Unidad Popular (UP), el partido político que tiene representación únicamente en la Cámara de Diputados, en la persona del legislador Eduardo Rubio, anunció que apoyará el referéndum contra la Ley de Riego que el 18 de diciembre lanzó la Federación de Funcionarios de OSE.
Mediante un comunicado, este partido político recuerda que fue el único que votó en contra de la ley, “y siendo coherente con esta posición”, declara su “apoyo incondicional a la iniciativa y compromete su esfuerzo desde sus filas y desde los frentes que la integran a incorporarse a la recolección de firmas, en defensa de la producción nacional y en defensa del agua como bien común y derecho humano fundamental”.
El comunicado recuerda que la ley fue votada “siguiendo los lineamientos del Banco Mundial” y “profundiza el modelo productivo agroexportador, basado en el monocultivo forestal y sojero (fundamentalmente de eucaliptus y soja transgénica), que ha impactado negativamente sobre las fuentes de aguas superficiales y subterráneas”, que ha “expulsado a medianos y pequeños productores del campo”, lo que aumentó la concentración y extranjerización de la tierra”.
“La Ley de Riego [...] no sólo contamina, privatiza la gestión y mercantiliza el agua, sino que habilita la generación de energía eléctrica para su comercialización”, sostiene UP, que a la vez denuncia que bajo la Ley de Protección de Inversiones se “exonera de tributos a los inversores (operadores de riego), haciendo de ello un gran negocio, para el gran capital”.
En el Frente Amplio existe un sector político que también está apoyando el referéndum. Se trata del Espacio 567, que el 3 de diciembre argumentó en una declaración que lo hacía porque apoyaba la “participación de la sociedad en las decisiones”, y que el referéndum era “un proceso más democrático de decisión”. El sector, no obstante, admitía en esa oportunidad que seguiría estudiando la norma “para lograr una definición sobre el tema de fondo debidamente fundamentada y acordada colectivamente”.