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Nacional | Viernes 17 • Febrero • 2017

Gonzalo Mujica durante la interpelación a Eduardo Bonomi, el miércoles, en la Cámara de Diputados. Foto: Federico Gutiérrez
Gonzalo Mujica durante la interpelación a Eduardo Bonomi, el miércoles, en la Cámara de Diputados. Foto: Federico Gutiérrez

FA interpreta resultado de la interpelación como un respaldo a la gestión de Bonomi

“La realidad hoy le ganó al relato virtual que nos vino a hacer Bonomi. El ministro se retira sin respaldo de los diputados”, celebró el legislador interpelante Germán Cardoso (Partido Colorado) en la madrugada del jueves. “Por primera vez en 12 años un ministro del FA [Frente Amplio] no obtiene el apoyo”, destacó, en la misma línea, el diputado nacionalista Gustavo Penadés. Esta fue la interpretación que primó en la oposición sobre el resultado de más de 16 horas de interpelación. El diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular (UP), dijo a la diaria que lo central de la jornada fue que “perdió la moción que presentó el FA de respaldo al ministro Bonomi”. La moción que consideraba “satisfactorias” las explicaciones del ministro fue rechazada; en cambio, la Cámara de Diputados aprobó una moción presentada por el diputado autodeclarado independiente Gonzalo Mujica, electo por el FA pero que abandonó la bancada de su partido el año pasado.

La moción contenía seis puntos, de los cuales se aprobaron cinco. El primero, votado por todos los partidos, establecía que “el Ministerio del Interior [MI] ha realizado en los últimos años un esfuerzo de gran magnitud a efectos de mejorar las condiciones de trabajo del personal policial”. El segundo, que sólo fue rechazado por UP, afirmaba que “se han implantado metodologías en los ámbitos ministerial y policial, con el propósito de lograr avances en la lucha contra el delito”.

El tercer y cuarto punto fueron votados por la oposición y por Gonzalo Mujica, y rechazados por el FA. Uno de ellos sentenciaba que “los resultados obtenidos en la mejora de las condiciones de seguridad del ciudadano no guardan relación con el conjunto de los recursos económicos y humanos disponibles”, el otro señalaba que “la percepción ciudadana acerca de su seguridad personal, familiar y la de su propiedad, es de desprotección ante el delito y la delincuencia”.

En el quinto punto se instaba al MI “a desarrollar una política de seguridad ciudadana y lucha contra el delito acorde a los recursos disponibles y que satisfaga las necesidades expresadas por la población”; este punto fue rechazado porque no obtuvo los votos de UP. Rubio explicó que no lo votó porque su partido entiende que el modelo del MI consiste en “utilizar el aparato represivo al servicio de un modelo de sociedad que genera la violencia social”.

Sí fue aprobado, con votos de toda la oposición y de Mujica, el sexto punto, que establecía que la política pública en materia de seguridad debe contar “con un amplio respaldo político”.

El FA interpretó como una victoria el hecho de que la oposición no hubiera presentado una moción de censura. “La oposición, por primera vez en 13 años, no se animó a presentar una moción de censura. Entre otras cosas, porque sabían que esa moción no tendría votos suficientes, porque, entre otros, [Gonzalo] Mujica había dicho que no iba a respaldar la censura al ministro”, dijo a la diaria el diputado frenteamplista Jorge Pozzi, quien a partir del 1º de marzo será el coordinador de bancada del oficialismo. Destacó que la moción que resultó aprobada contiene algunos puntos “claramente favorables a la actuación del ministerio”.

Cardoso explicó a la diaria que no presentó una moción de censura porque, si bien podía ser aprobada en la Cámara de Diputados -aunque Mujica aclaró que no era su intención censurar al ministro-, luego habría precisado mayoría especial en la Asamblea General. “De los 12 años de gobierno del FA, es la interpelación número 58 y es la primera vez que el plenario de la cámara no declara satisfactorias las explicaciones del ministro en sala; hay un antes y un después”, destacó el diputado colorado. Contó que colorados y blancos conversaron con Mujica y que fueron ajustando el texto de la moción para que pudiera votarse.

Pozzi dijo que el FA también tuvo una instancia de conversación con Mujica, pero que ya “no era posible solucionar nada, porque [Mujica] no estaba en condiciones de negociar nada porque ya había arreglado por otro lado”.

Otras respuestas

Más allá de las valoraciones generales sobre la gestión en materia de seguridad pública que hizo cada legislador, Bonomi respondió las preguntas formuladas por el diputado interpelante en materia de armamento, muertes en las cárceles y violencia de género.

Informó que durante el actual período de gobierno se adquirieron 16.000 pistolas Glock 9mm para funcionarios policiales, y ametralladoras y fusiles de procedencia rusa para la Guardia Republicana. Afirmó que este último cuerpo cuenta con 267 vehículos y seis equipos blindados denominados “tigres”, que costaron casi dos millones de dólares.

Cardoso le preguntó al ministro por la circular de la Jefatura de Policía, emitida el 10 de febrero, que instaba a las unidades policiales con armamento a extremar los cuidados ante posibles robos. Bonomi explicó que la medida se tomó a raíz de una información que recibió el coordinador de Inteligencia del Estado, Washington Martínez. Al mismo tiempo, se dispuso una investigación y se puso a la Justicia en conocimiento de la información. “Hasta el momento no se ha logrado verificar los detalles de la información; no obstante, la investigación continúa”, señaló el ministro.

Informó que desde 2010 hasta ahora hubo 109 homicidios y 69 suicidios en cárceles. Respecto del asesinato de una mujer embarazada en el baño de la Unidad Nº 3 por parte de un recluso, durante el horario de visita, Bonomi respondió que el autor del delito está identificado y que se está llevando a cabo una investigación administrativa “para determinar las responsabilidades de los funcionarios que controlaban la visita, ya que el homicidio se concretó en el patio de visitas”.

Sobre el policía que asesinó a su ex pareja con un arma de reglamento a fines de enero, Bonomi admitió que en ese caso no se había cumplido con el protocolo que dispone que se les debe quitar el arma a los policías que tienen denuncias por violencia doméstica. En consecuencia, el MI dispuso una investigación administrativa para determinar responsabilidades. Bonomi indicó que actualmente hay 489 policías desarmados a raíz de denuncias por violencia doméstica.


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