Sólo con los votos del Frente Amplio (FA) se aprobó ayer en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica plazos y condiciones para los desalojos colectivos y el régimen de prescripciones adquisitivas quinquenales. A pedido del FA, el proyecto pasó ayer a la Cámara de Senadores. Uno de los argumentos de la oposición para no acompañar la iniciativa fue que el texto, que ingresó en la cámara baja el 5 de diciembre, no fue discutido en la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y no hubo consultas con especialistas.
El diputado Ope Pasquet (Partido Colorado, PC) dijo que las condiciones en las que se trató el proyecto hicieron que todos los que no son del FA votaran en contra. “No votamos en contra por falta de solidaridad, votamos en contra porque no vamos a permitir que nos atropellen de esta manera”, aseguró el representante.
El diputado Federico Casaretto (Partido Nacional,PN) afirmó que el proyecto es perjudicial para, por ejemplo, Maldonado, porque da una “pésima señal” a los inversores del departamento. Alejo Umpiérez (PN) dijo que la aprobación del proyecto “es una barbaridad y un atropello: no se puede hacer legislación express”. A pesar de que consideró que el articulado se puede trabajar, dijo que detrás “hay un proyecto político”.
En tanto, el representante Edgardo Rodríguez (FA) sostuvo que “hay decisión política de que las prescripciones sean más rápidas”. El texto dice que “se entiende por desalojos colectivos aquellas acciones que tienen como objetivo desalojar a cinco o más núcleos familiares que se encuentren ocupando un mismo inmueble o un conjunto de inmuebles que conforman un mismo asentamiento o edificio”. Además, “con la presentación de la demanda de desalojo colectivo, el accionante deberá acompañar y acreditar un proyecto sobre las obras o destino que le dará a el o los inmuebles. El juez deberá valorar si el proyecto o destino que se le dará es viable y asegurarse de que garantice que estos no serán nuevamente abandonados y objeto de ocupaciones precarias”.