Ocho (o siete) mujeres muertas por violencia de género (el número varía según quién saque la cuenta, si las agrupaciones feministas o el Ministerio del Interior); dos casos de asesinatos aún sin resolver que podrían ser femicidios; un fallo judicial que va en detrimento de los derechos en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres; un Paro Internacional de Mujeres sin precedentes, previsto para el 8 de marzo. En este marco fue que el viernes se reunió el Consejo Nacional de Género (CNG), y se anunció que el 6 de marzo se llevará a cabo el acto oficial “Más igualdad, compromiso de Estado”.

Mariella Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), abrió el encuentro señalando los “datos preocupantes del contexto actual”, que indican la necesidad de que el Estado se “comprometa” con “acciones contundentes” para generar una “mayor igualdad”. En ese sentido, agregó que “esta primera reunión resulta muy movilizante por los desafíos que siguen estando presentes en la sociedad, a pesar de los distintos esfuerzos del Estado y la sociedad civil”. A su vez, aseguró que la prioridad es luchar contra la violencia de género en el marco del derecho a vivir una vida libre de violencia, y luchar por el derecho de las mujeres a acceder a la educación, cultura y salud “sin estereotipos”, y para “eliminar las brechas vinculadas al mundo del trabajo y al acceso de la mujer al mundo productivo y económico”. Respecto de este último punto, el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Guillermo Moncecchi, señaló que justamente por la importancia de “seguir incorporando a las mujeres a las actividades productivas” es que esta primera reunión del año del CNG se llevó a cabo en la sede de esa cartera. “No podemos concebir un nuevo estado de desarrollo sin la participación de todos. Hay que seguir avanzando en la autonomía económica de las mujeres”, aseguró.

Acto oficial

“La igualdad se construye, y en el camino hacia ese logro está la superación de la violencia de género. Las diversas acciones que emprendemos desde los diferentes organismos [estatales] de alguna manera aportan a esta lucha”, dijo Mazzotti en referencia al acto oficial que se llevará a cabo dos días antes al 8 de marzo, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Explicó que eligieron otro día para no entorpecer y poder acompañar las acciones de lucha previstas por la sociedad civil. El 6 de marzo a las 11.00, en la Torre Ejecutiva, Inmujeres presentará los “avances concretos” y las “medidas específicas” que el gobierno tomará para luchar contra la violencia de género y que estarán incluidas en la Estrategia Nacional para el Desarrollo Uruguay 2050 de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). En ese sentido, el director de la OPP, Álvaro García, contó “a modo anecdótico y coyuntural”, y con el objetivo de “eliminar el pensamiento equivocado que es decir que mirar a largo plazo no tiene repercusiones hoy”, que el diputado nacionalista Gerardo Amarilla, integrante de una iglesia evangélica, envió una carta dirigida al presidente Tabaré Vázquez en la que le exige explicaciones sobre un informe de la OPP, que fue elaborado con apoyo académico de la Universidad de la República, en el que se sostiene que los legisladores y medios evangélicos son obstáculos en el avance de las políticas y acciones contra la violencia de género. A su vez, dijo que la meta para 2017 es continuar con el “apoyo” a todos los ministerios sobre la violencia basada en género, para poder “visibilizar” las acciones emprendidas. En palabras de García: “Además de apoyar la Rendición de Cuentas y de tratar de incorporar más proyectos que midan las políticas de género a lo largo del Estado, también se buscará visibilizar los recursos existentes y comprometidos para la Estrategia Nacional para la Igualdad”, explicó.

El género en el MIEM

La sobrerrepresentación de las mujeres entre las personas en situación de pobreza, la falta de ingresos propios y suficientes, así como las brechas de participación económica y productiva, “evidencian que aún quedan por enfrentar importantes desafíos para que hombres y mujeres vivan en condiciones de igualdad”, explicó Moncecchi. “La autonomía económica es un pilar fundamental de la autonomía de las mujeres y, por definición, requiere que estas perciban ingresos que les permitan superar la pobreza, disponer de su tiempo para capacitarse, acceder al mercado laboral y desarrollarse profesional y personalmente”, agregó.

Tras la reunión, el MIEM difundió un comunicado en el que señala que cuando se analiza el problema de la exclusión social en los modelos de desarrollo, “se hace ineludible incorporar la dimensión tecnológica”. El ministerio considera fundamental incluir en el diseño de políticas de la cartera las dimensiones de género y generaciones que “fomenten la equidad social”. Se explica que sería, por ejemplo, “promover una mayor participación de mujeres en sectores intensivos de conocimiento, generación de capacidades, ampliar el acceso a mejores empleos, mediante una estructura de oportunidades basada en un nuevo proceso de desarrollo, que tenga el objetivo de superar la tradicional división sexual del trabajo y que suscite una distribución más justa”.