El titular del Ministerio del Interior (MI), Eduardo Bonomi, presentará hoy una denuncia ante la jueza penal de Crimen Organizado de 1 er Turno, Beatriz Larrieux, por las afirmaciones que hizo el diputado del Partido Colorado Germán Cardoso sobre que sabe que el MI “escucha” sus conversaciones telefónicas e “intercepta” su correo electrónico, lo que constituye “un hecho con apariencia delictiva -la intervención ilegal o ilegítima de los canales de comunicación del diputado-”, según establece el escrito. Las afirmaciones de Cardoso fueron realizadas durante la interpelación a Bonomi que comenzó el miércoles 16 y culminó en la madrugada del jueves, en la que el diputado de Vamos Uruguay fue el miembro interpelante. Después de los dichos de Cardoso, en esa misma sesión, por iniciativa del diputado frenteamplista Alejandro Sánchez, la cámara como tal decidió presentar una denuncia penal por esa razón, moción que fue votada casi por unanimidad de los presentes.

Bonomi manifiesta en la denuncia que, “a diferencia de lo ocurrido en otros períodos de gobierno, desde la asunción del compareciente se buscó implementar un sistema de interceptaciones legales que estuvieran bajo el control jurisdiccional, de manera de asegurar el cumplimiento de los derechos individuales que corresponden a un Estado de derecho”. El ministro explica que en ese marco se implementó el programa conocido como El Guardián, que “no sólo requiere orden judicial para dar inicio a cualquier intervención de las líneas telefónicas fijas o celulares, así como correo electrónico, sino que admite la auditoría del sistema”. “Va de suyo, entonces, que no es potestad ni se encuentra al alcance de este ministro disponer la vigilancia de esos canales de comunicación”, aclara Bonomi.

El titular del MI “hace notar” que Cardoso “reiteró estas apreciaciones en programas televisivos, expresando, entre otras cosas, que su mail -cuya dirección de correo pertenece a Gmail- ‘se tranca’ y que en la línea telefónica se sienten ruidos o nota dificultades para comunicarse”. “Estas afirmaciones requieren ser aclaradas de modo de dar tranquilidad a la población”, ya que “el MI está para garantizar el pleno goce de los derechos y no para vulnerarlos, por lo que cualquier situación que se hubiere generado en el sentido expuesto por el diputado, debe ser debidamente investigada y sus resultados dados a conocer”, concluye el escrito.

Por su parte, Cardoso había cursado el viernes dos pedidos de informes, uno dirigido a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y otro al MI. En el primero solicita a la SCJ que informe “sobre el trabajo y las conclusiones emitidas por las auditorías realizadas” por el Poder Judicial a El Guardián, “para descartar que se intercepten comunicaciones” utilizándolo “sin la orden judicial correspondiente”, y si esas auditorías “arrojan como resultado todo el período de tiempo en que se ha estado utilizando” dicho programa por parte del MI “hasta la fecha”. El diputado colorado pregunta también cuáles son el rol y las actividades concretas que realiza el MI “durante todo el proceso de la escucha telefónica”, cuál es “el destino del material producido en las escuchas que no tienen relevancia penal”, y en caso de “destrucción”, cuál es “el procedimiento, a efectos de no vulnerar la intimidad de los ciudadanos”.

Por otra parte, Cardoso le pide al MI que informe sobre cuáles son las actividades concretas que desarrolla la cartera “en el proceso de una escucha telefónica dispuesta por la Justicia”, qué personas de esa cartera “participan en esas tareas”, especificando “nombre completo, grado y tarea que desempeñan”, qué jerarca supervisa y quién es el responsable de las actuaciones de esas personas, y si tienen alguna participación en esas actividades las jefaturas policiales departamentales.

Pregunta además “qué rol cumplen” Bonomi y el director general de Secretaría del MI, Charles Carrera, en cuanto “al criterio para la designación de los funcionarios policiales encargados de participar en las escuchas telefónicas” y en qué momento el ministro “tiene conocimiento del contenido” de las escuchas. Finalmente, reitera algunas preguntas realizadas en el pedido de informes a la SCJ, como cuál es el destino de las grabaciones que carecen de relevancia penal y qué personas tienen acceso a ese material, y en caso de destrucción, cómo se procede y quién la lleva a cabo, si “existe algún protocolo en cuanto al uso de El Guardian, y “qué garantías han tenido durante el año 2016 a la fecha los ciudadanos de que no existan escuchas ilegales”.