Se aguarda con impaciencia el texto del decreto que suspenderá la apertura del corralito mutual en 2019. El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) ya formuló una consulta a un estudio jurídico, que analizó la situación en base a lo anunciado por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y a la normativa existente. El SMU considera que el decreto violenta las libertades individuales del usuario. El presidente del sindicato, Gustavo Grecco, expresó que el artículo 50 de la Ley 18.211 del Sistema Nacional Integrado de Salud expresa que “la elección de prestador es libre”, aunque reserva al Ejecutivo la reglamentación y establece que, de acuerdo a lo anunciado, una persona no podrá migrar de una institución a otra si no presenta uno de los tres motivos permitidos (cambio de domicilio, razones económicas o disconformidad manifiesta). Grecco argumentó que la medida es “jurídicamente cuestionable” porque un decreto no puede estar por encima de una ley (la 18.211).
La División Jurídica del MSP ya tiene este informe, dijo Grecco. El miércoles volverá a sesionar la Junta Nacional de Salud.
En tanto, ayer la Mesa Política del Frente Amplio emitió una declaración en la que respaldó la decisión del Ministerio de Salud Pública de suspender transitoriamente la apertura del corralito mutual, ya que “preserva el derecho a la movilidad de los usuarios y defiende el mejor uso de recursos públicos para garantizar el derecho a la salud”. El Ejecutivo oficialista entendió que con esta medida, la cartera actuó contra dos fenómenos nocivos que se daban cada vez que se levantaba el corralito: “un gasto desmesurado en publicidad” y la “intermediación lucrativa de afiliaciones”. “Actuar contra estos dos problemas es proteger al sistema de salud frente a conductas que lo perjudican y vuelven sobre viejas concepciones de la salud como un negocio”.