La Comisión Especial que actúa en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para dar cumplimiento a la Ley 18.596, de reconocimiento y reparación a las víctimas de la “actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985” resolvió declarar oficialmente el 14 de marzo Día de la ex y del ex Preso Político, según informó a la diaria la organización de ex presos políticos Crysol. La iniciativa provino de este grupo, que presentó una solicitud al MEC en enero. La comisión aprobó el pedido ayer de tarde. La fecha elegida por Crysol no es casual, ya que ese mismo día, pero en 1985, fueron liberados los últimos presos políticos de la dictadura cívico-militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985.

La organización ya realizaba ese día un acto en el Memorial del Detenido Desaparecido, en el Cerro, para reivindicar “la condición de luchadores sociales y políticos, por la libertad, por la democracia”. “Reivindicamos nuestros valores y tratamos los desafíos para seguir avanzando en el proceso de fortalecimiento y consolidación democrática. Obviamente, de ahora en más ese día van a participar autoridades gubernamentales del ministerio. Va a tener un carácter más formal, porque lo que hasta ahora era una conmemoración nuestra, pasará a contar con el reconocimiento del Estado”, explicó Gastón Grisoni, de Crysol.

La declaración del día no requirió un proyecto de ley específico, debido a que “está dentro de las potestades que tiene la comisión especial”. El artículo 7º de la ley establece que “el Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del mismo”. Estas acciones “tenderán a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegítimo del poder del Estado”.

En otro orden, Crysol envió a la Junta Nacional de Salud (Junasa) un misiva en la que objeta el descuento para el Fondo Nacional de Salud a los beneficiarios de la Ley 18.033, de reparación de los derechos jubilatorios y pensionarios a personas que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985. Según Crysol, esta ley, “en su artículo 10º, establece que todos los beneficiarios” tienen derecho a la atención “gratuita y vitalicia” en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.

Sin embargo, se constató que el 1° de julio de 2016 “se comenzó a realizar el descuento correspondiente a Fonasa a los cónyuges de ex presas y de ex presos políticos fallecidos que perciben la Pensión de sobrevivencia que genera la Pensión Especial Reparatoria (PER) del artículo 11” de la ley. “Al indagar acerca de este hecho hemos tomado conocimiento de que desde hace unos años se viene realizando dicho descuento a otros colectivos de víctimas del terrorismo de Estado. Nos referimos básicamente a exiliados, clandestinos, despedidos en la huelga general de 1973, entre otros”, sigue la carta. Para Crysol “los beneficiarios tienen asegurada la gratuidad de la atención en forma vitalicia. Por lo mismo, entendemos que no corresponde que se les haga ningún descuento con ese fin, ya sean ex presos políticos, exiliados, clandestinos, despedidos en la huelga general de 1973 o pensiones de PER. Esa fue precisamente la voluntad del legislador en el momento de aprobar dicha ley”, agrega la carta. “Todavía no hemos tenido una respuesta formal por parte de la Junasa”, informó Grisoni.