En 2018 no se abrirá el corralito mutual, como se le llama popularmente al período de movilidad regulada, que se abre cada febrero para que usuarios de instituciones asistenciales del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) puedan cambiar de prestador. Así lo anunció ayer de tarde el ministro de Salud, Jorge Basso, acompañado por el subsecretario Jorge Quian y el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, en una conferencia de prensa convocada de manera urgente.

Como medida provisoria –hasta que se implementen mecanismos de cambio de institución de manera electrónica–, los interesados en cambiar de prestador deberán enviar una nota a la Junasa y, si residen fuera del área metropolitana, deberán entregarla en las Juntas Departamentales de Salud. Podrán hacerlo en cualquier momento del año, a partir de enero de 2018, pero sólo se aceptarán tres causales para cambiarse de institución: por razones económicas –cuando la persona no puede seguir financiando los costos del sector privado y solicita cambiarse a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE)–; por razones vinculadas a condiciones de mala atención, por disconformidad manifiesta, explicitó Basso; o por cambio de domicilio. Hasta ahora, el cambio de institución por estos tres motivos podía hacerse en cualquier momento del año (la disconformidad manifiesta era la que requería el envío de la carta a la Junasa). En febrero podían cambiarse, sin explicitar motivo alguno, los usuarios que tuvieran tres años de afiliados a una misma institución, y esa posibilidad es la que no existirá por el momento.

Basso aclaró que por mes, a lo largo de todo el año, la Junasa recibe entre 300 y 400 solicitudes de cambio de institución. Las que se basan en una disconformidad con la atención recibida son investigadas desde el punto de vista médico, y son las que llevan más tiempo, informó Basso.

En 2017, durante la apertura del corralito, cambiaron de prestador de salud 54.921 personas (3,4% de los habilitados). Considerando ese número (similar al de años anteriores, 2016 había sido el año de mayor movilidad, con 63.130 cambios), Basso desestimó que pueda haber una saturación. Igualmente, aclaró que, de ser necesario, se tomarán las medidas para poder hacer cambios institucionales. Dijo que hasta ahora la Junasa resuelve las situaciones en un plazo de 15 días, o un mes como máximo.

Consultado sobre si este cambio asegurará que no haya intermediación lucrativa, Basso respondió que “pocas cosas en la vida pueden asegurar el 100%”, pero destacó que la nota deberá tener una declaración expresa del usuario para garantizar que no existe un complemento económico para hacer el cambio. Echevarría agregó que el hecho de que un equipo médico analice los motivos de disconformidad con el prestador atenúa la posibilidad de mentir.

Basso reafirmó que la solución es transitoria “hasta poder identificar, tecnologías mediante, algún mecanismo que dé más garantías para minimizar el impacto que se ha generado en torno al tema de la intermediación lucrativa”. Dijo que se apuesta a avanzar en el gobierno electrónico y que el Ministerio de Salud Pública (MSP) está trabajando con el Banco de Previsión Social (BPS) para incorporar tecnología que permita identificar el IP del usuario para que pueda operar desde su casa.

A las pruebas me remito

En diciembre de 2016 el MSP ya había anunciado que sospechaba de la existencia de intermediación lucrativa, esto es, el pago a una persona por cambiarse de institución de salud, hecho que es considerado un delito. Luego de la apertura del corralito, la Justicia corroboró una serie de casos que terminaron con el procesamiento de varios promotores que eran contratados por mutualistas, y que pagaron a usuarios luego de afiliarlos. Fue la denominada “estafa al Fonasa”, que es tema de estudio –junto con la gestión de ASSE desde 2008 a la fecha– de la comisión investigadora parlamentaria que se creó en agosto.

Basso comentó ayer que el Poder Ejecutivo, en diálogo con los prestadores de salud, venía trabajando en la búsqueda de soluciones para terminar con la intermediación lucrativa. Afirmó que el cambio responde a “la reiterada comprobación de hechos ilegales que han motivado el procesamiento de personas tras haberse constatado que había mediado dinero para promover el cambio de institución asistencial”. Incluso, mencionó que el MSP supo que para febrero ya se “estaba preparando el terreno” para volver a burlar las normas.

