“La reflexión que desde Naciones Unidas hacemos es que el mundo sigue girando. No se ha hundido nada, no ha explotado nada, no hay parálisis, la vida sigue, porque esto es una construcción y es un hito importante para la historia del país”, comenzó su exposición Mireia Villar, coordinadora residente de Naciones Unidas en Uruguay, en la apertura del VII Espacio de Innovación Penitenciaria sobre “Impacto del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en las cárceles”. La actividad se realizó ayer en el edificio anexo del Palacio Legislativo y fue organizada por el comisionado parlamentario sobre el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, con el objetivo de intercambiar visiones entre actores judiciales y académicos.

Villar sostuvo que el nuevo CPP “sin duda es perfectible”, pero cuestionó “ese sentir de que va a haber un descalabro”. “Mucho menos, todo lo contrario: con los ajustes necesarios vamos a poder estar garantizando los derechos de todas las personas”, sostuvo la representante de Naciones Unidas en Uruguay.

En la misma línea opinaron Petit, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, y el fiscal de Corte, Jorge Díaz. “Salimos de las cavernas. Obviamente los primeros pasos son complicados, pero hay una enormidad de instrumentos para trabajar en cárceles con el nuevo código”, destacó Petit.

Chediak sostuvo que “al sistema hay que darle tiempo” y que “ya ha demostrado una cantidad de ventajas”. Mencionó la transparencia del nuevo proceso, que habilita a que las audiencias sean públicas y elimina el “pretexto” del secreto del presumario para no informar sobre las causas. También resaltó que el nuevo código evita “esa situación, inmerecida para una democracia plena”, de tener personas presas sin condena, y permite cumplir con el plazo constitucional que establece que las personas no pueden estar detenidas sin resolución durante más de 24 horas.

El presidente de la SCJ destacó positivamente que el nuevo código quita algunos “poderes” al juez penal para dárselos al fiscal. “La idea era dividir ese poder para que todos tuviéramos más garantías. Lo que tenemos que aprender es a jugar con las nuevas reglas”, sostuvo.

Sobre la eficacia del nuevo sistema, Chediak pidió paciencia. “Lo que siempre ha pasado, en la veintena de países que ya han efectuado esta reforma, es que en general en los primeros tiempos la eficacia del sistema baja, porque no hay más remedio, el cambio es demasiado grande. Y simplemente lo que sucede es que, con el tiempo, los operadores vamos adquiriendo experiencia práctica y se vuelve en principio a los niveles de eficacia que tenía el CPP de 1980, y estamos seguros de que se va a superar”, aseguró.

Jorge Díaz, quien ha tenido algunos cruces con la Suprema Corte de Justicia en relación con las causas de la dictadura, coincidió en este caso “101%” con lo dicho por Chediak, manifestó. Destacó la transparencia –“hoy todo el mundo sabe lo que hay detrás de esa puerta, eso es transparencia democrática”, sostuvo– y el cambio en el concepto de prisión preventiva. “Antes la prisión preventiva funcionaba como una pena anticipada, y ahora es una medida cautelar”, indicó. En relación con esto, Díaz recordó que las personas que están en prisión preventiva como una medida cautelar son “jurídicamente inocentes” y, por tanto, deberían ser recluidas en un establecimiento diferente a aquel en el que están recluidas las personas que están con condena, una materia aún pendiente.

Díaz también indicó que con el nuevo CPP cambia “el objeto del proceso penal”, que antes era “probar la verdad material de los hechos” e imponer una pena, y ahora se trata de “resolver un conflicto” entre víctima y victimario. Confesó que le genera “cierto escozor” que en el caso de un delito de hurto haya un acuerdo entre víctima y victimario; “la sociedad dice: ‘qué horrible, pidió disculpas y lo dejaron libre’”.

