que no están ubicados en una zona buffer, de amortiguación, definida por el gobierno para proteger la cuenca del río Santa Lucía.

Plan de coexistencia

En marzo la IC comenzó el proceso de elaboración del plan de ordenamiento rural. La reunión en Melgarejo fue una de las 21 instancias de discusión e intercambio promovidas por las autoridades canarias, con el fin de contar con el plan en marzo de 2018, previa aprobación de la Junta Departamental.

Matías Carámbula, director de la Agencia de Desarrollo Rural de la IC, explicó a la diaria que en 15 días presentarán un segundo borrador del plan. No quiso adelantar detalles, pero reafirmó que el objetivo es defender la producción familiar, los sistemas de producción de alimentos, los recursos naturales (fundamentalmente el agua) y la salud humana. “Probablemente se plantee que en algunas zonas es muy difícil la coexistencia: en algunas zonas no asumimos la coexistencia”, dijo. Para determinar eso se cruzan algunas variables, como la densidad de población y la distancia de cursos de agua, y la existencia de viviendas. “El plan tiene un sentido preventivo y precautorio”, explicó.