Basso sostuvo que desde la reforma del Código del Proceso Penal se necesitan elementos probatorios más sustantivos y que, de no corregir el fenómeno, era posible que no se llegara a procesar a los posibles involucrados.

El presidente de la Junasa respondió que los representantes de los prestadores de salud recibieron ayer de tarde la noticia y que no han tenido respuesta. “Ellos han trabajado fuertemente con nosotros para tratar de eliminar la intermediación lucrativa, pero son conscientes, como nosotros lo somos, de que las medidas que se iban a tomar no iban a matar el núcleo duro de esta cuestión”, comentó Echevarría.

Los representantes de las mutualistas ya habían dicho a la prensa que estaban en contra del cierre del corralito, y habían adelantado que no se quedarían con los brazos cruzados esperando que llegaran los afiliados a inscribirse. Consultado sobre las medidas que tomará el MSP para evitar que las instituciones privadas desarrollen métodos desmedidos para captar afiliados, o inviertan más todavía en publicidad, Basso respondió que se está trabajando para corregir los posibles desvíos. Una vez más, reprobó que para la apertura del corralito de 2017 las instituciones privadas del SNIS hayan gastado 18 millones de dólares en publicidad, porque ese dinero salió del sistema de salud. Adelantó que se está trabajando “para estimular que las instituciones compitan por estándares de calidad” y comentó que habrá que sustituir ese gasto en publicidad por otros mecanismos; “orientar esos dineros en temas de calidad”, señaló.

Repercusiones

Consultado por la diaria, Daniel Porcaro, representante de mutualistas de Montevideo en la Junasa,se excusó de hacer declaraciones, ya que recién habían recibido la noticia.

Sí hizo declaraciones Jorge Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), quien asistió a la conferencia de prensa –así como el ex ministro de Salud Jorge Venegas–. “Es una medida absolutamente acertada”, opinó Bermúdez, en nombre de la FUS y del PIT-CNT. Catalogó la decisión de “valiente y correcta”. “Aquí se preparaba una ofensiva mercantilista que iba a golpear nuevamente al SNIS”, dijo, citando los 18 millones de dólares gastados en publicidad y marketing, y reprobó estrategias en las que, “como si se estuviera vendiendo una excursión aérea a Cancún, le están ofreciendo el cambio de mutualista”.

Descartó que haya “un grupo organizado” que planea la intermediación lucrativa: “Estamos hablando de las instituciones”, acusó, y dijo que “cuando empiezan a pujar por llevarse a los afiliados, hasta los que no quieren entrar en el juego tienen que entrar; todos terminan bailando la música de quienes la ponen. Bueno, el gobierno decidió que no hay música y decidió que no hay fiesta, y a nosotros nos parece bien”, reafirmó. Ante la consulta de los periodistas, dijo que le constaba que había intermediación lucrativa, no sólo en la apertura del corralito de 2017, sino también “en la del año anterior y el anterior”. Agregó que 91% de los afiliados de las mutualistas son socios Fonasa y que, por lo tanto, “no es producto del SNIS que dicen que son deficitarias, es producto de los malos manejos”. “Seguimos hablando del millón de pesos que ganan algunos administradores de salud por mes para administrar una mutualista, mientras la gente sigue esperando meses para un especialista o tiene que hacer maravillas para pagar los tickets y las órdenes”, reprobó. Para Bermúdez, “no está en juego la libertad de elección, porque no hay libertad de elección cuando lo que se le pone a la gente arriba de la mesa son hasta 2.000 pesos para que se cambie de mutualista”.

Desde la vereda de enfrente, el senador nacionalista Javier García tuiteó: “El corralito mutual NO se eliminó, sino justamente lo contrario. Ahora salvo expresión de causa y aprobación de MSP (Junasa) nadie puede cambiarse de institución. El corralito va contra libertad de elección de los pacientes y no se justifica más. Debe eliminarse”, y añadió que “tratar de atacar actos delictivos como la intermediación lucrativa en la salud quitando libertad a las personas no es el camino nunca”.