Ayer empezó a sesionar la Comisión Permanente del Parlamento y, como es habitual cada verano, comenzó a dibujarse la lista de secretarios de Estado que desfilarán por este cuerpo. Por lo pronto, los ministros Danilo Astori, de Economía y Finanzas, y Carolina Cosse, de Industria, Energía y Minería, fueron convocados ayer a la Comisión Permanente para justificar el aumento de las tarifas públicas anunciado el 5 de diciembre. En el caso de Cosse, deberá comparecer en dos ocasiones, porque además tendrá que explicar el contrato que el gobierno firmó con Shell para reimpulsar la instalación de la planta regasificadora.

Respecto de las tarifas públicas, la convocatoria fue promocionada por el senador nacionalista Álvaro Delgado y su par colorado José Amorín. El senador nacionalista viene sosteniendo que la decisión tomada en algunas empresas públicas, como UTE y ANCAP, no fue discutida en los respectivos directorios. Si bien la propuesta original de Delgado era citar únicamente a Cosse, Amorín propuso llamar también a Astori, dado que “es el que pone los precios” y, por tanto, “quien tiene que venir a dar las explicaciones”. Según el legislador colorado, comparar el aumento de las tarifas con el Índice de Precios al Consumo no es serio: “Lo que importa en realidad son los costos de las empresas, y todos bajaron. En el mundo son más baratas las comunicaciones y UTE estaba en condiciones de bajar los costos, pero Astori aumenta la diferencia entre el costo y el precio que tendrán las tarifas para sacar mayor diferencia en favor de Rentas Generales”. Para Amorín, la política detrás de esta suba de tarifas es “pasar a rentas generales cientos de millones de dólares para tapar el agujero fiscal”.

El 5 de diciembre, el gobierno anunció aumentos de 9,8% para la nafta, 4,8% para el gasoil, 3,2% en las tarifas de UTE y 6,5% en las de OSE y Antel, cifra que se espera que alcance la inflación anual en 2017.

Nuevo contrato

El diputado nacionalista Pablo Abdala también llamará a Cosse para que explique las condiciones “leoninas” del contrato no vinculante que el gobierno firmó por medio de Gas Sayago con Shell para estudiar la viabilidad de reflotar el proyecto de la regasificadora.

Abdala viene sosteniendo que concretar el acuerdo tal como se establece en el memorándum significaría, en los hechos, un monopolio privado en favor de la empresa multinacional, que podría manejar directamente y sin límites el negocio del gas natural en Uruguay. Según el legislador, el contrato establece que, de concretarse el emprendimiento, Gas Sayago entregaría todos sus bienes a Shell y que la multinacional, además, resolvería los niveles de producción, a quién se le vende el gas y a qué precio. El diputado también denunció la falta de previsión de un proceso licitatorio; dijo que el proyecto requeriría la aprobación del Parlamento y que, de concretarse, perforaría el monopolio de ANCAP.