Actor clave del juicio en Roma dice que Uruguay tardó en trabajar en conjunto con la Fiscalía

–¿Cómo empieza su compromiso con los derechos humanos?

-Soy argentino y llegué a Italia en 1980, durante la dictadura en mi país. Empecé a militar en la Liga Internacional por el Derecho y la Liberación de los Pueblos, organismo fundado por Lelio Basso que tradicionalmente se había ocupado de la solidaridad hacia los latinoamericanos. En 1987 empezamos a tratar el tema de los juicios a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos en casos de desaparecidos italianos durante las dictaduras de los 70 y 80, cuando se aprobó en Argentina la Ley de Obediencia Debida. En ese entonces empezaron a trabajar con nosotros, gratuitamente, los abogados Marcello Gentili [parte civil para la chilena María Paz Venturelli en el juicio por el Plan Cóndor] y Gaetano Pecorella, quien luego fue sustituido por Giancarlo Maniga [que en el juicio representó siempre a Aurora Meloni]. Comenzó un período muy largo en el que intentamos abrir juicios para los desaparecidos de origen italiano; fue muy complicado, hasta que en 1998 asumió el caso un fiscal de Roma, Francesco Caporale, y se empezó a prosperar. En 1998 fue detenido en Londres [Augusto] Pinochet y se instaló un clima favorable de colaboración entre fiscalías de varios países. En ese entonces vivía en Milán y era un empleado municipal, luego me dieron un traslado a Roma para trabajar en la Comisión de Derechos Humanos de la Presidencia. En 1999, junto a Maniga y Gentili, decidimos actuar con dos denuncias: una por la ESMA [Escuela Superior de Mecánica de la Armada de Argentina], por tres italianos, contra cinco militares, y otra, que llevó solo Maniga, por el Plan Cóndor. Ayudé a Maniga a redactar la denuncia, concertamos una audiencia con el fiscal Giancarlo Capaldo para presentarla y logramos que vinieran los familiares. En el 2000 conseguimos las condenas de siete militares argentinos.

–Ese es el inicio del juicio por el Plan Cóndor, cuando presentaron una denuncia seis mujeres: Claudia Allegrini, Luz Ibarburu, María Bellizzi, Cristina Mihura, Aurora Meloni y Martha Gatti.

-Exactamente. Yo en ese momento era el intérprete de los familiares que no hablaban italiano. Ese fue un período muy corto porque Maniga fue sustituido por Paolo Sodani y, dado que yo colaboraba con Maniga, seguí solo el juicio por la ESMA. Mientras tanto, en 1998 también se había abierto en Roma un juicio contra Pinochet por los delitos de víctimas italianas en Chile. Se había presentado un chileno de Bologna, pero el juicio no prosperó porque ese chileno había obtenido la ciudadanía italiana, estaba vivo y denunciaba por delitos de tortura que en Italia no están codificados. Entonces Capaldo se encontraba con un juicio oficialmente abierto, y autorizado por el ministro, pero sin víctimas. Empezó a investigar, viajó a Argentina y logramos concertar un encuentro con familias chilenas en el consulado de Buenos Aires, y así entraron los casos chilenos. A esa altura, el juicio por el Plan Cóndor lo seguía Cristina Mihura, y yo seguía el juicio a Pinochet, que en ese momento eran dos juicios separados. Son unificados por Capaldo en 2007 cuando él pide la orden de custodia cautelar en contra de 140 personas. Yo seguía, como siempre, la parte chilena y la de los argentinos. Entre 2007 y 2013 el trabajo fue sobre todo de comunicaciones judiciales entre los países y se tardó mucho por problemas burocráticos. La investigación estaba cerrada. En cambio, siguió el juicio por la ESMA que terminó en 2009 con la confirmación de las condenas en Casación.

–En 2013 empiezan las audiencias preliminares, y es ahí que se nombran los abogados. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué usted recibió el poder de algunos familiares?

