“Inmediatamente después de conocerse el fallo pericial, que establece que Michelle Suárez falsificó firmas en un expediente judicial, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) y Suárez resolvieron su renuncia a la banca en el Senado”, dice el comunicado que el PCU hizo público ayer. “En el terreno estrictamente partidario, y como parte de las medidas adoptadas al comienzo de este proceso, la compañera Michelle Suárez se presentó ante la Comisión de Control del PCU; la misma analizará su actuación con los nuevos elementos y emitirá su pronunciamiento”, dice el texto. La titularidad de la banca fue asumida por Juan Castillo, secretario general del PCU. Los comunistas afirman que asumen la parte de responsabilidad que les toca, y, también, “las consecuencias del pronunciamiento judicial”. Además, “el PCU expresa su solidaridad con todas y todos quienes se vieron afectados, en particular las familias involucradas en los casos judiciales que están siendo investigados”.

Castillo dijo a la diaria que en cuanto conocieron la resolución de los peritos calígrafos se comunicaron con la presidenta de la Cámara de Senadores, Lucía Topolansky, para informarle que Suárez abandonaría la banca y el PCU presentaría la renuncia formal en el correr de la tarde; de inmediato partió una integrante del PCU para que la ex senadora firmara el documento.

El senador aseguró que se trata de un momento “difícil y doloroso”. “No puedo disimular mi estado de ánimo. Este es un momento complicado, todavía no salgo de mi asombro”, afirmó. Castillo sostuvo que habló con Suárez el lunes y ella le transmitió “seguridad y firmeza”. “Dijo que es consciente de en qué lugar estaba parada. Hasta el último minuto afirmó que no había cometido ningún ilícito”.

El caso que involucra a la ex senadora comenzó en 2014, cuando un hombre la denunció por la falsificación de su firma en el juicio que mantenía con su ex pareja por la tenencia de su hija. La ex senadora era abogada de la mujer, y Rosario Sánchez, abogada que antes había trabajado con Suárez, era la abogada del hombre. A mediados de noviembre de este año, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) citó tanto a Suárez como a Sánchez para tener el testimonio de todas las partes. Durante la audiencia, Suárez admitió que el escrito de renuncia de la patria potestad por parte del hombre fue redactado por ella, y que su socia lo firmó después; en tanto, Sánchez declaró que no había rubricado el expediente. De esa manera, la integrante del PCU enfrentó dos acusaciones: la de falsificar la rúbrica del hombre y la de la abogada. Ayer, la pericia concluyó que la ex senadora había falsificado la firma de la abogada, según informó Subrayado.

Castillo dijo que “la resolución la inculpa directamente. Cuando aparecieron las denuncias en los medios de comunicación dijimos que no teníamos nada para enjuiciarla, no estaba siendo denunciada por una actitud no ética en política sino en su vida profesional; de todas formas, dijimos que íbamos a esperar el fallo de la Justicia para actuar. Hoy lo que tenemos es una resolución que reafirma que falsificó firmas en expedientes en temas muy sensibles vinculados a los derechos humanos; de inmediato la resolución del partido fue solicitar que renuncie a la banca, que era donde nos representaba a los comunistas”. El senador dijo que en lo que queda de la semana se reunirá con el resto de los integrantes de su partido para analizar el caso. Suárez asumió la banca el 10 de octubre y fue la primera mujer trans en ocupar un lugar en la cámara alta. También fue integrante activa del colectivo Ovejas Negras y una de las redactoras de la ley de matrimonio igualitario, promulgada el 3 de mayo de 2013. “Ella integraba la lista de nuestro partido en un lugar destacado, por su lucha social, por su constancia y por su historia”, dijo Castillo.

Por su parte, el colectivo Ovejas Negras emitió un comunicado ayer en el que aseguran que les sorprendió y entristeció el fallo pericial. “Seguiremos alentando la inclusión de los sectores excluidos, esperando que este hecho no sea usado como excusa para estigmatizar e invalidar la lucha por una sociedad igualitaria”, afirmaron. Además, se solidarizan con “las personas que hayan visto sus derechos vulnerados por efecto de la situación que expone la pericia” y recuerdan que la situación involucra “exclusivamente la práctica profesional privada” de Suárez.