El director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia de Montevideo (IM), Eduardo Brenta, resolvió ayer suspender, sin goce de sueldo y por un período de tres meses, a 13 funcionarios de la división de Tránsito, que en setiembre del año pasado fueron denunciados por estacionar sus vehículos particulares sin pagar el costo correspondiente por ese servicio. Brenta tomó esa decisión tras recibir un informe de la Asesoría Jurídica que, tras indagar a todos los involucrados en el marco de un sumario administrativo, recomendó aplicar esa sanción.

Según el dictamen de Jurídica, al que accedió la diaria, el objeto del procedimiento administrativo consistió en “determinar la responsabilidad de los funcionarios por la presunta utilización de conocimientos propios de su función para procurarse un beneficio indebido, en este caso, el estacionamiento de sus vehículos particulares en espacios de estacionamiento tarifado sin abonar el precio correspondiente, el día 14 de setiembre de 2016, sabiendo que no habría control sobre el mismo”. Durante el sumario, los funcionarios alegaron varias razones por las que los vehículos estaban estacionados sin pagar el tarifado: algunos respondieron que se olvidaron de hacerlo; otros, que familiares directos los dejaron en la zona sin su conocimiento o que no recuerdan qué pasó ese día. El informe agrega que el día en cuestión había alerta meteorológica, algo que en anteriores ocasiones determinó que no se hiciera control de tarifado y se diera total prioridad a atender las situaciones de emergencia en otras zonas de la ciudad. Esta circunstancia, según el informe de Jurídica, brinda “elementos de convicción suficientes” para sostener que los funcionarios sumariados sabían que no habría control de estacionamiento tarifado y que utilizaron dicho conocimiento “en beneficio propio”. Debido a esto, los inspectores “han comprometido su responsabilidad administrativa” y, por tanto, se recomienda aplicar una sanción de tres meses de suspensión.

La historia tiene más de un año y varias derivaciones. Aquel día de setiembre de 2016, el entonces director de Tránsito de la IM, Pablo Ferrer, constató, tras recibir una denuncia, que en las inmediaciones de la IM había 14 vehículos estacionados en el área tarifada que no estaban pagando el costo correspondiente por ese servicio; cinco de ellos estaban por la calle San José, entre Javier Barrios Amorín y Santiago de Chile, y los otros nueve por Soriano, entre las mismas transversales. Las autoridades de la IM concluyeron en aquella oportunidad que este accionar tenía “cierta apariencia de premeditación”, ya que en varios de los vehículos multados se encontró un patrón común: adhesivos pegados en los parabrisas que tenían logos con la letra “z”. La suspicacia fue inmediata: la “z” servía para identificar cuáles eran los vehículos propiedad de los “zorros”, que de esa forma sorteaban los controles que hacen otros integrantes de la división, que también podrían ser investigados. Esto último fue luego negado por los inspectores sumariados, quienes argumentaron que el logo, en realidad, identificaba a un equipo de fútbol integrado por los funcionarios de Tránsito. Tres meses y medio después de aquel episodio, a finales de diciembre de 2016, la IM dictaminó el inicio de un sumario administrativo, cuyos resultados se conocieron ayer de tarde.