El senador del Partido Nacional Javier García convocará al ministro de Salud Pública, Jorge Basso, a la Comisión de Salud Pública del Senado, para que explique por qué se suspendió la apertura del corralito mutual. Ayer, el nacionalista aún no había comunicado al resto de los senadores de la comisión su intención de convocar al ministro, pero aseguró a la diaria que lo hará a la brevedad. Dijo además que Basso se comunicó con él antes de dar a conocer el decreto, que será promulgado por el Poder Ejecutivo esta semana. Aseguró que la intención de Basso es buena, pero no es una solución para terminar con la intermediación lucrativa.

En febrero de este año, la Justicia comprobó que se le pagó a un grupo de personas para que cambiaran de institución, lo que es considerado un delito. “La solución no es buena, no se puede perseguir a algunos que delinquen y terminar prohibiendo derechos de la gente que hace las cosas bien”, dijo García. Según el nacionalista, la elección de mutualista “hace a la libertad de los usuarios, porque no es cualquier servicio, sino uno de salud”. Señaló que el problema de fondo es la calidad del servicio, porque si la gente está conforme no se cambia de prestador. Tampoco está de acuerdo con el corralito mutual, que se abría cada febrero: “Hace unos años el corralito se justificaba por un posible corrimiento de socios, pero después de diez años de la implementación del Sistema Nacional Integrado de Salud hay un signo de estabilidad”. Recordó que la cantidad de personas que se cambian es mínima y se ha mantenido estable en los últimos años. En 2017 se cambiaron de prestador de salud 54.921 personas (3,4% de los habilitados), mientas que en 2016 se cambió menos de 4%.

A partir de la implementación del decreto, quienes quieran cambiar de prestador podrán hacerlo en cualquier momento del año, pero deberán mandar una nota a la Junta Nacional de Salud en la que se detalle el motivo del cambio. Serán aceptadas tres causales: económicas –cuando la persona no puede seguir financiando los costos del sector privado y solicita cambiarse a la Administración de los Servicios de Salud del Estado–; vinculadas a condiciones de mala atención, o por cambio de domicilio.

La senadora del Frente Amplio Mónica Xavier aseguró a la diaria que “las condiciones de movilidad son aceptables para quien toma la decisión de irse de una institución, y son las que se deberían tener para abandonar un prestador”. Reiteró que lo que se quiere evitar es la intermediación lucrativa, y dijo que, a pesar de que el Ministerio de Salud Pública denunció situaciones de este tipo, “hay indicios de que se estaban diseñando estrategias para conseguir socios por medio de esta maniobra”. Para Xavier, el desarrollo tecnológico será la clave para que no haya intermediarios entre los usuarios y la institución. Descartó que los usuarios pierdan libertad con el nuevo sistema. “Hay una restricción, pero es para asegurar que el sistema siga funcionando sin desestabilización”.