“Toda reforma que afecta procesalmente el funcionamiento de la Justicia requiere tiempo y dinero, [cosas] que no tenemos”, dijo ayer en una conferencia de prensa el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, en referencia a la implementación de la ley integral contra violencia basada en género, aprobada el 13 de diciembre en el Parlamento. “Queremos aplicar la ley en forma responsable y de la mejor manera posible, pero con los recursos actuales, de inmediato no se puede hacer”, agregó. Chediak dijo que la SCJ no tiene “forma de saber cuánto tiempo nos va a llevar el cumplimiento de la adecuación de los servicios”, pero “no va a ser de inmediato ni rápido, porque sería imposible”, sostuvo.

Chediak aseguró que en setiembre de 2016 la SCJ compareció en el Parlamento y manifestó que la ley es una “reforma de envergadura” que necesita capacitación y recursos materiales y edilicios. “No es una mera reasignación de competencias que deba realizar la SCJ, sino una reforma del funcionamiento de una enorme cantidad de juzgados”, afirmó.

El ministro señaló que la ley los encuentra “en un momento en el que todos nuestros recursos están exigidos al límite” y en el que han acometido “con razonable éxito la implementación del nuevo Código de Proceso Penal, con los fondos mínimos que solicitamos”. Recordó que se hicieron 191 designaciones de magistrados en un mes y medio, y todavía quedan seis meses para terminar con la asignación de cargos en el interior. También informó que la nueva ley requiere jueces con varias competencias, algo que es contrario a la tendencia de especialización que se desarrolla desde la vuelta a la democracia.

Con relación a los recursos aseguró que deberán ser asignados en la próxima Rendición de Cuentas, “que es la última del período” en la que se puede hacer gastos. Recordó que hace siete u ocho años que no se contemplan las aspiraciones de la Justicia, “ni en las leyes de Presupuesto ni en las de Rendición de Cuentas”.

La Justicia está haciendo estudios técnicos para determinar cuáles son los recursos humanos y materiales, y el tiempo que se necesitará para la implementación de la ley. Una de las preocupaciones es la estructura edilicia en todo el país. “No hay una realidad de Montevideo y una del interior; hay una de Montevideo y 18 del interior”, graficó.

Por su parte, Marcelo Pesce, subdirector general de los servicios administrativos de la SCJ, dijo ayer que, al establecerse nuevas tipificaciones de violencia, “vamos a estar ante una demanda mayor de los servicios de justicia”. “Al consagrarse mediante esta ley un nuevo enfoque integral, se estaría yendo en un camino opuesto al de la especialización, que es el camino que se ha transitado. Para esto se requiere tiempo y recursos”, reiteró.

Pesce sostuvo que la SCJ no tiene un estimativo de la cantidad de profesionales necesarios ya que la demanda es desconocida. “Por más que tengamos una ley, si no la respaldamos con recursos va a ser algo que sólo esté escrito”, señaló. “Lo que nos importa es dar las garantías a las víctimas, que son el objeto de esta ley”, concluyó.