Ayer en la mañana una mujer fue encontrada muerta, con signos de haber sido apuñalada, en San Carlos (Maldonado); su ex pareja también fue hallado muerto, pero, según la información previa, se habría suicidado, lo que lleva a suponer a la Policía que se trata de un nuevo caso de femicidio. Esta institución confirmó a FM Gente que en los últimos meses la víctima había radicado varias denuncias contra el agresor, e incluso pesaba sobre el hombre una orden de restricción.

Ayer en la tarde, la Cámara de Diputados empezó a discutir el proyecto de ley integral contra la violencia basada en género. El debate empezó con un pedido de los partidos de oposición de devolver el proyecto a la Comisión de Equidad y Género e integrar a la Comisión de Legislación y Códigos. El diputado Pablo Abdala (Partido Nacional, PN) argumentó no haber tenido tiempo para leer el documento, y aseguró que sería irresponsable aprobar un proyecto “tan importante” sin haberlo leído. Sin embargo, Luis Puig (Frente Amplio, FA) recordó que el texto llevaba dos años en la Cámara de Senadores, que lo aprobó por unanimidad el 15 de noviembre. “Que una cámara tenga un proyecto no implica que la otra cámara lo desconozca. Este Parlamento tiene la suficiente madurez e información para aprobar este proyecto”, dijo Puig. Cecilia Bottino (FA), integrante de la Comisión Especial de Equidad y Género, agregó: “Este Parlamento es responsable de la violencia de género. Nos siguen matando, hoy otra mujer fue asesinada en manos de su ex pareja, para nosotros es prioritario avanzar en este proyecto”.

Finalmente la moción de la oposición no prosperó y el proyecto se empezó a discutir; no obstante, pasadas las 20.00 se aprobó otra moción que postergó la discusión hasta hoy a las 15.00. La propuesta fue presentada por los diputados Jorge Pozzi (FA), Ope Pasquet (Partido Colorado, PC) e Iván Posada (Partido Independiente, PI).

El debate

En la discusión, las diputadas Gloria Rodíguez (PN), Elisabeth Arrieta (PN), Orquídea Minetti (FA) y Susana Pereyra (FA) defendieron el proyecto, mientras que Pablo González (FA) y Patricia Vázquez (PN) plantearon sus reparos. Incluso, esta última dijo que no acompañará la iniciativa, entre otras cosas porque su título es “muy estricto”: la diputada dijo que se debería cambiar su denominación por el de una ley contra la “violencia hacia las personas en situación de vulnerabilidad”. “La perspectiva de género no es una ideología que sea favorable para la población en general. No acompaño porque [además] respalda la ley del aborto a texto expreso. Si bien ha sido aprobada, yo insisto en no considerarla”, argumentó.

En tanto, González dijo tener una “lectura crítica del proyecto”, y explicó que le preocupa que se vulnere el derecho de los niños a tener un vínculo parental, aunque aseguró que el proyecto implica un avance en algunos aspectos como, por ejemplo, el acceso gratuito a la Justicia.

Entre las voces que se alzaron a favor de aprobar el articulado, Rodríguez dijo que se trata de una herramienta para proteger a niños, niñas y adolescentes de todo tipo de violencia. Minetti también argumentó a favor: “Nos queda por delante un buen camino para erradicar la violencia en todas sus formas, pero la aprobación de esta ley es el primer paso”. En tanto, Pereyra aseguró que se trata de una ley “imprescindible para dar una respuesta a la sociedad. Surge la necesidad de un accionar más profundo con políticas que combatan la violencia en general, no sólo sobre las mujeres sino sobre niños, niñas y adolescentes”.

Arrieta reflexionó sobre las “fuertes contradicciones y debates” que se dan cuando se plantea la igualdad de género. “Estamos lejos, en esta lucha por la equidad, de eliminar la discriminación. Estoy convencida de que esta lucha tiene mucho por delante, queda mucho por hacer”. La legisladora enfatizó que el proyecto es a esos efectos “un posible nuevo instrumento que siempre se puede mejorar”. Desde todos los organismos internacionales se recomienda tener [una ley integral], no va a ser mágico, no lo es ninguna ley, pero son instrumentos que contribuyen a la solución de los problemas sociales”, sostuvo.

El texto

El proyecto tipifica el abuso sexual, un delito que hasta ahora es denominado “atentado violento al pudor”, aunque en este tipo de delito se mantiene la pena: desde ocho meses de prisión a seis años de penitenciaría. A partir de la nueva ley, el sexo oral no consentido se considerará “abuso sexual especialmente agravado”, y la pena mínima será de dos a 12 años de penitenciaría.

El proyecto incorpora el derecho de la mujer a que su testimonio no sea desvalorizado “en base a estereotipos de género sustentados en la inferioridad o sometimiento de las mujeres, o en otros factores de discriminación”, y el derecho de las mujeres víctimas de violencia a “la verdad, la justicia y la reparación a través de un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes”.

Además, ofrece protección para los niños víctimas de violencia y abuso, estableciendo que su relato de los hechos debe ser recabado por personal técnico especializado, en lugares adecuados y evitando su reiteración. En las audiencias no podrá estar presente la persona denunciada como agresora, y la defensa no podrá formular preguntas a la niña, niño o adolescente, salvo previa autorización del tribunal, y solamente mediante personal técnico especializado.