La comisión investigadora parlamentaria de la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) tuvo ayer la penúltima sesión del año. En ella intentó redondear el primer tema en el que se enfocó: las presuntas irregularidades en la contratación del servicio de ambulancias en Bella Unión. Comenzó, además, a tratar las denuncias que motivaron la destitución de Andrés Toriani, ex director del Hospital de Rivera. Los legisladores recibieron a tres jerarcas de ASSE: Richard Millán, gerente general, Héctor Garbarino, gerente administrativo, y Gerardo Pose, director de Jurídica.

Cartas

En el caso del hospital de Bella Unión, la comisión analiza la contratación de traslados de la emergencia móvil Siemm SRL, propiedad de tres médicos relacionados con el hospital de Bella Unión: Federico Eguren, director el hospital entre 2007 y 2012 (actual director del Centro Hospitalario Pereira Rossell); Marcos García, director del hospital entre 2013 y 2014 (actualmente dirige el Hospital Departamental de Salto), y Rodrigo Barcelona, en aquel momento pediatra del hospital (dirige ahora el Hospital Pediátrico del Pereira Rossell). Se analiza la multiplicación por más de 20 del gasto del hospital en traslados y el desmantelamiento del servicio propio de traslados entre 2012 y 2013. Ese servicio volvió a crearse a comienzos de este año, cuando el Tribunal de Cuentas (TC) observó la contratación de empresas propiedad de funcionarios de ASSE.

En diálogo con la diaria, Eduardo Rubio, diputado denunciante (Unidad Popular), Martín Lema (Partido Nacional, PN) y Daniel Radío (Partido Independiente) señalaron que lo más novedoso del caso de Bella Unión fueron las declaraciones de Pose, a quien se le consultó por una carta que elevó en marzo de 2013 el entonces director García, en la que planteaba que no correspondía que él ordenara el gasto para contratar a Siemm. Según Rubio, Pose confirmó que había recibido la carta y que hablaba de una posible incompatibilidad, “pero no explicaba qué contrato era, ni de qué empresa se estaba hablando, ni qué vinculo tenía él con la empresa. Por eso, remitieron la carta al origen, al hospital de Bella Unión, para que el doctor García, o el doctor [Washington] Pereira [subdirector del hospital desde 2010] detallaran mejor la situación, y [Pose] confirmó que nunca le respondieron”. “La carta fue de una vaguedad tal que impidió que la Dirección Jurídica se expidiera sobre el tema, por tanto no parece esto un atenuante tal como lo planteaba el directorio de ASSE”, planteó Rubio.

García cedió su tercio de acciones de Siemm en junio de 2013 y las recuperó en marzo de 2015, cuando renunció a la dirección del hospital, pero, tal como reconoció la semana pasada Millán en la investigadora, durante un mes y medio fue propietario de la empresa y ordenador del gasto. Por eso recibió una amonestación en el legajo, pero, dado que ahora ocupa un lugar de mayor jerarquía, la oposición reprocha que fue ascendido.

Rubio cuestionó, además, que Siemm tuviera afiliados a los que les daba recetas para retirar medicamentos en el hospital. Si bien eran usuarios de ASSE, Rubio indicó que la responsable de la farmacia del hospital confirmó en la investigadora que ella autorizaba, a pedido del director del hospital, que se entregaran los medicamentos, declarando las recetas como “trámites de la emergencia del hospital”, cuando no lo eran.

La comisión aguarda la comparecencia de la actual directora del hospital –quien probablemente no comparezca, porque está embarazada–, pero sobre todo de la administradora del hospital y de la gerenta financiera, que a su vez es dueña del estudio contable que le presta servicios a Siemm, aseguró Lema.

Contradicciones

Millán y Garbarino hablaron sobre el caso de Rivera. La comisión investiga el gasto del rubro “Estudios médicos” entre 2014 y 2016, que se excedió en 100%, consta en la denuncia. Millán fue director de la Regional Norte y Este de ASSE entre mayo de 2015 y enero de 2016, fecha en que asumió la gerencia general de ASSE, desde donde frenó el esquema diseñado por Toriani para contratar cerca de 80 profesionales nucleados en la cooperativa de trabajo Centro Médico Odontológico Cuaró (Cemoc).

Según Rubio, Millán “afirmó no haber tenido ningún conocimiento de lo que estaba sucediendo en Rivera cuando él fue director regional. Dijo que no conocía las contrataciones de la empresa Cemoc de más de 60 médicos, que se enteró de esto ya siendo gerente general e instruyó una investigación administrativa”. El diputado agregó que Millán desmintió a Toriani al decir que el ex jerarca “nunca le había pedido la creación de cargos médicos. Es una contradicción muy fuerte”, señaló Rubio, en relación con las declaraciones de Millán y Toriani, englobando también a la presidenta de ASSE, Susana Muñiz, “que hasta último momento defendió la actuación del doctor Toriani”, puesto que votó en contra de la destitución.

La próxima sesión de la investigadora está fijada para el lunes 11, pero se sospecha que se postergará hasta el jueves 14 (el lunes habría comisión general para recibir al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori); ese día se recibirá a Toriani y se intentará que comparezcan los jerarcas de Bella Unión.

Privatizaciones

Para los diputados Lema, Radío y Rubio, no quedan dudas de que lo que ocurrió en los hospitales de Rivera y Bella Unión fue irregular. Lema criticó que en 2013 se desmanteló el servicio de traslados del hospital de Bella Unión para privatizar un servicio mediante “una empresa de tres jerarcas que fueron ascendidos”. “En ASSE les tembló el pulso a la hora de aplicar medidas correctivas, y todo el gobierno es cómplice de esta situación. En situaciones similares ASSE actuó distinto; hay desigualdad y doble vara a la hora de aplicar medidas correctivas”, opinó Lema. Además, comparó este caso con la sanción que se le aplicó a la directora del Hospital de Dolores, Ana María Falótico, quien fue suspendida por 91 días con retención de haberes por haber contratado una empresa de traslados de la que era copropietaria. Lema atribuyó esa “doble vara” a los nexos políticos de García y Eguren: ambos integraron la Lista 711 del Frente Amplio en las últimas elecciones, aseguró. “En estos dos casos de Rivera y Bella Unión, el gobierno está condicionado por el Partido Comunista del Uruguay (PCU): en materia de salud quien manda es el PCU”, planteó Lema, y observó que Tabaré Vázquez provocó la destitución de Toriani, sin tocar a Muñiz: “Se metieron con las jerarquías menores, pero con quien tiene mayor responsabilidad están mirando para el costado; tomaron el camino fácil”.

Gerardo Núñez, del PCU, consideró que el tema “está cada vez más desinflado” y que la oposición está desesperada porque ve “cómo se le va escapando la temática como agua entre los dedos”, y pidió ver cuáles son los miembros del PCU que gobiernan la salud. Núñez respaldó al Directorio de ASSE sobre el caso de Bella Unión, porque los propios mecanismos administrativos le hicieron corregir la situación. Consideró que la diferencia en la sanción puede responder al atenuante que se le consideró a García y al cambio de opinión del TC al señalar el conflicto de interés. En cuanto al rechazo del PN de las tercerizaciones, Núñez dijo que es un “discurso netamente demagógico de parte de quienes pretendieron vender las empresas de nuestro país”. Agregó: “Detrás del discurso del señalamiento de tercerizaciones se busca pegarle al prestador público, ASSE, para debilitarlo y abrirles paso a corporaciones médicas de nuestro país”.