Adriana Berezán, presidenta de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, aseguró, parafraseando a Díaz, que con el nuevo código los defensores públicos están como “perro con dos colas”. “Siempre soñé con poder ejercer la defensa pública desde este lugar”, afirmó, y mencionó, por ejemplo, la posibilidad de hablar en privado con el defendido antes del juicio.

Berezán fue muy crítica con algunos medios de comunicación y periodistas que “prenden fuego a una persona” y después “no hay vuelta atrás”, en probable referencia a las críticas que recibieron los defensores del presunto homicida de Brissa González. “Tenemos algunas actitudes como seres humanos que a mí me han asustado. Ver que el ciudadano común no sepa realmente lo que significa la presunción de inocencia...”, cuestionó, y afirmó que “el agravio de la mano de la ignorancia es doble agravio”. También criticó a los legisladores que pretenden “legislar a golpe de balde” y proponen cadena perpetua y castración química para los agresores. “Seamos coherentes, porque en esta casa [en referencia al Parlamento] es donde el equilibrio de la sociedad se juega, hay que ser equilibrado a la hora de aumentar penas y generar nuevas figuras delictivas”, alertó.

Experiencia y juventud

La coordinadora residente de Naciones Unidas consideró que “uno de los eslabones más débiles” del nuevo CPP es “la implementación por parte del sistema de justicia”, porque allí “no necesariamente hay una mirada unísona respecto de la interpretación del nuevo CPP, y a veces hay desconocimiento”. “Hay que seguir trabajando para que se absorba, para que se entienda”, estimó la funcionaria.

Consultado al respecto por la prensa, Chediak recordó que los operadores judiciales no tienen experiencia en esta nueva modalidad procesal. “Y la experiencia como tal no se puede adquirir en otro lugar que ejerciendo los cargos, porque, si no, mezclamos idoneidad profesional –todos tenemos título de abogado, tenemos capacitación, hemos hecho los cursos– con experiencia, que es insustituible”, advirtió. Agregó que sustituir algunas funciones que antes tenían los jueces, como la supervisión de la investigación policial y el tratamiento de la flagrancia, y “dar esas funciones a otro colectivo que quizá tiene las mismas calidades profesionales, pero que no tiene experiencia”, y esperar que el sistema funcione mejor automáticamente, es esperar “un milagro”.

Impacto en cárceles

Sobre las consecuencias específicas que tendrá la aplicación del nuevo CPP en el sistema penitenciario, ningún actor se animó a aventurar si habrá más o menos personas presas. “Vamos a tener una evaluación bastante más clara del efecto del impacto de la reforma en el sistema carcelario dentro de un año”, señaló Chediak.

Díaz evaluó que cambiará la “composición” de la población carcelaria. Actualmente, 70% de los presos no tiene condena. El fiscal de Corte afirmó que con el nuevo código “ese porcentaje se va a invertir” y se pasará “gradualmente a tener una mayor cantidad de personas con sentencia”.

Analfabetismo en las cárceles

El comisionado parlamentario sobre el sistema penitenciario advirtió que la población penitenciaria que es analfabeta o semianalfabeta “no debe bajar del 20%”. “Eso es muy grave. ¿Qué trabajo puede conseguir alguien que no sabe ni leer ni escribir y sale de la cárcel? Creo que el Codicen [Consejo Directivo Central] tiene que dar una respuesta, tiene que haber un plan de alfabetización. Un alto porcentaje de los analfabetos del país está en el sistema penitenciario, eso requiere un programa específico. No es costosísimo, no estamos hablando de una inversión estrafalaria, estamos hablando de saber leer, escribir y hacer cuentas. Si no tenemos ese piso mínimo, ¿qué podemos esperar? ¿de qué ciudadanía estamos hablando?”, inquirió. Mencionó el caso de una cárcel que tiene 10% de analfabetos, de algunas cárceles del interior donde ese porcentaje llega a 20% y de algunos módulos del Comcar donde 40% de las personas tiene “serios problemas para leer y escribir”. “El problema está planteado, está sonando dentro del propio Estado. Esperemos que se responda”, reclamó.