El Partido Comunista del Uruguay (PCU) redactó un documento de debate ideológico y programático de cara a su XXXI Congreso, denominado “100 años de la Revolución de Octubre”, que se realizará en mayo. Allí sostiene que la principal contradicción actualmente en Uruguay es entre un “país productivo con justicia social y avance de derechos” y la “restauración conservadora neoliberal”. Esta contradicción, para el PCU, se expresa en dos bloques políticos y sociales. Uno de ellos, el bloque “de poder”, está integrado por “los representantes directos del imperialismo, los capitalistas de bandera nacional cuyas ganancias se asocian al capital transnacional, las cámaras empresariales, los sectores reaccionarios y fascistas de las Fuerzas Armadas [FFAA], los dueños y operadores privilegiados de los grandes medios masivos de comunicación, la cúpula de los partidos tradicionales”. El otro bloque, denominado “contrahegemónico”, incluye a la clase obrera, al Frente Amplio (FA) y al conjunto de las organizaciones populares, entre ellas las estudiantiles, de jubilados y el movimiento cooperativo, “las distintas capas medias”, intelectuales, “parte de pequeños y medianos productores, comerciantes, industriales, e incluso sectores de la burguesía vinculados al mercado interno”. Para el PCU, es necesario dar la lucha “por la hegemonía” en las ideas.

También considera necesario un “creciente control del excedente o plusvalor de la economía nacional por parte de la sociedad, particularmente del Estado”, como forma de impulsar cambios en la matriz productiva. Como ejemplo, menciona la necesidad de generar entes testigos en la industria cárnica y pesquera. Entiende que “un proyecto alternativo” no puede “prescindir de las actividades de origen primario” y de un proceso “con rasgos de extractivismo”, pero acota que se debe “neutralizar sus impactos mediante un fuerte control y fiscalización” y “una adecuada política tributaria”.

El PCU no ve inconveniente en que las inversiones extranjeras sirvan para “proyectos de desarrollo nacional”, siempre que no se excedan “ límites cuantitativos y cualitativos en la propiedad de los recursos naturales estratégicos (tierra, agua, minerales, etc.)”.

Respecto de las FFAA, el partido entiende que es necesario “erradicar cualquier vestigio fascista de su seno, y en ese sentido la impunidad es un obstáculo en ese proceso de democratización de las FFAA”. Advierte que la constatación de espionaje militar en democracia “muestra la persistencia, bajo el amparo de la impunidad, de las espinas del fascismo”.

El documento concluye que lo logrado por los gobiernos del FA “es superior a lo obtenido bajo todos los gobiernos anteriores”, y que “asumirlo y defenderlo es una condición para poder, desde allí, luchar por mayores avances”. Esta posibilidad está en riesgo, para el PCU, debido al insuficiente desarrollo del bloque contrahegemónico y la “insuficiente elaboración y concreción de una perspectiva revolucionaria, superadora del actual estado de cosas”. El retraso se refleja, para el PCU, en la “falta de disposición del gobierno para salir de los esquemas del gran capital”. “La economía uruguaya, cada vez más primarizada, concentrada y extranjerizada, es una pluma en el viento de la crisis general del sistema del capital monopólico transnacional. Sólo modificaciones de nuestra política económica, con sentido nacional antiimperialista, pueden afirmar una tendencia favorable para los intereses populares”, se señala en el documento. “En el plano económico, la centralidad en la búsqueda de inversiones extranjeras no garantiza nada para los uruguayos”, se añade.

A la defensiva

En el texto se hace un balance del accionar del gobierno y su vínculo con el FA. Entre las dificultades percibidas enumera “la toma de decisiones vertiginosa, el número exiguo de comunistas y compañeros [de la] 1001 que participan en el gobierno, las contradicciones en el seno del propio gobierno, las presiones propias de dichos ámbitos, las luchas que se establecen en torno a ciertos cargos y por último la indefinición del rol de una agrupación de gobierno que más allá de nuclear a los compañeros, permita articular y avanzar en ciertas definiciones”.

Tambien considera que la discusión en el FA “se ha reducido a los temas del gobierno” y que “la vida política del FA se ha subordinado a lo electoral” lo que llevó a desnaturalizar su carácter de movimiento y coalición, a que se debilitaran los comités de base y se afectara el vínculo con organizaciones sociales.