El lunes 18 de setiembre, Paolo Rodríguez, capataz de la estancia Flor del Ceibo, en Salto, golpeó con un rebenque al peón Hugo Leites; tres meses después, a principios de diciembre, el juez Wilson Borsani procesó sin prisión al agresor por el delito de lesiones personales, ya que Leites terminó con una costilla fisurada. Cuando se conoció la noticia del fallo judicial, la diputada del Frente Amplio por el departamento de Salto, Manuela Mutti, publicó en las redes sociales que el mensaje del juez era claro: “Pegue patrón que no pasa nada”. El 16 de diciembre la representante nacional reiteró el mensaje, pero esta vez agregó: “Ahora le tocó a Juan Díaz. Su patrón creyó que, al igual que sus caballos, también el peón era de su propiedad y lo fajó. Ya alertamos al MTSS [Ministerio de Trabajo y Seguridad Social] y el PIT-CNT está trabajando en el tema, la Justicia tendrá que dejar de lado su benevolencia”.

Mutti dijo a la diaria que ya van cuatro casos de agresiones a trabajadores rurales de Salto después de la denuncia de Leites. “Nos llegan denuncias de todo tipo, pero la de Hugo [Leites] fue emblemática. Cuando nos enteramos [de la agresión] la denunciamos ante el Ministerio de Trabajo, llamamos a Ernesto Murro, y avisamos a los medios para que haya una condena social”. “Hay personas que piensan que son dueños de los campos, de las vacas y de la gente. Tienen que enterarse de que estamos ante un cambio social, cultural y legislativo en el que los trabajadores tienen derechos y estos no se terminan cuando se cruza la portera de la estancia”, expresó. La diputada afirmó que Leites quedó “expuesto a la posibilidad de que no consiguiera trabajo”, y, a pesar de que el movimiento sindical lo ayudó, “los empresarios rurales se cuidan mucho las espaldas y hoy Leites está sin trabajo”.

Díaz, el trabajador de stud de caballos que denunció una agresión a principios de diciembre, está internado con parálisis facial del lado derecho de la cara, relató la diputada. “Es algo que a todos nos debería doler en el alma”, expresó. Según Mutti, Díaz trabajaba por casa y comida, por lo que se tenía que escapar para hacer changas y conseguir dinero para mandarle a su familia, que vive en Tacuarembó. Cuando el patrón se enteró de una de esas salidas, le dio un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente. Luego una mujer lo encontró tirado en la calle y lo convenció de que hiciera la denuncia. Mutti se enteró del caso por el PIT-CNT y de inmediato se comunicó con el ministro Murro. “La Mesa Representantiva del PIT-CNT está jugando un rol muy importante en la contención de los trabajadores”, afirmó.

El mercado laboral en Salto es una de las líneas de trabajo de la diputada: “Desde que asumimos la legislatura es una de nuestras prioridades, por el aumento del índice de desempleo y porque [en la zona] es zafral”. Mutti aseguró que en muchos casos se trata de empleos que tienden “a establecer relaciones muy precarias”. Por ejemplo, el cambio varietal, para poder ingresar en nuevos mercados del exterior, hizo que se acortara la zafra de la naranja. “El citrus es uno de los sectores con mayor grado de precariedad laboral. Desde la diputación, junto con el MTSS y los trabajadores, logramos que se forme la coordinadora del citrus del litoral, que ya va a cumplir dos años”, relató. Además, Mutti fue una de las impulsoras de la extensión del seguro de paro de este sector, implementado por segunda vez en 2017. “Hoy el derrotero que tenemos por delante es transformar ese proyecto en una ley nacional, para que no sea necesario pedir el seguro desde el Parlamento todos los años”.

“En el litoral el sector citrícola llega a emplear a 5.000 trabajadores cuando no está en momento de zafra, y en zafra emplea a cerca de 15.000 personas". Caputto es una de las empresas más importante y emplea entre 35 y 40% de los trabajadores, sin embargo, ha tenido situaciones de alta conflictividad. “El martes estuvimos ocupando los portones de la empresa junto con los trabajadores, porque en la negociación con el MTSS habían acordado la liquidación de las licencias de 2016 y el pago de la zafra de octubre, pero después desde la empresa se dijo que la plata no estaba y que no iban a pagar”, explicó la diputada. “El año pasado y el anterior pasó lo mismo en estas fechas. Después de la ocupación de los portones, la empresa convocó al diálogo y se acordó un pago de manera progresiva”, explicó. Mutti aseguró que Caputto es una empresa que ha recibido múltiples apoyos por parte del Estado. “Incluso logramos financiar deudas importantes que tenía con algunos entes”, describió.

Por la conchilla

La figura de Mutti se hizo más conocida este año tras la sesión de la Cámara de Diputados del viernes 6 de octubre. Ese día, la diputada daba un discurso por un proyecto de ley enviado por la Comisión de Educación y Cultura para darle el nombre del ingeniero civil Pedro Benito Solari a la Escuela 105 de Salto. Cuando la legisladora confundió la palabra “cochinilla” con “conchilla”, empezó a reír y no pudo seguir hablando.

“En los tres años que estoy en el Parlamento se ha tentado mucha gente. La primera vez que me pasa a mí es la primera vez que se viraliza, y eso me llama la atención”, dijo la legisladora a la diaria. Considera que eso se debió a un tema político. La diputada recordó: “En el medio de la discusión por el Presupuesto Nacional, [Jorge] Gandini [Partido Nacional] cantó la quiniela. Hizo un chiste ex profeso, todos nos reímos, yo también, me pareció festejable después de muchas horas de debate. En mi caso me pareció una exageración el nivel de agresión, y tenía un claro corte de género. Recuerdo patente un mensaje que decía: ‘La diputada que baila de noche en un cabaret de biquini. No saben lo que es, deberíamos ir todos a verla’. No se metieron ni con mi risa ni con mi trabajo”. A su entender, el episodio terminó beneficiándola: “Nuestro trabajo era conocido por los salteños y por las personas que están muy metidas en la política, pero el video nos benefició porque hizo más visible nuestro trabajo”.

Un revés

El jueves, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, dijo, en conferencia de prensa, que la ley integral contra violencia basada en género, aprobada el 13 de diciembre en el Parlamento, no se podrá implementar “de inmediato” porque el Poder Judicial no tiene presupuesto ni recursos humanos calificados. Mutti aseguró que se trata de un “un revés” y una “aberración” que la SCJ diga que no puede aplicar una normativa por falta de recursos. “Lo que se debe hacer es estudiar la ley y sentarse a pensar cómo implementarla de la mejor manera con los recursos que tenemos, y transitar un camino de diálogo para que sea viable”, expresó. “Esta ley fue muy trabajada y no era desconocida, y, ante la problemática social, hay cosas que sin duda se deben implementar”, agregó.