-En primer lugar, era necesario definir las partes y muchos no tenían abogado. Algunos acordaron con Maniga, a quien ya conocían, y otros me dieron el poder a mí porque yo era la garantía de que ellos no tenían contrato con los abogados; yo era la garantía de la relación de patrocinio gratuito entre los abogados y las familias. Los únicos costos que cubrimos para esos abogados fueron los de traslado y hoteles para quienes viajaban de otras partes de Italia. Mientras tanto, en 2009, había nacido la Asociación 24 de Marzo y para cubrir esos gastos presentamos un proyecto a la Iglesia Valdense, que nos otorgó 25.000 euros, que fueron utilizados para gastos de transporte y estadía de 15 abogados. Los pasajes se sacaban en una agencia misionera, BBC Services, y se entregaban a los abogados, a los que vivían fuera de Roma, que son Maniga, Gentili, Nicola Brigida y Andrea Speranzoni. Utilizamos tres hoteles en Roma: la Casa Valdense, el hotel Napoleón y el hotel Lancelot, que además, hospedó gratuitamente a algunos familiares. Yo no toqué dinero: pedí una financiación a la Banca Ética, sobre la base del proyecto Valdense, y trabajé con ese dinero que, al final, fue cubierto con la donación valdense. El otro mecanismo que utilizamos fue el de poner varios abogados para los mismos casos, nombrando abogados romanos que no tenían ningún costo de traslado y estadía, para evitar gastos excesivos. Si un abogado no podía seguir una audiencia debido a problemas de trabajo, siempre había otro que estaba en la sala preguntando a los testigos y siguiendo el desarrollo del caso. Estoy muy satisfecho con la colaboración que nació entre los abogados, también entre abogados de diferentes estudios legales. Traté de involucrar en el juicio no sólo a viejos abogados con los que ya colaboraba desde hace tiempo, sino también abogadas que estaban interesadas en derechos humanos y jóvenes, para que crezca una nueva generación de abogados comprometidos; para Marta Lucisano, Martina Felicori y Andrea Ramadori fue la primera vez en una corte de Asís. Estoy muy orgulloso de esa pluralidad.

–¿Cómo se decidió el listado de los testigos?

-Yo no firmo nada porque no soy abogado. Tengo una licenciatura en Ciencias Políticas y una maestría en Derechos Humanos. Con los familiares había un acuerdo: las familias no iban a pagar abogado, no iban a pagar el viaje a Roma y tampoco lo iban a hacer para sus testigos. Entonces fue un proceso muy complejo, en el que participaron diferentes actores. Las familias y sus asesores fueron en primera instancia los que sugirieron testigos. Así se armó el primer listado para cada caso, que luego los abogados compartieron con la Fiscalía, que a la vez tenía su listado. Se eligió un mecanismo de colaboración y se realizaron, a fines de 2014 y comienzo de 2015, reuniones formales e informales con ese objetivo. La Fiscalía pidió la lista a los abogados querellantes antes del 20 de enero de 2015, para poder tener el tiempo de trabajar y para que todos pudieran presentar su listado antes de la fecha límite, que era el 4 de febrero. El Frente Amplio no compartió su listado con la Fiscalía, y Uruguay lo hizo a último momento, en la mañana del 4 de febrero. La Fiscalía aceptó entre 80% y 90% de los testigos propuestos por los abogados querellantes, pagando de esa manera los pasajes y la estadía de los testigos. Además, la Fiscalía renunció a unos testigos en favor de la Presidencia de Italia, que se hizo cargo de los gastos. Otro tema que se presentó fue lo de la ubicación de algunos testigos, ya que habían transcurrido muchísimos años de los hechos y de las denuncias. Para superar ese problema, la Fiscalía inició relaciones con el Ministerio del Interior de Chile, con la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina y con otras instituciones de derechos humanos, públicas y privadas, de las naciones involucradas, con el objetivo de ubicar testigos, conseguir material, documentos y pruebas. Colaboré en esa tarea por mi conocimiento del idioma. Eso ayudó a establecer relaciones con los gobiernos. Con Uruguay no se logró tener una relación directa entre Fiscalía e instituciones, porque a todos los pedidos se contestaba: “Hablen con el abogado de Uruguay”. Cuando se armó la lista de testigos de Uruguay, Capaldo, por una relación de conocimiento que tenía con Mirtha Guianze, le pidió ayuda a ella para integrar informaciones. En todo caso, los otros países lograron trabajar directamente con la Fiscalía, pero Uruguay, por lo menos hasta octubre de 2016, cuando vino [el secretario de la Presidencia], Miguel Ángel Toma, a reunirse con Capaldo y Tiziana Cugini, no tomó parte de ese trabajo colectivo. De hecho, no sé qué pasó, pero Uruguay quedó aislado y se generó cierto malestar.

–¿Cuál fue su rol en ese juicio?

-Además de todo lo que ya conté, lo que hice fue realizar llamadas para ubicar testigos y mantener vivos los contactos con las familias; también me ocupé de los testigos, de asegurarme de que llegaran, de que se encontraran en el hotel y de que tuvieran una reunión con sus abogados la noche anterior a la declaración. Hice todo esto porque tenía un compromiso moral con esas personas, que habían sido contactadas por mi intermedio. Además, tenía que asegurarme de que el testimonio iba a salir bien. Eso me costó 34 días de vacaciones, y, en cierto punto, cuando terminó la parte del juicio de la que me había ocupado, no fui más al Aula. Mi perspectiva es la de la sociedad civil, mis interlocutores son los familiares de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.