El proyecto, que fue elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), declara de interés general el uso sustentable de bolsas plásticas, busca desestimular su uso y promover el reuso y el reciclado. El tratamiento en la Comisión de Medio Ambiente del Senado se extendió desde julio de 2016 a noviembre de este año y recibió los aportes de un proyecto que había presentado el senador colorado Pedro Bordaberry, que también buscaba regular el uso de bolsas plásticas. Con los votos de los 21 senadores presentes, fue aprobado ayer y pasó a la Cámara de Diputados.

En diálogo con la diaria, Alejandro Nario, responsable de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), consideró que la media sanción significa un momento muy importante para la gestión de bolsas, y destacó que el hecho de que haya sido votado por unanimidad “muestra el consenso que hay en el país de abordar los problemas ambientales”; la Dinama pedirá a la Comisión de Medio Ambiente de Diputados que le dé un tratamiento rápido.

El proyecto alcanza a las bolsas que sean suministradas a los consumidores, siempre que no sean parte de la presentación del producto; excluye a las que sea necesario usar por razones de inocuidad o higiene alimenticia, entre otros motivos. Prohíbe “la fabricación, importación, distribución, venta y entrega” de bolsas plásticas que no sean compostables o biodegradables. En la exposición de motivos, el Poder Ejecutivo aclara que las bolsas “de plástico” que efectivamente son consideradas biodegradables “son las producidas a partir de materiales renovables, como almidón o aceites vegetales derivados del maíz, la papa o el trigo, entre otros, llamados bioplásticos”. No se aceptarán las bolsas oxodegradables, que son aquellas que “tienen un catalizador que acelera la descomposición de la bolsa, pero eso no quiere decir que los subproductos de esa descomposición sean incorporados en los ciclos naturales biológicos”, aclaró Nario; en la exposición de motivos se aclara que “no hay consenso a nivel internacional sobre los efectos ambientales derivados del agregado de esos aditivos a los plásticos”. El director subrayó que “el material tiene que cumplir con ensayos de biodegradabilidad para que cuando esa bolsa termine en el ambiente no esté 200, 250 años, como pasa actualmente con las bolsas de polietileno, sino que se descomponga de manera tal que pueda ser utilizada por los organismos naturales”.

Se faculta al Poder Ejecutivo a cobrar por las bolsas que se entreguen a los consumidores. El proyecto original estaba redactado de manera más categórica (en lugar de “facultar” al Ejecutivo hablaba de la obligatoriedad del cobro), pero, según Nario, la redacción no le saca tenor: aseguró que se van a cobrar, y que de esta forma se amplían los mecanismos de cobro. Además de terminar siendo ingeridas por animales y de afectar los paisajes, las bolsas generan serios problemas de obstrucción de desagües y sistemas pluviales. Eso no se solucionará con que las bolsas sean biodegradables, y por eso se recurrirá al cobro. Se busca “desestimular el uso innecesario”, dijo Nario, y apuntó que, aunque sean biodegradables, la fabricación insume un monto de energía y materiales, por lo que hay que hacer una “racionalización muy significativa”.

Las prohibiciones y obligaciones comenzarán a regir al año de la promulgación de la ley, o de acuerdo al plazo que fije la reglamentación (que puede ser menor). Se estima que 20% de las bolsas plásticas que hoy circulan son fabricadas en Uruguay; el proyecto encomienda al Ministerio de Industria, Energía y Minería, en coordinación con el MVOTMA, “facilitar la reconversión de la industria nacional de bolsas plásticas”. Según la exposición de motivos, el proyecto surgió del intercambio entre la Dinama, intendencias y asociaciones empresariales, industriales y de comerciantes. Durante el tratamiento parlamentario se incorporó a la academia a la consulta.

El texto promueve, además, que haya campañas de difusión y concientización, y prohíbe la venta o entrega de diarios, revistas, facturas y similares en envoltorios plásticos.

Entre otros detalles, la reglamentación fijará el tamaño y la resistencia que deberán tener las bolsas, con lo que se asegurará que puedan ser reusadas. Para irse acostumbrando a lo que vendrá, la Dinama, junto a 20 voluntarios, entregó ayer alrededor de 300 chismosas en la plaza 1º de Mayo; la gente se sorprendía, pero se alegraba cuando entendía de qué iba todo aquello.

Unánime

El senador oficialista Leonardo de León fue el miembro informante, y detalló que de las 2.000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos que se generan en Montevideo, 11%, 220 toneladas, son bolsas plásticas.

También Bordaberry habló de cifras: dijo que en nuestro país se consumen alrededor de 1.200 millones de bolsas por año, un promedio de 400 bolsas por habitante al año. Señaló que “cuando España llegó a 300 bolsas promedio por persona, le sonaron todas las alarmas”. Luego, a su turno, el nacionalista Jorge Saravia (ex Frente Amplio) dijo que es un proyecto que debió haberse aprobado hace años.

El proyecto de Bordaberry tenía varios puntos en común con el del Ejecutivo: prohibía, en un plazo de tres años, la circulación de bolsas de plástico, de polietileno o de polímero plástico, y también incluía el cometido de concientización respecto del problema. La propuesta de Bordaberry no preveía el cobro por su utilización, pero ayer el senador apoyó la propuesta.

El proyecto se votó en general tal como venía de la comisión. Xavier enumeró cambios mínimos de redacción, y el proyecto fue desglosado y los incisos también se votaron por unanimidad.

Cuando quiso acordar, Luis Alberto Heber se dio cuenta de que había aprobado el artículo 6º, que establece el cobro; sólo pidió que quedara constancia de su opinión, porque no estaba de acuerdo con el cobro, pero aclaró que era una opinión personal, no partidaria, porque sus correligionarios en comisión habían votado otra cosa.