La Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial (Dinot) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) presentó ayer el documento base de la Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano. La iniciativa busca lograr una coordinación interinstitucional y aplicar una serie de instrumentos para favorecer la habitabilidad de áreas centrales de las ciudades, que cuentan con todos los servicios, y evitar el crecimiento expansivo hacia zonas periféricas.

La estrategia está en proceso de elaboración. Fue lanzada públicamente en julio, y en estos meses se hicieron tres talleres regionales –en Tacuarembó, Paysandú y Montevideo– y conferencias con expertos internacionales. El proceso continuará en los primeros meses de 2018, cuando la Comisión Asesora de Vivienda y la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial hagan sus aportes al texto que se presentó ayer. Además de diálogos entre instituciones del gobierno nacional, los intercambios incluyen a los gobiernos departamentales, municipales, a la academia y al sector privado. El MVOTMA aspira a tener aprobado en abril el documento base.

Salvador Schelotto, director nacional de Vivienda, explicó ayer en diálogo con la prensa que se busca “mejorar el acceso al suelo, que es una de las grandes restricciones que tienen las políticas de vivienda y de hábitat, por la dificultad de contar con terrenos, inmuebles, localizaciones bien servidas, dotadas de infraestructura, en áreas consolidadas de las ciudades”. En la presentación aclaró que no es un problema que sólo se presente en Montevideo, sino en todo el interior, tanto en las ciudades de más de 100.000 habitantes como en capitales departamentales y hasta en localidades con menos de 5.000 habitantes: la ciudad se expande, al tiempo que se van vaciando áreas centrales e intermedias, y todo eso en medio de una dinámica demográfica muy baja. Eso provoca la subutilización de áreas urbanas de alto valor histórico, social y cultural, dijo Schelotto, al tiempo que debe asumirse el costo de la expansión de la infraestructura urbana y “el costo para las familias: los tiempos de traslado, las dificultades de acceder a los servicios –centros educativos, de salud, de todo tipo– y el acceso desigual a la ciudad”, detalló. “Nos preocupa la segregación socioespacial”, admitió el director, y puntualizó que en relación con los últimos 20 años el crecimiento económico permitió reducir la desigualdad, si se la mide en términos de ingreso, pero que “sin embargo, tenemos una situación de mayor fragmentación y exclusión social: es una de las grandes paradojas de la sociedad uruguaya contemporánea y uno de los grandes grandes desafíos que están por delante”.

Los cambios son necesarios. Schelotto marcó que “sigue habiendo inmuebles vacantes” en áreas centrales, que algunos son “de propiedad incierta” y otros, incluso, pertenecen a organismos públicos. El Consejo de Ministros está discutiendo un proyecto de ley para disminuir el número de inmuebles vacíos. Según Schelotto, el proyecto apunta a facilitar que terrenos o edificaciones “que no tienen un uso, que están en estado de deterioro, visiblemente abandonados, y que deberían tener un rédito social, un uso social, puedan estar en el mercado o, en su defecto, puedan ser adquiridos por el Estado para destinarlos a sus programas”. El jerarca no quiso dar más detalles sobre el proyecto, y tampoco hará declaraciones por ahora la ministra Eneida de León, informaron a la diaria fuentes del MVOTMA.

Batería de medidas

José Freitas, responsable de la Dinot, presentó los tres ejes programáticos de la estrategia que, de acuerdo a lo propuesto, desplegará 23 líneas de acción. El primer eje buscará la “optimización y sustentabilidad en el suelo urbano”. Entre otras acciones, este eje propone rehabilitar y reciclar el stock existente; promover la producción de viviendas en áreas urbanas consolidadas (se plantea en este punto, además, mejorar los mecanismos de promoción de cooperativas para que construyan con el máximo aprovechamiento urbanístico); articular mejor la información de ordenamiento territorial, catastral y registral de inmuebles; optimizar el uso de tributos, por ejemplo, promoviendo el impuesto al baldío y a la edificación inapropiada, y homogeneizar el uso de esos instrumentos para los diferentes gobiernos departamentales; dentro de este eje se incluye, además, en el corto plazo, la implementación de instrumentos para optimizar el aprovechamiento de inmuebles sin uso o subutilizados.

El eje de adquisición pública de suelo urbano busca poner en juego todas las herramientas que tiene el Estado para adquirir suelo; Freitas, al igual que Schelotto, comentó que se está haciendo un uso “muy limitado” de los diferentes mecanismos. Uno de ellos es implementar procedimientos para la compra directa de inmuebles para “nutrir las carteras de inmuebles en los lugares con déficit de suelo urbano público”; facilitar procesos de expropiación del suelo por razones de utilidad pública; implementar algunos artículos de la Ley de Ordenamiento Territorial: concretamente, el 66, que da a los gobiernos municipales la preferencia en la adquisición en cualquier compraventa de inmuebles, y el 38, con el que se busca reservar hasta 20% del suelo de proyectos residenciales, industriales, turísticos o recreativos para carteras de inmuebles públicos.

El tercer eje apunta a mejorar la gestión que hace el Estado del suelo urbano. Para eso se optimizará el funcionamiento de la Cartera de Inmuebles para Vivienda de Interés Social; se promoverá que todas las intendencias tengan carteras de tierras; gestionar de manera integrada las carteras nacionales y departamentales, y se apuntará a desarrollar proyectos urbano-habitacionales en “áreas de oportunidad en coordinación con los gobiernos departamentales”. Freitas citó el ejemplo del proyecto para recuperar el espacio de la ex fábrica Paylana en Paysandú, o el llamado que se hizo recientemente a propuestas para desarrollar en el viejo estacionamiento de Raincoop, en Montevideo.