Sólo con los votos de los 16 ediles del Partido Nacional (PN), la Junta Departamental de Maldonado (JDM) declaró satisfactorias las explicaciones del intendente Enrique Antía, tras la interpelación efectuada por el edil del Frente Amplio (FA) Andrés de León (Cabildo 1813) por la adquisición, en forma directa, del sistema de videovigilancia instalado en Maldonado por la empresa israelí Elbit Security Systems Limitada, que costó a la comuna 21 millones de dólares.

Para conocer el contrato y los anexos entre la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) y Elbit, ediles del FA habían presentado un pedido mediante la ley de acceso a la información pública, pero este fue rechazado por la División Jurídica de la comuna. El miembro interpelante pidió en sala conocer el contrato y sus detalles, pero tanto Antía como el secretario general de la IDM, Diego Echevarría, se limitaron a defender el negocio, a describirlo y a destacar sus logros, entre los que remarcaron la detención de 61 personas, que, de no haber sido por el sistema instalado, “estarían en las calles poniendo en riesgo la vida, la propiedad privada y la integridad de los ciudadanos de Maldonado”. Antía dijo que el sistema fue la mejor inversión pública de su administración. “Acá hubo un intento de desprestigiar la compra de las cámaras de parte de la oposición, que, curiosamente, es gobierno nacional. No comprendo por qué la oposición cuestiona la política de seguridad que es de su propio gobierno”, opinó Antía sobre el tema en declaraciones a FM Gente. “No se les dio la información en su momento porque estábamos instalando las cámaras. Y por eso hoy vinimos a contestar, porque tenemos datos contundentes”, agregó Antía.

A las 00 de ayer, el presidente de la JDM, Rodrigo Blás, pidió un cuarto intermedio con motivo del día del cumpleaños 68 del intendente. Durante la sesión, el contrato apareció publicado en el sitio web de FM Gente y en el de la intendencia, lo que llevó a los ediles del FA a arremeter contra Antía. “Mintieron a la Justicia, mintieron a la Junta y mintieron al pueblo, y ahora publican el contrato, y dando en forma pública datos personales de terceros, violando la ley de datos personales [...], y hoy, en este circo que desarrolla el intendente con su equipo, se sigue ninguneando, y encima se babosea a la Junta, publicando en el transcurso de la interpelación la información que solicitamos en los tribunales y se nos negó”, dijo el edil del FA Joaquín Garlo (Movimiento de Participación Popular).

Otros ediles del FA dijeron que si se hubiera hecho público el contrato cuando fue solicitado, se hubiera evitado la interpelación del intendente. Ediles del FA consultados por la diaria informaron que están estudiando el contrato y el resto de la documentación dada a conocer por la IDM ayer, como el convenio marco con los ministerios de Defensa Nacional e Interior, el dictamen del Tribunal de Cuentas, entre otros.