El equipo de representación de trabajadores en el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) organizó ayer una charla en el PIT-CNT, en la que se analizaron los desafíos de la reforma sanitaria, a diez años de la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Participaron Pablo Cabrera, director de ASSE en representación de los trabajadores; Daniel Garín, senador del Movimiento de Participación Popular, Frente Amplio (FA); Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista (FA), y Jorge Basso, titular del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Cabrera, así como lo hizo Garín, aclaró que para conocer el impacto de una reforma de salud se requieren 20 o 25 años, por lo que estamos a mitad de camino. Aun así, aseguró que “la reforma les sirve a Uruguay” y a los uruguayos. Cabrera enumeró la dimensión social que tuvo el acuerdo con los médicos cubanos para que hicieran cirugías de cataratas, o la recuperación del Hospital Español. “El sector mutual siempre tuvo posibilidades de desarrollar hotelería, y la gente terminó optando por ella en desmedro de atenderse en ASSE por lo que nos falta; hay que seguir dotando a ASSE”, dijo, al tiempo que destacó los logros en los hospitales de Tacuarembó y de Young, así como las mejoras en el Pasteur, que se inaugurarán la semana que viene, o la nueva construcción del hospital de Colonia, que estará listo en 2018.

En cuanto a la comisión investigadora parlamentaria de la gestión de ASSE, dijo que es una “oportunidad de generar normas que sean diferentes”, para que ASSE sea más competitiva. Comentó que si una mutualista necesita contratar un médico, lo resuelve en pocos días, pero que ASSE, en cambio, tiene que pasar un proceso de varios meses; dijo que eso obliga a comprar servicios al sector privado, lo que implica un traslado de recursos y debilita el sentido de pertenencia de los usuarios. Cabrera, así como el resto de los oradores, apuntó la necesidad de complementar servicios entre prestadores públicos (también entre ellos) y privados. Dijo que es necesario tener “precios igualitarios”. Agregó que el Ministerio de Economía y Finanzas suele responder que no es posible aumentar los recursos para el sector de la salud, y para eso propuso redimensionar lo que se asigna, para poder hacer más, con los mismos recursos. Pensó 2018 como un año clave para profundizar la capacitación de los trabajadores y para mejorar las condiciones laborales. Reconoció que hay una “demanda importante” para cubrir en cuanto a tiempos de espera, aunque valoró que ASSE tenga más de 400.000 afiliados del Fondo Nacional de Salud (Fonasa).

Cambio cultural y cruces políticos

Garín reconoció que creció 1% el déficit del Fonasa, pero dijo que él prefiere tomar distancia “de aquellos que plantean la posición de que poco menos el problema del déficit fiscal lo resolvemos no gastando en la gente que no ahorró en su vida”, y que proponen “bajar a los jubilados del sistema para bajar el déficit fiscal”. El último colectivo de jubilados ingresó al Fonasa en 2016, con un costo de 100 millones de dólares, explicó el ministro.

En cuanto a las complementaciones entre instituciones públicas y privadas, lamentó que las mutualistas conciban la salud “más como un negocio” en el que sobredimensionan la oferta. Comentó algunas “barreras culturales” de esa complementariedad. Señaló que como parlamentario, presenció lo que obstaculizó crear una maternidad única en Florida: “Hay un problema cultural que se expresa en los vecinos ricos de la localidad, que no quieren ir a atenderse a un lugar que no sea su prestador de salud. Nos dijeron de frente y mano: ‘Nosotros pagamos el servicio en la mutualista y queremos que nos atiendan ahí’”.

Por último, propuso fortalecer a las organizaciones de representación de usuarios, porque si bien están los espacios institucionales, hay “organizaciones débiles”, y esa es una limitación a la hora de fortalecer el SNIS y transmitir planteos de los usuarios.

Núñez dijo que con la comisión investigadora la derecha hace una ofensiva política y económica para pegarle a uno de los principales proyectos del gobierno y para debilitar a ASSE y, con ello, defender a las grandes corporaciones. Sin nombrarlo, criticó al Partido Nacional, que cuestiona las privatizaciones de ASSE: “Llama la atención que quienes pretendieron vender hasta la última joya de la abuela en términos de bienes públicos en nuestro país hoy aparezcan como principales defensores”, dijo. Agregó que en 2008 había 2.400 traslados con ambulancias propias en ASSE y que en 2016 esa cifra aumentó a 21.233, y explicitó que aumentó el gasto porque aumentó la cobertura. Dijo que la complementación es central; pidió que el sector privado rinda cuentas y que se le ponga un “tope a la especulación”.

Números

Alrededor de 9% del Producto Interno Bruto del país se lo lleva el sector de la salud. Basso mencionó la cifra para dejar ver que el MSP continúa revisando la cápita que se paga a los 42 prestadores de salud por la atención de cada usuario. Dijo que las cápitas se fijaron, en 2006, en base a la información del sector privado, porque no había datos de cuánto le costaba la atención de cada usuario al sector público. “Dimos por bueno lo que gastaba el sector privado”, deslizó. Destacó que ahora se está empezando a tener información del sector público: “Es una muy buena noticia, porque seguimos discutiendo el valor de la cápita”. Detalló que hay una comisión que trabaja desde 2013 para determinar el valor. “A nosotros nos dice que está por encima, el sector privado dice que está por debajo. Estamos próximos a definir con precisión cuánto gasta el sector privado e incorporar la información de cuánto gasta el sector público”, anunció.

“Precisamos más actitud de policía sanitaria”, reconoció. Valoró la complementación y la necesidad de lograr la eficiencia del gasto, entre otras cosas, no incorporando más tecnología que la que necesita el país, y reforzando la resolución de problemas en el primer nivel de atención, el de policlínicas, y no en el de la hiperespecialización.