En enero de 2011, el gobierno aprobó el Decreto 3/2011, que fijó la “movilidad regulada de usuarios amparados por el Sistema Nacional Integrado de Salud” (SNIS), más conocido como corralito mutual. El decreto habilitó que cada febrero pudieran cambiar de prestador de salud las personas que llevaran más de tres años afiliadas a la misma institución. La identificación, en 2017, de varios casos de intermediación lucrativa –delito que consiste en el pago de dinero a una persona con el fin de afiliarla a una mutualista– provocó que el miércoles 13 Jorge Basso, titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), anunciara la suspensión temporal del Decreto 3/2011. De este modo, si un usuario quiere cambiar de prestador de salud, no podrá hacerlo sin explicitar los motivos. Las únicas tres razones aceptadas para ello son: cambio de domicilio; razones económicas que le impidan continuar afiliado a una mutualista; disconformidad manifiesta por la atención recibida. En estos casos, los interesados deberán solicitar el cambio, por escrito, a la Junta Nacional de Salud (Junasa) o a sus filiales departamentales.

Si bien el tema estaba siendo tratado en la Junasa –donde tienen representación el MSP, el Banco de Previsión Social, los prestadores de salud, los trabajadores y los usuarios–, la medida no surgió de ese ámbito. Ayer volvió a sesionar este organismo y asistió el ministro Basso, que no suele hacerlo. Nelson Sena, representante en la Junasa del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada, informó a la diaria que el Poder Ejecutivo comunicó hoy que “va a redactar un decreto que lo único que en principio asegura es que la apertura de este corralito no se va a hacer”. “No significa que en 2019 no se lleve adelante”, aclaró, y transmitió que el MSP “va a intentar poner elementos de seguridad tecnológica que permitan bajar todas las probabilidades de venta de afiliación”. Sena comentó que entre fines de 2016 y febrero de 2017 “varias empresas pagaron un promedio de 2.750 pesos para cambiar de afiliación de un lado a otro, y esa plata salía del Fonasa [Fondo Nacional de Salud]”.

El referente de los usuarios manifestó molestia por que no haya habido una comunicación previa en la Junasa, pero saludó la iniciativa, que a su entender “da la posibilidad de que algunas cosas que se estaban haciendo mal se subsanen”, y dijo que por eso dio “un apoyo crítico”. Propuso que se haga una campaña para difundir los cambios y que todos tengan claro cómo y ante quién solicitar el cambio de institución.

La opinión entre los trabajadores está dividida. La Federación Uruguaya de la Salud expresó su total apoyo al cambio propuesto por el gobierno, pero no piensan lo mismo los gremios médicos. Al día siguiente del anuncio de Basso, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) emitió un comunicado en el que rechaza la decisión del gobierno, condena la intermediación lucrativa y pide “eliminar el ‘corralito mutual’ en pos de la libertad de elección del usuario de asistirse donde lo desee, y optar por cambiar de prestador durante todo el año”. El SMU agregó que hay herramientas tecnológicas y manifestó sorpresa porque “no se hayan encontrado mecanismos para combatir la intermediación lucrativa”. La Federación Médica del Interior (Femi) también rechaza la medida. “No estamos de acuerdo con el corralito. Tiene que ser una libre elección de los usuarios”, dijo a la diaria Gustavo Fernández, presidente de la gremial, y acotó que en verdad lo que había hasta ahora era “un corralón: sólo una ventana de un mes, y ahora ni siquiera existe”.

Disputa por afiliados

Las instituciones privadas de salud tampoco coinciden entre sí. La Unión de la Mutualidad del Uruguay (UMU), que nuclea a la Asociación Española, Casa de Galicia y Gremca, respalda la medida anunciada por el MSP. “Esta medida, transitoriamente adoptada mientras se encuentran mecanismos eficaces para combatir real y eficazmente la comisión del delito de intermediación lucrativa, si bien no constituye la situación ideal ni final del tema, debe considerarse necesaria en el plazo inmediato para poder poner fin definitivamente a la intermediación lucrativa, de una vez y para siempre”, expresó la UMU el martes, mediante una carta.

Según supo la diaria, la medida no es del agrado de las instituciones privadas de salud del interior del país ni del resto de las mutualistas de Montevideo. Sin embargo, fuentes del sector declararon a este medio que los representantes de los prestadores de salud le tomaron la palabra al presidente de la Junasa, Arturo Echevarría, que aseguró que la medida sería temporal, y que se volverá a abrir el corralito en febrero de 2019, cuando se hayan mejorado los procedimientos para evitar la intermediación lucrativa.

La percepción de algunos referentes del sector mutual tiene relación con cómo les ha ido en las aperturas de cada corralito. Uno de los que más se oponen al cambio es Cosem, el mayor captador de afiliados tras la apertura de los corralitos (que en los últimos tres años aumentó anualmente alrededor de 6% su número de afiliados, a lo que se suma el 11% obtenido en 2014). Casa de Galicia ha tenido saldo negativo de afiliados durante las cuatro últimas aperturas de corralitos, y Gremca tuvo saldo negativo en 2014 y 2017. El número de afiliados de la Asociación Española creció entre 0,6% (en 2014) y 1,85% (2017), valores positivos pero menores que los que obtuvieron, por ejemplo, Médica Uruguaya (entre 1,85% y 3,5%) y Círculo Católico (que aumentó alrededor de 5% sus afiliados en los últimos tres años).

En su comunicado, el SMU advirtió que la eliminación del corralito “castiga” a las mutualistas “que mejor gestionan y puede premiar a aquellas que lo hacen mal”. De paso, recordó que “son escasos los parámetros e indicadores objetivos de calidad asistencial para que el usuario elija con fundamentos al prestador de salud que mejor calidad demuestre”.