La directora general de secretaría del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, dijo a la diaria que en las negociaciones para la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), Uruguay propone que se respete la normativa nacional en materia de telecomunicaciones. En ese sentido, el acuerdo “no representa para nuestro país ninguna innovación ni lesiona a Antel en tal sentido”, aseguró la jerarca.

Explicó que en este caso no pudo excluirse de las negociaciones el capítulo sobre telecomunicaciones, tal como se hizo en el caso del TLC entre Uruguay y Chile, porque se trata de una negociación entre bloques. “En el caso de la negociación con Chile, Uruguay trasladó su interés y logró exceptuar telecomunicaciones, situación que no puede aplicarse en el caso de Mercosur-UE, porque el interés de Uruguay no es compartido por el resto del Mercosur”, señaló Cardona. La jerarca hizo notar “la complejidad de negociar primero entre la región y luego con el otro bloque o región, en este caso con la UE, por lo que Uruguay no siempre puede lograr plasmar sus intereses particulares”.

Destacó de todos modos que en el acuerdo con la UE se está negociando por listas de ofertas y no por listas negativas, como se negoció en el TLC con Chile o en el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA), del que Uruguay se retiró en 2015. Con las listas negativas “el principal riesgo radica en no dejar de nombrar nada que se quiera excepcionar, debiendo prever muy bien qué bienes o servicios presentes o futuros se pretende resguardar, porque si no se mencionan quedan incluidos en el acuerdo”; por otra parte, en la negociación por listas de ofertas se puede hacer “aclaraciones o puntualizaciones que ayudan a identificar más detalladamente qué bienes o servicios específicamente son los ofertados, y no otros”.

Requisitos para los árbitros

Hoy concluye la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires, sin resultados sustantivos en materia de liberalización del comercio. La conferencia sirvió de marco para las intensas negociaciones técnicas y políticas entre el Mercosur y la UE, con miras a avanzar hacia la suscripción del acuerdo. Si bien el presidente brasileño, Michel Temer, se mostró optimista en cuanto a que el TLC podría firmarse el 21 de diciembre en Brasilia, durante la cumbre del Mercosur, la negociación no avanzó lo suficiente y la esperanza de arribar a consensos se postergó para el año próximo.

El martes, luego de participar en una reunión de cancilleres del Mercosur, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, dijo que la UE sigue sin mejorar su oferta en carne y etanol, pese a que el Mercosur “hizo un esfuerzo” e incorporó 90% de los bienes a su oferta de apertura de mercados. “Uruguay casi que no ha puesto nada, porque la mejor oferta de todas era la de Uruguay. La peor era la de Argentina, porque venía del gobierno anterior, pero ahora hizo un gran esfuerzo. En contrapartida, estábamos esperando que ellos mejoraran su oferta. No les pedíamos más apertura, sino que mejoraran su oferta en dos elementos importantes para el Mercosur, como la carne y el etanol”, pero “lamentablemente no lo hicieron”, dijo Nin. Según recogió el sitio web de Presidencia, el canciller uruguayo afirmó que en las negociaciones se acordaron “en beneficio de Uruguay” algunos temas que despiertan “algunas sensibilidades que siguen apareciendo y son viejas” en relación con el efecto que podría tener el tratado “en materia de comunicaciones y servicios financieros”.

Según dijeron a la diaria fuentes vinculadas a la negociación, la UE pretende que el Mercosur otorgue mayores concesiones en propiedad intelectual, compras públicas, servicios, reglas de origen, indicaciones geográficas y medidas sanitarias y fitosanitarias, y el Mercosur pretende una mejor oferta en agricultura. El Mercosur garantizó 90% de apertura de mercado en un plazo de cinco años y no de 80% en siete años, como había propuesto antes.

El capítulo de solución de controversias del TLC es uno de los que no están cerrados todavía. Cardona señaló que se trata de un tema “de difícil abordaje”, no sólo por el costo que implica que los estados se sometan a tribunales arbitrales, sino por “la falta de experiencia que estados como el nuestro tienen en la materia”. “Uruguay ha planteado requisitos que, entiende, deben cumplir no sólo los árbitros sino que deben cumplirse en el propio procedimiento arbitral, a efectos de establecer condiciones claras de elección, independencia e incompatibilidades, procedimientos de selección garantistas, entre otros, con especial énfasis en que esa competencia no recaiga en el CIADI [Convenio sobre Arreglo de Inversiones]. Entendemos que esta posición fue recibida y aceptada en el marco de las negociaciones”, aseguró.