Atrás quedaron las especulaciones y los rumores sobre el debate interno del gobierno en torno a las tarifas públicas. En la conferencia de la Torre Ejecutiva cerraron filas tanto las autoridades afines al equipo económico como las cabezas políticas de las diferentes empresas públicas: estaban el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pablo Ferreri; la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García; el secretario de Presidencia de la República, Miguel Toma; el prosecretario Juan Andrés Roballo, y los presidentes de UTE, ANCAP, OSE y Antel, Gonzalo Casaravilla, Marta Jara, Milton Machado y Andrés Tolosa.

“Esto es un equipo de gobierno y hemos dado total libertad a todos los técnicos para que opinen, pero hay una dirección política que está marcando un camino que combina los beneficios de haber cambiado la matriz energética y la transparencia, que va mucho más allá de una eventual modificación de la tarifa”, respondió Cosse cuando fue consultada acerca de posibles diferencias entre el directorio de UTE y el equipo económico por las tarifas de ese ente público a partir de 2018. En noviembre se había conocido que la empresa tenía la intención de bajar las tarifas en el orden de 5%, lo que había sido rechazado por el MEF.

El aumento general de UTE será, finalmente, de 3,2%, por debajo de lo que el Ejecutivo prevé que será la inflación final de 2017, de 6,5%. “Gracias a la transformación de la matriz energética y la eficiencia lograda por la empresa, se puede trasladar una parte inferior al aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC), y el aumento será de la mitad de la inflación, de 3,2%, algo por debajo de la mitad”, dijo Ferreri durante la conferencia de prensa.

El aumento de las tarifas vino acompañado del anuncio de una serie de planes que el gobierno anunció que pretende llevar adelante. Cosse anunció que en UTE se llevará a cabo “un cambio de política sustancial”, y dijo que se trabaja en la “configuración de una fórmula transparente, que le permita a la ciudadanía ver que cuando, por ejemplo, hay más viento, llueve más o hay un mejor tipo de cambio, esas mejoras se vuelquen a la ciudadanía por encima de lo previsto”. Según el jerarca, eso será posible “gracias a que cambiamos la matriz energética y a que UTE ha sido bien gestionada”. La ministra también anunció la creación de un grupo de trabajo multidisciplinario para atender la situación de los más de 70.000 usuarios “colgados” de la red eléctrica.

Las otras empresas

Las tarifas de Antel, anunció Ferreri, aumentarán 6,5%, “alineadas” con la inflación de 2017, e “irán de la mano de importantes mejoras en los servicios”. Esas mejoras, explicó Cosse, implicarán un “paquete de servicios” en tres líneas: una tarifa plana nacional de telefonía fija, duplicación de las velocidades [de banda ancha] en todos los hogares, y 50% más de tráfico para los contratos móviles. En OSE, dijo el jerarca, el aumento también será de 6,5%.

Respecto de los combustibles, Ferreri anunció que ANCAP hará un “aumento diferencial” entre la nafta y el gasoil, teniendo en cuenta una “especial preocupación por hacer una diferenciación en favor del Uruguay productivo”. Por eso, “en vez de un aumento homogéneo se generará un aumento de 9,8% para naftas [por encima de la inflación esperada] y 4,8% para gasoil [por debajo de la inflación prevista para 2017]: cinco puntos a favor del Uruguay productivo”, exclamó. Durante la conferencia, Cosse también deslizó que el Ejecutivo aspira a publicar los “aspectos principales” de la paramétrica con la que se fija el precio de los combustibles, de forma tal que “la población entienda por qué se toman determinadas medidas”.

La reacción

“Lo dijimos en el llamado a sala: ‘le encarecen la vida a los uruguayos y se la abaratan a UPM’. ¡La pésima gestión nos cuesta cara a los uruguayos!”, escribió en la red social Twitter el senador nacionalista Luis Lacalle Pou, refiriéndose a la sesión del Senado del 28 de noviembre, en la que interpeló a Cosse y a los ministros de Economía, Vivienda, Transporte y Trabajo, Danilo Astori, Eneida de León, Víctor Rossi y Ernesto Murro, respectivamente. Por la misma vía, el senador nacionalista Jorge Larrrañaga dijo que “el gobierno no entiende que el trabajador y el productor nacional no bancan más ajustes. Se están rifando la plata de la gente. El bolsillo del uruguayo no da más”. Como era de esperarse, la oposición cuestionó el aumento de las tarifas, y algunos legisladores llegaron a calificar la suba de “tarifazo”.

El senador colorado José Amorín, en tanto, también escribió por Twitter: “otro #tariFAzo, menos de lo que querían hacer, pero otro capítulo del ajuste fiscal del FA al fin”. Luego, el legislador anunció que, junto al nacionalista Álvaro Delgado, convocará a comparecer a Astori y Cosse ante la Comisión de Industria, Comercio y Servicios de la Cámara de Senadores.

Por su parte, el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, coincidió, en diálogo con la diaria, en que se trata de un “tarifazo”: “Me parece que hay un aumento desconsiderado. ANCAP hace años que vende el combustible más caro, y si bien es cierto que ahora aumentó el crudo, también es cierto que ya venía teniendo un sobreprecio muy amplio, por la joda de estos años”. Acerca de UTE, argumentó que si la empresa dijo que podía rebajar las tarifas y ahora hay un aumento de 3,2%, “estamos hablando del uso de tarifas públicas como forma de recaudación”.

En la interna del FA hubo varias reacciones. El diputado Saúl Aristimuño –cuyo sector, la lista 711, había cuestionado que el equipo económico usara a las empresas para recaudar– resaltó que el grupo político que integra tiene una actitud crítica con el uso que se hace de las tarifas de las empresas públicas, aunque admitió que la suba “fue de menor proporción a lo que esperábamos”. En cambio, Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay, dijo que “no se puede entender que se hable de tarifazo, con un crecimiento del salario medio de 11% y una inflación de 6,5%, más el ajuste de salarios que se prevé para enero”. “Salvo la nafta, todo sube igual o por debajo de la inflación”, argumentó.

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que en Uruguay se discute “todo en blanco y negro”, y que “no se puede hablar de un tarifazo”, aunque “tampoco se puede decir que no pasa nada”. “La nafta va a subir por encima de la inflación, y se ha invertido mucho para que la energía eléctrica sea más barata y más diversa, lo que debería reflejarse en que los hogares paguen menos luz”. Según Pereira, “se podría haber tenido políticas específicas que prioricen a los sectores más débiles”.